- Las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos (Morena) proponen reformar el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos educativos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos (Morena) proponen reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Plantea agregar la fracción XXXIV al artículo 38, para establecer que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) corresponde garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe en los niveles de enseñanza básica, media superior y superior dispuestos por el artículo 2o. constitucional, además de la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas en el Sistema Educativo Nacional.
La iniciativa, girada a la Comisión de Gobernación y Población, señala que la reforma contribuirá a fortalecer el marco jurídico y garantizar el pleno ejercicio de los derechos educativos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Refiere que esta adecuación normativa va encaminada a dar cumplimiento a la reforma al artículo 2o. constitucional, publicado el 30 de septiembre de 2024, donde se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanas a la libre determinación y autonomía, incluyendo los modelos educativos que reflejan la composición pluricultural.
Las diputadas consideran que de aprobarse esta reforma se permitirá a la SEP, implementar políticas educativas interculturales y plurilingües, que reconozcan y valoren la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afromexicanos y fortalezca la educación indígena en todos los niveles de enseñanza.
También se promovería la formación de profesionales indígenas y la implantación de programas educativos comunitarios que respondan a las necesidades, contextos específicos y herencia cultural de estos pueblos.
Subraya que estas modificaciones son un paso fundamental para cumplir con los mandatos constitucionales en materia de educación indígena intercultural y plurilingüe, al otorgar a la SEP las atribuciones para garantizar estos derechos y contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo, inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y lingüística de México.
Concluye que esta iniciativa “no solo responde a una obligación legal, sino representa un compromiso ético y social con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo reconocimiento y desarrollo integral son esenciales para el progreso de la nación”.
