Toluca, Estado de México. – La propuesta del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes indocumentados desde Estados Unidos ha encendido alarmas en México, especialmente en entidades altamente dependientes de estos recursos como el Estado de México, que se ubica entre las cinco con mayores ingresos por remesas a nivel nacional.
Según datos del Banco de México, en 2024 el Estado de México recibió más de 4,601 millones de dólares en remesas, representando el 7.1% del total nacional. Tan solo en el primer trimestre de 2025, los hogares mexiquenses captaron 891.6 millones de dólares, una cifra que podría verse significativamente afectada si se aprueba el gravamen promovido por el Partido Republicano.
¿En qué consiste el impuesto?
La propuesta, contenida en el paquete fiscal conocido como “One Big Beautiful Bill”, establece un impuesto del 5% para las remesas enviadas por migrantes sin documentos legales. Aunque excluye a residentes legales y ciudadanos, afectaría directamente a alrededor de 4 millones de mexicanos indocumentados en EE. UU.
El argumento principal de la iniciativa es generar ingresos para reducir el déficit fiscal estadounidense, pero también busca restringir la migración ilegal, financiando deportaciones y el refuerzo fronterizo.
Impacto directo en el Estado de México
El Estado de México, que en 2024 registró más de mil millones de dólares por trimestre en remesas, podría sufrir un impacto importante no solo en el volumen recibido, sino también en el bienestar de millones de familias que dependen de estos envíos para su subsistencia.
Enviar 350 dólares desde EE. UU., que actualmente cuesta unos 6 dólares en promedio, podría costar hasta 23.50 dólares con el nuevo impuesto, lo que reduciría el dinero disponible para las familias receptoras y afectaría el consumo local.
Efectos sociales y económicos
Banamex estima que, aunque el impacto macroeconómico del impuesto podría parecer limitado —una reducción del 0.07% del PIB nacional—, el golpe sería devastador para hogares con alta dependencia de remesas. En el Estado de México, donde más de 6 millones de personas viven en situación de pobreza, según datos del CONEVAL, esta medida podría agravar aún más la vulnerabilidad social.
Además, se teme que la medida incentive el uso de canales informales para el envío de dinero, aumentando el riesgo de lavado de dinero y fortalecimiento de redes criminales.
Rechazo político y social
Diversos actores políticos y sociales en México, incluidos la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y el excanciller Marcelo Ebrard, han expresado su rechazo frontal a esta iniciativa, señalándola como injusta, discriminatoria y regresiva. La propuesta también ha sido criticada por carecer de equidad fiscal en Estados Unidos, ya que el 50% de sus beneficios fiscales favorecerían a quienes ganan más de 450 mil dólares anuales.
Perspectiva a futuro
El impuesto podría ser aprobado este verano por ambas cámaras del Congreso estadounidense, según declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Mientras tanto, el deterioro de las finanzas públicas en EE. UU. ya ha provocado una rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody’s, y una depreciación del dólar.
En este contexto, la población del Estado de México enfrenta un escenario de incertidumbre y preocupación. Las remesas, equivalentes a casi el 3.6% del PIB nacional, no son solo una fuente de ingreso, sino un pilar de estabilidad económica y social para millones de familias. Si la medida se concreta, el impacto será profundo, desigual y difícil de revertir.
