Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, la obra prioritaria del Gobierno mexicano para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras.
Las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
