BARCELONA (AP) — Óscar Baños y miles de camioneros como él celebraron el sábado luego de que su amenaza colectiva de apagar sus motores —dejando de transportar carga justo antes de Navidad— forzó al gobierno español a adoptar medidas para mejorar sus condiciones de trabajo y controlar los precios de los combustibles, muy elevados por la inflación.
Fue uno de varios esfuerzos recientes de parte de los trabajadores, líderes opositores y ciudadanos para presionar a gobiernos en Europa y América para que intervengan en momentos en que el alza de los precios al consumidor vapulea los presupuestos de hogares y negocios.
A Baños le encanta trasportar carga por toda España, como lo hizo su padre antes que él, pero estaba listo para dejar de recibir una muy necesaria paga durante una huelga de tres días de cara a la Navidad. Luego de días de negociaciones, las compañías de camiones suspendieron su paro de lunes a miércoles, después de que el ministerio de Transporte de España aceptó sus demandas, que incluían controles para ayudar a suavizar el impacto del aumento del costo del diésel.
“El mes de octubre yo gasté 1.500 euros por los mismos litros de combustible que el año anterior”, dijo el camionero de 48 años. “evidentemente yo con estos montantes no hay manera”.
Luego del acuerdo clave, Baños se siete cautelosamente optimista: “Pues sí tiene cosas que, si se llevan bien a la práctica, sí. Ahora veremos”.
La presión política ha llevado a países como Polonia, Hungría y Estados Unidos a dar pasos que incluyen instituir límites a los precios de la gasolina, prometer más ayuda financiera para hogares pobres y liberar crudo de las reservas estratégicas. España estuvo entre países como Turquía que vieron esfuerzos más intensos vinculados con quejas sobre la inflación, como protestas y huelgas. Los precios se han disparado a medida en que la economía mundial se recupera de la pandemia, aumentando la demanda de combustible y causando trabazones en la cadena de suministros.
Aunque los gobiernos han dado pasos para aliviar el peso sobre la población, tienen pocos recursos eficaces para ayudar de forma significativa y duradera, advierten los economistas. Dicen que los gobernantes sólo están ofreciendo ayuda de corto plazo que muy probablemente hará poco para combatir el aumento de los precios. Eso les corresponde a los bancos centrales, algunos de los cuales comenzaron a elevar las tasas de interés para aliviar la inflación.
La inflación en España está en su nivel más alto en 29 años —5,5%— y como en todo el mundo, uno de los mayores impulsores es el costo de los combustibles: la gasolina ha subido 63%, mientras que la electricidad para hogares y negocios ha subido 47% en comparación con hace un año.
sta semana, decenas de camiones remolque rodaron lentamente por Madrid en una marcha de protesta. Muchos camioneros sienten que mientras que ellos ayudaron al país cuando España entró en confinamiento durante la pandemia, están siendo abandonados por el foco europeo en una economía más verde, que está pasando de vehículos de diésel a vehículos eléctricos.
Las concesiones del gobierno español el viernes por la noche incluyen regulaciones para hacer más fácil un trabajo duro y para atraer a los jóvenes: una prohibición de que los choferes carguen y descarguen los camiones y el fin de las esperas largas en sus destinos. España garantizó además un mandato de que todas las compañías de carga por camiones aumenten sus fletes junto con los costos del diésel, para que los competidores no se socaven entre sí, dañando ganancias y llevando a algunos al borde de la extinción.
“Es un tema no en sí del combustible, pero nos afecta evidentemente a la tesorería y a la sostenibilidad económica de las empresas”, dijo Carmelo González, vicepresidente de la Federación Española de Transporte de Carga, que encabeza las conversaciones con el gobierno. “Esta subida de alrededor de 35% del precio de combustible nos está matando económicamente, por eso viene la reclamación que la fórmula del reajuste de tarifas”.
Jaume Hugas, profesor de logística, innovación y ciencia de datos en la escuela de negocios ESADE en Barcelona, dijo que la inflación es el asunto común en las protestas por parte de diferentes sectores de la economía de España. Las huelgas de los trabajadores metalúrgicos el mes pasado se volvieron violentas y los granjeros han protestado por el alza de los precios.
Hugas ve el problema de los camioneros españoles reflejado en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, donde una escasez de camioneros significó que el ejército tuvo que garantizar los suministros de gasolina. “Y claro, se han ido acumulando todos los factores… es que este sector ha perdido muchas cosas desde hace mucho tiempo y no se han conseguido prácticamente nada”, dice. “Pienso yo ahora que el colapso mundial, un colapso que ha habido por los puertos en China, además de Estados Unidos, más la subida del combustible, ha acabado de llenar el vaso… pero es un vaso que ya estaba prácticamente lleno”.
Otros gobiernos también están enfrentando presiones para intervenir.
Con la inflación en su nivel más alto en 39 años, el presidente estadounidense Joe Biden liberó al mercado 50 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas del país, en un intento por aliviar los costos de la energía. También anunció un acuerdo para que el Puerto de Los Ángeles trabaje 24 horas al día para aminorar los retrasos de los suministros.
Sin embargo, los economistas dicen que esas acciones no van a marcar una diferencia grande en los precios en el futuro inmediato.
Hugas dijo que la única medida a corto plazo que produce resultados, aunque limitados, “es quitar impuestos de los combustibles a medida que suben los precios para estabilizarlos un poco”.
Hungría instituyó un límite a los precios de la gasolina y el diésel en las gasolineras para combatir los altos precios récord. El paso llega cuando el partido derechista de gobierno enfrenta elecciones en los meses próximos que representan el mayor reto a su permanencia en el poder desde que fue elegido en 2010. Algunos economistas han dicho que es una decisión política que proveerá cierto alivio para los hogares, pero pudiera llevar a la quiebra a las gasolineras pequeñas.
En Polonia, el gobierno ha culpado a la política climática contra el carbón de la Unión Europea por los altos precios de la energía, pero el jefe de la Agencia Internacional de Energía dice que un aumento de la demanda de combustible fósil es un factor de más peso. El legislador opositor Michal Krawczyk dijo recientemente que el gobernante Partido de Ley y Justicia se ha aferrado demasiado al carbón y que “su política, no la de la UE, nos ha llevado a esto”.
“Esta Navidad será la más costosa del siglo”, dijo. Los líderes opositores están presionando al gobierno para que ayude a la gente en el país, donde los precios al consumidor han subido 7,8% en el último año.
La semana pasada, la cámara baja del parlamento polaco aprobó una iniciativa que promete efectivo para las familias más pobres para ayudarlas con sus cuentas de electricidad. La ayuda irá desde 500 hasta 1.250 zlotys (122 a 305 dólares) por hogar, dijo el primer ministro Mateusz Morawiecki.
Es parte de un paquete de alivio ante la inflación que incluye además recortes de impuestos a la electricidad, calefacción y la gasolina para vehículos, dijeron funcionarios.
“El escudo antiinflación no resolverá todos los problemas —eso no es posible—, pero muestra que estamos haciendo todo lo posible para aliviar los efectos de la inflación, para reducir los costos para las familias polacas”, dijo Morawiecki.
En Brasil, donde la inflación se ha acelerado a 10,74% —su mayor ritmo en 18 años— y algunos pobres buscan alimentos entre la basura que los provean de proteína, el alza de precios es una de las quejas en las protestas contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro en meses recientes.
En respuesta a los altos precios, el banco central ha elevado las tasas de interés, como lo hicieron esta semana el Banco de Inglaterra y el banco central de Noruega.
Turquía, mientras tanto, está reduciendo las tasas. El presidente Recep Tayyip Erdogan insiste en que tasas de interés elevadas pueden hacer que suban los precios al consumidor, al contrario de lo que indican las teorías económicas convencionales. La inflación es de 21%, lo que ha dejado a muchos pasando trabajos para comprar productos básicos, como alimentos.
Miles de personas protestaron el domingo en Estambul contra el alto costo de la vida y demandaron un aumento del salario mínimo. Para el jueves, el gobierno anunció que iba a elevar el ingreso mínimo mensual en un 50%, de 2.825 liras (171 dólares) a 4.250 liras (258 dólares).
“Cuando vamos al mercado, tenemos que ser selectivos. Compramos una cuarta parte de lo que solíamos comprar”, dijo el representante sindical Ahmet Goktas, de 61 años.
Hatice Sahin, una empleada municipal de 50 años y madre soltera con res hijos, dijo que la gente no puede pagar por su sustento. “Los precios de la comida son exorbitantes. Simplemente no se puede vivir”, lamentó.
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Los periodistas de The Associated Press Monika Scislowska y Vanessa Gera en Varsovia, Emrah Gurel en Estambul; Suzan Fraser en Ankara, David Biller en Rio de Janeiro y Frank Jordans en Berlín contribuyeron a este reportaje.
