- Constituida en Gran Jurado de Sentencia, la Legislatura la declaró improcedente al haber actuado conforme a derecho y en cumplimiento de sus facultades.
- Defienden el derecho constitucional de las y los legisladores a emitir declaraciones, votaciones o la expresión de sus ideas.
- La petición se derivó de la resolución sobre el diferendo limítrofe entre Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, en 2021.
El Congreso del Estado de México, constituido en Gran Jurado de Sentencia, declaró improcedente y desechó la denuncia de juicio político intentada por un ciudadano mexiquense en contra de 52 legisladoras y legisladores integrantes de la 60 Legislatura, el exgobernador Alfredo del Mazo Maza y el exsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, por la solución del diferendo limítrofe entre Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, México, en 2021.
En Sesión Jurisdiccional, conforme al dictamen elaborado por la Sesión Instructora, a la que dio lectura la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores (Morena), la denuncia se desechó en virtud de que, conforme a las constituciones estatal y federal, el juicio político no procederá cuando se trate de declaraciones, votaciones o la expresión de las ideas de las y los diputados, a quienes se les debe respetar su fuero.
Se basa también en el hecho de que el procedimiento por medio del cual la 60 Legislatura dio solución al diferendo limítrofe entre Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México que decidió la pertenencia sobre las comunidades de La Capilla y El Sabino, es reglamentario de la Ley en la materia, y por ende no puede causar perjuicio grave al Estado ni al interés público, además que se apegó a derecho y sí concedió audiencia legal a las partes.
Respecto a la solicitud del ciudadano, Gerardo Fuentes Ruiz, de someter también a juicio político al gobernador Alfredo del Mazo Maza y al secretario de Justicia y Derechos Humanos en funciones en ese momento, como presidente de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios del Gobierno estatal, por haber dado su aval y promulgado el decreto 334 sobre la decisión de las y los legisladores, también fue declarada improcedente y desechada porque actuaron conforme a sus facultades legales y constitucionales.
Cabe señalar que en un primer momento el Congreso ya había desechado la denuncia, no obstante, ante un amparo concedido al ciudadano Gerardo Fuentes, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ordenó a la LXI Legislatura proseguir con la queja y remitirla a la Sección Instructora para que determinara o procedencia, mandato que atendió con puntualidad.
Cabe señalar que previamente, la Sesión Instructora de la Legislatura y presidida por la diputada Martha Amalia Moya Bastón (PAN), constituida para analizar la denuncia de juicio político, consideró improcedente la petición del ciudadano Gerardo Fuentes.
