* De manera ilegal distribuyen panfletos entre beneficiarios de 65 y más con la figura de ex presidentes tratando de manipular su opinión: Héctor Yunes
* La consulta permitirá investigar a muchos morenistas, entre ellos, a quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro
El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, distribuye de manera ilegal panfletos entre los beneficiarios de programas sociales para promover la consulta pública que permitirá el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas por funcionarios del pasado, acusó el diputado federal Héctor Yunes Landa, vocero del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
A nombre de la bancada priista en la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno pretende manipular la opinión de los ciudadanos al incluir en estos panfletos la figura de ex presidentes de México, cuando en realidad la consulta abre la posibilidad de investigar también a muchos funcionarios morenistas, entre ellos, quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro. “Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas”, explicó.
En consecuencia, agregó, las referencias y las afirmaciones sobre el enjuiciamiento de los expresidentes son declaraciones tergiversadas que buscan manipular a la ciudadanía.
“La promoción que hace el gobierno de la consulta es ilegal. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución, el INE tendrá a su cargo, exclusivamente, la difusión de la Consulta popular”. En otras palabras, señaló, ninguna autoridad federal, local y municipal podrá promocionar el mecanismo de democracia directa, por lo que el INE debe sancionar a quienes infrinjan este principio y garantizar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental.
Recordó que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por tanto, el gobierno gastará cientos de millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna, insistió.
Los legisladores priistas coincidieron en que que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y que se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.
La pregunta que será materia de la consulta popular del próximo 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por lo anterior, debido a que se trata de una campaña de propaganda política, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hizo un llamado al gobierno federal para que suspenda la difusión y distribución de estos panfletos entre los beneficiarios de los programas sociales, y que sea el INE quien organice, difunda y sancione este ejercicio de democracia participativa.
