Por Mitzi Fuentes |
Tuxtla Gutiérrez (México), (EFE).- Pueblos indígenas del sur mexicano recibieron este miércoles con escepticismo la reforma que por primera vez los reconoce como sujetos de derecho en la Constitución y declara a México una “nación multiétnica”, al opinar que esto no resolverá sus problemas de violencia y pobreza.
El recelo se percibe en particular en Chiapas, estado del sur de México con la mayor población indígena del país, que afronta una ola de violencia por las disputas de los cárteles del narcotráfico que han desplazado a miles de habitantes originarios de sus comunidades.
Elisa Cruz Rueda, antropóloga y afromexicana, señaló que “la reforma no cumple lo establecido en los Acuerdos de San Andrés”, que el Gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996 para prometer que la Constitución aceptaría la autonomía de los pueblos indígenas y atendería sus demandas.
La iniciativa, avalada el martes por el Senado y que aún debe promulgar López Obrador, reconoce la composición multiétnica y pluricultural de México, donde 23 millones de personas se identifican como indígenas, casi la quinta parte del total de 126 millones de habitantes.
También reconoce a los 68 pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de elevar a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre e informada sobre medidas y proyectos que afecten su entorno directo.
Una justicia incompleta para los pueblos indígenas
Aunque el presidente destacó este miércoles la naturaleza histórica de la reforma, desde las Redes de Asociaciones Indígenas y Colectivos en Chiapas manifestaron su preocupación por la violencia que padecen los pobladores originarios y la falta de justicia tras los abusos cometidos por el Estado.
“Mi opinión es que es una ley de conveniencia para el Estado mexicano, pero no precisamente que le convenga a los pueblos indígenas”, expresó a EFE Guadalupe Vázquez Luna, indígena feminista y sobreviviente de la masacre de Acteal, una incursión paramilitar que resultó en 45 indígenas asesinados en 1997 en Chiapas.
La mujer de la etnia tzotzil sostuvo que “siempre han existido leyes, (pero) nunca se han respetado, en especial para los pueblos indígenas”.
“Se les ha negado (la justicia) a los pueblos indígenas, sobre todo a los pobres, porque los ricos pueden comprar la ley a su antojo”, mencionó
Otros celebran con matices
Pedro Jiménez Pérez, miembro del Concejo de Ancianos en Chamula, manifestó a EFE la confianza en que se aplique a cabalidad la reforma, pero observó que persisten muchos vacíos en lo político, en lo social y económico.
“Podría funcionar siempre y cuando lo pusieran en práctica porque muchas veces no determinan la situación dentro de la cosmogonía indígena, porque nosotros tenemos nuestra propia visión, dentro de los pueblos indígenas”, dijo a EFE el líder indígena.
Pero el tzotzil lamentó que en la discusión de la reforma “tampoco están involucradas las gentes que de verdad conocen a los pueblos originarios y los pueblos afroamericanos”.
“Realmente no nos han tomado en cuenta en el aspecto social, político, mucho menos en el económico”, afirmó.
La reforma para los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas forma parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero pasado y que incluyen las reformas al Poder Judicial y la militarización de la Guardia Nacional, también aprobadas.
