La maternidad subrogada con fines comerciales es considerada una forma de explotación y trata de mujeres
Se contemplan sanciones penales de hasta seis años para quienes inciten o promuevan este tipo de prácticas en la entidad
“La presente iniciativa busca diseñar un marco local que proteja a las mujeres mexiquenses, que prevenga la explotación y armonice nuestros ordenamientos con los principios internacionales de derechos humanos. Dejando claro que no se pretende obstaculizar el deseo legítimo de formar una familia sino evitar que esa aspiración se concrete bajo un esquema de mercado o de contrato que perjudique los derechos y la dignidad de las mujeres gestantes o del niño o niña nacida”, apuntó la diputada del Partido Acción Nacional, Joanna Felipe Torres.
Al presentar la propuesta de adicionar diversas disposiciones al Código Civil del Estado de México, al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en materia de maternidad subrogada con fines comerciales, la congresista explicó que en el país no existe ley federal sobre maternidad subrogada, dejando a cada entidad federativa decidir lo conducente en la materia. Por ello, dijo, para el Estado de México es fundamental tomar las medidas legislativas correspondiente y garantizar que la maternidad nunca sea objeto de lucro.
“La gestación subrogada de tipo altruista que es reconocido en otros países del mundo no se está prohibiendo, únicamente la que tiene fines comerciales, como son empresas que se dedican a eso y buscan a mujeres vulnerables de comunidades marginadas que saben que van a aceptar con riesgos a su salud”.
Precisó que este vacío normativo plantea riesgos serios como permitir que contratos privados sin supervisión estatal determinen el destino de niñas y niños antes de su nacimiento; coloca a mujeres gestantes en situaciones de vulnerabilidad jurídica y social; profundiza desigualdades estructurales y perpetua violencias contra las mujeres, al convertir el embarazo en un servicio.
Aseguró, que la propuesta presentada a nombre propio y del coordinador parlamentario de Acción Nacional, Pablo Fernández de Cevallos González, busca diseñar un marco local que proteja a todas las partes involucradas, prevenga la explotación y armonice los ordenamientos con los principios internacionales de derechos humanos.
Agregó, que en la gestación subrogada comercial, se ve comprometido el interés superior de la niñez cuando el nacimiento responde a contratos mercantiles y no a vínculos familiares fundados en la responsabilidad parental, generando una disociación entre la maternidad biológica, genética y social. Por tanto, la prohibición de la maternidad subrogada comercial en el Estado de México no busca criminalizar la reproducción asistida, sino garantizar que ninguna mujer sea explotada como medio reproductivo y que los derechos de las niñas y niños prevalezcan sobre cualquier contrato civil o interés económico
