Jordi Oriola Folch
El actual nacionalismo español quedó muy influido por los cuarenta años de dictadura del general Franco. Debido a la presión internacional, el fascismo accedió a transitar hacia un sistema más o menos democrático y, por tanto, no pasó como en Alemania o Italia que fue derrotado y erradicado. En España, el fascismo persistió, más o menos disimulado, en la base del ejército, la policía, las grandes empresas, el Partido Popular (el PP fue fundado por siete ministros de Franco), los medios de comunicación y el poder judicial.
Este apabullante dominio de los herederos del régimen hizo que incluso los sectores más abiertos o de izquierdas se escorarán hacia un nacionalismo supremacista, excluyente con lo diferente y con tendencia a la agresividad. Y aún se acentuó más debido al enfrentamiento contra la lucha armada del independentismo vasco, en la que se utilizaron todos los medios para ganar como fuere en pro de la unidad de España. Y han tratado por igual al movimiento pacífico y democrático independentista catalán, legitimando el uso de todas las herramientas del estado (policía, servicios secretos, medios de comunicación y sistema judicial) para destruir al supuesto enemigo.
El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que había apoyado las tropelías del PP, siguió con la guerra sucia cuando gobernó a partir del 2018. Al mismo tiempo, los políticos de extrema derecha que estaban dentro del PP crearon su propio partido VOX, contra el feminismo, los inmigrantes y los catalanes y vascos. En sus inicios, el PSOE, exigió que VOX estuviera en los debates televisados con la intención de perjudicar electoralmente al PP, aunque no era lo adecuado porque eran una fuerza extraparlamentaria. A corto plazo el PP perdió votos a expensas de VOX, pero después la bestia se hizo grande y ahora todo el mundo se lamenta.
En las elecciones del 2023, el PP ganó pero no pudo formar gobierno, mientras que Sánchez del PSOE podía formar gobierno si conseguía el apoyo de Junts, el partido independentista de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica y a quien el PSOE había vilipendiado hasta extremos deshumanizantes. Ahora que necesitan su apoyo, Puigdemont ha exigido un «acuerdo histórico» para resolver democráticamente el conflicto Catalunya-España, previsiblemente con un referendo. Puigdemont ha puesto como condición: fin de la guerra sucia, sacar el independentismo de la lista de terrorismos de la Europol, una amnistía para todos los perseguidos por la «lawfare» (guerra sucia judicial) que ha llevado a cabo la justicia española y una negociación en Suiza con mediación internacional.
Sánchez lo ha aceptado todo, porque quiere seguir en el poder, pero también porque era razonable y era la oportunidad de poner punto y final a la orgía de represión que se había hecho insostenible. Ya no se podía sostener más ese abuso por parte del Estado, porque el independentismo ha ido ganando elecciones, porque España ha sido condenada por el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, y porque las demandas que el movimiento independentista catalan ha puesto contra España ante la Justicia europea están por salir a la luz.
En adelante, Sánchez tiene la difícil tarea de explicar porque amnistía el independentismo catalán si, hasta ahora, decía que eran unos delincuentes con los que no se podía pactar. Acierta la derecha que le critica por haber hecho un viraje de 180º por ansia de poder y porque el PSOE no gobierna casi en ninguna parte y, para mantener el partido, necesita los ingresos económicos que permite el gobierno central. Veremos si esa necesidad personal de Sánchez puede ayudar a encontrar una salida democrática al eterno problema España-Cataluña.
Por el momento, hay gente que se manifiesta en la calle en contra de dejar de perseguir judicialmente a los “golpistas” catalanes. El PP intentará que Sánchez pague un precio por separarse de los postulados nacionalistas y VOX acusa a Sánchez de golpista, dictador y lo compara con Hitler. En las protestas se hacen proclamas fascistas y se pide la muerte de Sánchez y Puigdemont. Desde el ejército, una cincuentena de militares retirados han pedido un golpe de estado para salvar a la patria y nadie les ha dicho nada. Y también han protestado los jueces contra la alusión a la «lawfare» porque dicen que atenta contra la separación de poderes. Hasta se han manifestado con las togas, violando el principio de no participación política y, lo peor, están forzando a la maquinaria judicial para condenar al máximo número de personas antes de la amnistía y están elevando las acusaciones a terrorismo porque así no puedan acogerse a la amnistía.
La ley de amnistía está en trámite, pero es que en España nunca ha habido un problema con las leyes, ni con la justicia ordinaria homologable a la europea, sino que el problema es con los altos jueces cuando tienen que juzgar independentistas catalanes, porque entonces usan la justicia con fines políticos para perjudicar a su enemigo.
En cualquier caso, los hechos muestran un independentismo catalán potente que ha conseguido forzar al Estado español a contradecirse y tener que aceptar una amnistía que todos los poderes estatales tildaban de imposible hasta hace cuatro meses. Veremos cómo evolucionan los hechos.
