- México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad civil, especialistas nacionales e internacionales, organismos garantes de transparencia como el INAI y autoridades locales presentaron los resultados de la iniciativa del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta.
- Con la convicción de que todo contrato y proyecto de obra pública debe ser accesible en formato de datos abiertos, y de que tal política debe avanzar con participación y vigilancia ciudadanas, Infraestructura Abierta demostró su potencial para expandirse a nivel nacional y convertirse en una guía para prácticas cotidianas.
- En esta fase piloto de Infraestructura Abierta, se demostró que es posible y deseable la colaboración entre sociedad y Gobierno para atender problemas públicos. Participaron 23 instituciones públicas de nueve entidades federativas; 55 organizaciones y personas expertas encargadas de la implementación, para 43 proyectos de obra pública postulados, que suponen más de 5,900 millones de pesos a publicar.
La fase piloto de Infraestructura Abierta, una iniciativa que impulsa la generación y divulgación de datos y documentos sobre obra pública, a través de la adopción de altos estándares internacionales de datos de contrataciones abiertas, deja una lección principal: la colaboración entre Gobierno y sociedad es deseable y puede ser exitosa.
Los promotores de la iniciativa –México Evalúa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), CoST (the Infrastructure Transparency Initiative), Open Contracting Partnership (OCP), el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva– se reunieron con autoridades locales, representantes de organizaciones civiles, especialistas, académicos y líderes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción para dar por cerrada la etapa piloto, evaluar sus resultados y definir los siguientes pasos.
Mariana Campos, quien a partir del próximo 1 de julio será directora general de México Evalúa, y que como coordinadora del programa de Gasto Público de la misma organización promovió hace cinco años, junto con autoridades y organizaciones de Nuevo León y el propio INAI, la plataforma que inspiró a Infraestructura Abierta, subrayó que no basta con transparentar los datos del gasto en obra pública, pues “esos datos deben servir para tomar mejores decisiones”. En este sentido, Campos hizo un llamado para que el impacto y el éxito que ha tenido la prueba piloto de la iniciativa se amplíen, trasciendan. Para ello, “se tiene que promover la demanda de información de la plataforma, transformarla en análisis y en una mejor toma decisión”.
En esta fase de la iniciativa se logró la postulación de 43 proyectos de obra pública, que supuso la participación de 23 instituciones públicas de nueve entidades federativas. La apertura demostrada por los gobiernos subnacionales fue motivo de aplauso generalizado en el evento de presentación de resultados. Allí estuvieron Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, o Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, para dar testimonio del reto que supone la apertura de estos datos. Sin embargo, Adrián Alcalá, comisionado del INAI, subrayó que la apertura de datos supuso un “trabajo arduo, permanente y en equipo”, por parte de una auténtica “comunidad de práctica”. Y es que los “datos abiertos nos empoderan como sociedad, pues están vinculados con la rendición de cuentas (sobre la labor del Gobierno) y el cumplimiento de derechos humanos”. Julieta del Río Venegas, también comisionada del INAI, complementó: “Las obras son públicas. Su nombre lo dice: son obligaciones de transparencia. No se pueden reservar bajo un concepto de seguridad nacional”.
La transparencia va más allá de la voluntad política. Mariana Campos detalló que persisten retos de gobernanza, específicamente, en la fase de planeación de infraestructura. “Hay poca inversión financiera y de tiempo para la planeación. Por eso los gobiernos reservan la información, para evitar reflejar los estropicios (…) Los planes de infraestructura son sólo sexenales, cuando las instituciones deberían ser capaces de llevar a buen puerto un proyecto a mediano y largo plazo”. Así, Infraestructura Abierta debería tener también un proceso de maduración, apuntó Campos, para “que no dependa sólo de la actitud proactiva de los sujetos obligados”, y se revise qué partes pueden convertirse en nuevas obligaciones de transparencia.
Manuel González, gerente regional para América Latina en CoST, coincidió con Campos: para que estos ejercicios de apertura de datos “aseguren su sostenibilidad en el tiempo”, tienen que convertirse en “requisitos formales de divulgación (legislación)”. En todo caso, “mientras más visibilidad, más eficiencia en la obra pública, y más posibilidad de colaboración y participación ciudadana con el Gobierno, que es fundamental”, reflexionó Mariana San Martín, gerente senior de Infraestructura en Open Contracting Partnership. “Sólo con datos abiertos puede haber retroalimentación y monitoreo por parte de la ciudadanía (…) éstos empoderan, por ejemplo, a pymes que quieren conocer el nivel de competencia en una licitación, o conocer cuestiones medioambientales, o de participación de mujeres”.
