En nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón propuso establecer que los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso deben responderse obligatoriamente, ya que actualmente no son vinculantes y sus destinatarios no tienen la obligación de cumplirlos.
La legisladora explicó que los puntos de acuerdo, propuestos por los legisladores sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a algún grupo o región y se enofcan en formular algún exhorto o recomendación, reflejan la importancia de atender o dar solución a un asunto y son un mecanismo para darle trámite ágil y expedito.
“Se debe señalar que a este instrumento legislativo se le ha reconocido como un ‘llamado a misa’, puesto que el exhorto derivado del punto de acuerdo se atiende solo si se quiere; pese a ello, esta práctica ha sido el principal producto de las legislaturas tanto locales como de la federal”, precisó la también presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal.
Agregó que a efecto de visibilizar la situación que guardan los exhortos en los Congresos, basta con mencionar que en la 59 Legislatura del Estado de México fueron presentados 263 puntos de acuerdo, de los cuales únicamente se aprobaron 181, sin que se tenga certeza de cuántos fueron atendidos o cumplidos por las autoridades exhortadas.
Por otra parte, continuó, en el primer periodo ordinario que concluyó el 30 de diciembre del 2018, esta 60 Legislatura dedicó la tercera parte de su trabajo en el Pleno a emitir exhortos y pronunciamientos para llamar la atención a diversas autoridades que a su juicio incumplieron con sus obligaciones.
De 333 puntos presentados ante el Pleno en ese periodo, al menos 110 fueron exhortos y pronunciamientos, donde igual se defendió al erario estatal de la empresa OHL que se exhibieron fallas en temas de seguridad, salud, educación, protección civil y rendición de cuentas, enfatizó.
La iniciativa propone modificaciones a la Constitución Política local para puntualizar que esta facultad del Poder Legislativo debe ser respondida por aquellas autoridades a las que dirige los exhortos derivados de un punto de acuerdo, y asentar que deberán ser contestados por escrito, en un plazo de 30 días hábiles o de 20 días hábiles cuando se trate de acuerdos de urgente y obvia resolución, y que en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
También propone reformas en el mismo sentido a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adicionalmente, la reforma a esta última norma faculta a la Legislatura a dar vista a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en caso de incumplimiento a sus exhortos.
A la iniciativa se adhirieron los y las diputados Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, del PRD; Julio Alfonso Hernández Ramírez y Max Agustín Correa Hernández, de morena; Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, del PAN; María de Lourdes Garay Casillas del PES; Francisco Solorza Luna, del PT, y la legisladora sin partido Rosa María Pineda Campos.
