MCCI documentó que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas dejó pendientes por aclarar más de 14 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior al concluir su administración. A pesar de que la Contraloría del panista compartió documentos y evidencias, y pidió audiencia con funcionarios del órgano fiscalizador, fue hasta que se instaló la gestión del morenista Américo Villarreal cuando se agilizó el proceso de solventación de más del 60% del dinero que estaba sin comprobar
Mediante cinco oficios, la Contraloría del gobierno del morenista Américo Villarreal en Tamaulipas comprobó más de 8 mil 700 millones de pesos que no habían sido justificados por la administración de su antecesor Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En febrero pasado, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que la gestión de García Cabeza de Vaca dejó pendientes por aclarar más de 14 mil millones de pesos de dinero federal observados por la ASF.
En ese universo de recursos, se encuentra una solicitud de aclaración por casi 8 mil 777 millones de pesos del ejercicio de 2018, que representa el 62% de todo el dinero que estaba sin comprobar en el gobierno de Cabeza de Vaca. La observación representó un récord, ya que fue uno de los montos más altos que ha promovido la Auditoría. Dicha acción formó parte de la tercera entrega de informes de auditorías de la Cuenta Pública 2018, presentada el 20 de febrero de 2020.
La ASF estableció que el Gobierno de Tamaulipas que encabezaba en ese momento el panista no presentó información contractual de proveedores y contratistas correspondientes al uso del dinero sin evidencia.
MCCI accedió vía transparencia a 11 oficios que la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas presentó al órgano fiscalizador desde el 24 de julio de 2020. Los documentos tenían la intención de aclarar los 8 mil 777 millones de pesos que la Auditoría Superior mantenía pendientes de justificación del ejercicio 2018, entre otras observaciones.
En todos los escritos, Elda Aurora Viñas Herrera, quien se desempeñaba como subcontralora de control y auditoría de la Contraloría Gubernamental, indicó que adjuntó documentación en la cual se demostraba la utilización de 3 mil 600 millones de pesos por parte de 21 entidades públicas.
Agregó que otros 5 mil millones fueron ejercidos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por otras 54 entidades. Con esa demostración, la subcontralora consideró que podía demostrarse el uso del dinero “extraviado”.
Viñas Herrera dirigió los oficios al titular de la ASF, David Colmenares, así como a tres directores y a un auditor especial.
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