CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.
La firma del convenio coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro sobre la ampliación parcial de la licencia de operación para Chevron, la mayor petrolera estadounidense, en Venezuela, lo que le permitirá durante seis meses vender y exportar sus productos únicamente hacia Estados Unidos, pero no podrá realizar pagos de impuestos a las autoridades venezolanas ni entregar dividendos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.
Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el fondo social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se liberarán de manera progresiva para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público, y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
El facilitador precisó que Naciones Unidas apoyará la implementación del fondo y que se creará un grupo de veedores, con representantes de ambas partes, que le dará seguimiento a los proyectos.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno, informó en conferencia de prensa que el fondo recibirá “más de 3.000 millones de dólares” de recursos congelados en exterior, de los cuales 1.000 millones de dólares se utilizarán en la compra de vacunas, el pago de la deuda pendiente con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, medicamentos para 60.000 pacientes oncológicos, la recuperación de seis bancos de sangre y la rehabilitación de 31 centros de salud públicos y hospitales maternos.
Otros 1.000 millones de dólares irán para el reforzamiento del sistema eléctrico público para aumentar la generación y fortalecer el sistema de transmisión, precisó Rodríguez.
Al ser preguntado sobre los puntos que se esperan discutir en los próximos meses, el delegado del gobierno dijo que temas como las elecciones libres y democráticas que exige la oposición no se pueden “negociar con un revolver en la cabeza”, y reiteró la exhortación a que se levanten las sanciones impuestas al gobierno y decenas de funcionarios venezolanos incluido Maduro.
Por su parte, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, dijo en conferencia de prensa que tras el acuerdo social, los sectores adversos a Maduro centrarán sus esfuerzos en “conseguir las condiciones políticas” para que se logre “el cambio de modelo político” en Venezuela. Sobre el fondo social, Blyde afirmó que todavía no ha estimado el monto que manejará y sólo precisó que se ejecutará en tres años.
La conformación del fondo social forma parte de una amplia agenda de discusiones que se espera avanzar en diciembre, que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
Aunque entre los venezolanos y analistas hay muchas dudas de que estas negociaciones puedan generar beneficios tangibles para la población y llegar a buen término debido al fracaso de anteriores procesos, la comunidad internacional sigue apostando al diálogo para lograr una salida a la crisis política, social y económica que ha generado la migración de más de siete millones de personas en los últimos años, problemática que ha comenzado a golpear a Estados Unidos.
Al respecto, Mariano de Alba, asesor senior de la ONG International Crisis Group, dijo a The Associated Press que aunque el escepticismo es justificable, si se quiere avanzar en la resolución del conflicto venezolano, “la alternativa realista es tratar de que esta negociación progrese y dé resultados”.
En esta nueva fase del proceso, el gobierno de Maduro se sienta a dialogar mucho más fortalecido política y económicamente, mientras que la oposición, aglutinada en la llamada “Plataforma Unitaria”, luce muy debilitada por las fracturas internas, la pérdida de espacios políticos y de respaldo popular, lo que limita de manera considerable su poder de negociación.
Ante este contexto, Estados Unidos jugará un papel clave debido a que tiene en sus manos lo único que según los analistas llevó a Maduro a retornar a la mesa de diálogos: las sanciones económicas que enfrenta su gobierno desde hace más de tres años.
No es casualidad que la reactivación de las conversaciones coincidió con la decisión del gobierno de Joe Biden de ampliar de la licencia de operaciones en Venezuela de Chevron, lo que ayudará a recuperar la mermada producción de crudos de la nación suramericana que se vio golpeada por las sanciones que impuso Washington tras cuestionar las elecciones del 2018 en las que Maduro logró la reelección por seis años.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que la reanudación de las operaciones de extracción limitadas de Chevron refleja la política de Estados Unidos “de proporcionar un alivio de sanciones específicas basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia”.
Washington indicó que la reanudación de los diálogos entre la oposición y el gobierno de Maduro representan “pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia” en Venezuela.
De Alba afirmó que aunque para Washington la situación de Venezuela ya no es un tema prioritario, el gobierno de Biden y el resto de la comunidad internacional están preocupados por las consecuencias que está generando la prolongada crisis venezolana, que ha generado una migración masiva en la región.
Entre agosto y octubre del año pasado, los delegados del gobierno y la oposición participaron en un proceso de negociaciones que no llegó a nada. En esa oportunidad, el equipo de Maduro suspendió los diálogos en protesta por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta cargos por lavado cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de negocios corruptos con el gobierno venezolano.
