Paris Martínez
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Complejos industriales, inmobiliarias y hasta dependencias de gobierno tienen a su nombre concesiones de agua para uso agrícola. Con estos permisos no solo operan sus propios pozos, también tienen la puerta abierta para obtener otros beneficios, por ejemplo, no desembolsar un peso por el agua que utilizan, ya que la Ley de Derechos Fiscales los exime de este pago.
A los ojos de la autoridad, el agua que se extrae del pozo que funciona en lo que alguna vez fue el rancho El Tajuelo, en la localidad de Las Ánimas, municipio de Tepozotlán, Estado de México, se usa para regar campos de cultivo. La realidad, sin embargo, es distinta a lo que la autoridad dice ver: hace varias décadas desapareció ese rancho y en su lugar hoy se encuentra un complejo de almacenes comerciales de 80 hectáreas de extensión, bautizado como Megapark Tepotzotlán.
En lo que era el rancho agrícola El Tajuelo hoy hay un pozo cuyas aguas ya no riegan cultivos, sino que son explotadas con fines industriales por el complejo Megapark. Ese pozo fue autorizado como parte del título de concesión 13MEX104329/26AMGR99 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a la asociación civil FREN SC para extraer 432 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola.
Quienes tienen concesiones para uso agrícola no están obligados a pagar por el agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede otorgarles una tarifa preferencial para que paguen lo mínimo por la energía eléctrica que emplean al bombear el agua de sus pozos.
Así que Megapark no paga por el agua que extrae de un pozo que está a nombre de FREN SC, sociedad civil cuyo objeto social legalmente declarado es la promoción de actividades deportivas y culturales.
Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestran que, hasta septiembre de 2019, había 415 mil 793 títulos de concesiones para aprovechamiento de agua subterránea y superficial; casi la mitad de ellos —42%— son para “uso agrícola”. Y solo 5 mil 986 —es decir el 1.4%— son para “uso industrial”.
En todo el país hay empresas que han obtenido concesiones de agua para uso agrícola que en la realidad utilizan para otros fines. Y, por lo tanto, no desembolsan un peso por utilizar ese recurso.
Tan solo en el Estado de México, al hacer un análisis y mapeo de las 785 concesiones de aguas subterráneas para uso agrícola que están registradas en el REPDA es posible identificar que, por lo menos, 110 de estos títulos no benefician a campesinos, sino a industrias, empresas de servicios, ranchos de descanso, fraccionamientos, centros religiosos, predios urbanos e, incluso, instalaciones gubernamentales.
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