· Las administradoras de fondos de inversión estadounidenses iniciaron un arbitraje internacional debido a irregularidades causadas por tribunales mexicanos en litigio presentado por TV Azteca contra los prestamistas de más de 400 millones de dólares en deuda.
· Los demandantes han expresado su apertura al diálogo con las autoridades mexicanas y esperan que los funcionarios mexicanos les permitan un enfoque de alto nivel para buscar una solución a esta disputa.
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2025.- Las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica a los argumentos de México que buscan la desestimación del proceso de arbitraje contra el Estado mexicano por motivos jurisdiccionales infundados. El arbitraje de estos fondos de inversión estadounidenses=administradores contra el Estado mexicano se basa en la denegación de justicia que les impusieron los tribunales mexicanos en un litigio iniciado por TV Azteca contra sus prestamistas en 2022. Específicamente, TV Azteca utilizó un procedimiento secreto para obtener una orden judicial contra sus prestamistas por motivos falsos y fácilmente refutables en violación de las obligaciones de México con esos inversionistas estadounidenses en virtud del derecho internacional. El arbitraje busca reparación por la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses, una cantidad que continúa aumentando porque aún hoy TV Azteca permanece protegida de responsabilidad debido a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales.
«México es responsable bajo el derecho internacional por el mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca que resultó en una denegación de justicia para estos inversionistas estadounidenses y el arbitraje internacional es el único recurso disponible para que los inversionistas hagan valer sus derechos. En lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por jugar con el sistema iniciando un procedimiento secreto y obteniendo una orden judicial sin fundamento fáctico en violación de los derechos de debido proceso de los Demandantes bajo el derecho mexicano e internacional. Esa orden judicial sigue vigente hoy, salvo que se recupere la deuda ahora vencida, porque el tribunal inexplicablemente ha permitido que TV Azteca mantenga esos procedimientos en espera indefinida. La justicia retrasada es justicia denegada. La solicitud de arbitraje se basa específicamente en aquellas irregularidades a las que los inversionistas estadounidenses han sido sometidos involuntariamente», dijo Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en Washington, DC y asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión.
Los inversionistas recurrieron al arbitraje internacional bajo el T-MEC tras verificar que el proceso judicial en México se llevó a cabo sin respetar los derechos básicos del debido proceso, como su derecho a ser notificados o a presentar argumentos, situación que los dejó en total indefensión y favoreció a TV Azteca.
«Tanto el gobierno de México como los inversionistas han enfrentado las consecuencias de un litigio interpuesto por TV Azteca que busca evadir sus responsabilidades, en nuestro caso, el cumplimiento del pago de bonos de deuda que emitió y que deben ser liquidados. No creemos que sea del interés del gobierno de México utilizar sus propios recursos presupuestarios para defender una demanda que intenta justificar acciones del poder judicial que protegen ilegalmente a las empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza. Lo que buscamos es que el Ejecutivo, como representante del Estado mexicano en este tipo de controversias, realmente escuche las inquietudes de estos inversionistas. Sin embargo, los demandantes aún no pueden consultar con los representantes de México a pesar de nuestros múltiples esfuerzos para ser escuchados y evitar litigios que no sean de interés para ninguna de las partes. Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda, el mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al estado mexicano», agregó Padgett.
Por lo tanto, independientemente del proceso de arbitraje, Capital Partners y Contrarian Capital Partners buscan un canal de comunicación de alto nivel y efectivo con el gobierno mexicano para ser escuchados y explorar un acuerdo que garantice una solución a esta disputa. De esta manera, los demandantes esperan evitar prolongar un proceso de arbitraje que en última instancia puede ser desfavorable para el gobierno de México, pero que mientras tanto sirve como una defensa de alto perfil de los mismos problemas de corrupción y favoritismo en los tribunales mexicanos que esta administración se ha comprometido a combatir.
Proceso legal de TV Azteca ante un tribunal mexicano:
Entre las irregularidades encontradas en este litigio se encuentran:
- En 2022, TV Azteca inició secretamente un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a TV Azteca cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.
- El juez les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, privando así a los inversionistas de la oportunidad de defenderse adecuadamente y a pesar de que las actividades del Sexagésimo Tercer Tribunal Superior se habían reanudado por completo seis meses antes.
- Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la Organización Mundial de la Salud y el Presidente de México declararan el fin de la emergencia de salud pública causada por la pandemia de COVID-19, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó sin sentido esa solicitud con el argumento de que «solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19, «, quedando así suspendidas las obligaciones de TV Azteca.
- Ese mismo juez otorgó el 9 de mayo de 2023 otra medida cautelar solicitada por TV Azteca, esta vez permitiendo a TV Azteca abstenerse de cumplir con sus obligaciones como empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores de reportar información financiera al público. Esta orden judicial permite a la empresa blindar información de su desempeño financiero real y continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando.
- Posteriormente, el 30 de enero de 2024, un tribunal de apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que TV Azteca notifique a los 35 acusados, lo que evidentemente no ha sucedido ni sucederá. No hay incentivo para que TV Azteca presione para que se notifique a los acusados, si la medida «provisional» de los tribunales locales la protege permanentemente de tener que cumplir con sus obligaciones financieras.
- Como resultado, TV Azteca puede continuar abusando de un proceso claramente defectuoso y la imposición de una medida cautelar para bloquear los esfuerzos de desestimación y evitar pagar su deuda.
- En resumen, México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas. Sin embargo, México se ha negado repetidamente a comprometerse con los demandantes en lo que debería ser un objetivo común para detener este abuso ventajoso del poder judicial de México en beneficio de un particular.
Proceso de arbitraje
Por todo lo anterior, los inversionistas, haciendo uso del único recurso disponible para acceder a la justicia, presentaron un caso arbitral contra el Estado mexicano, responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del T-MEC, incluyendo salvaguardar el respeto a la ley y el acceso a un juicio en igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas.
En este contexto, hoy se hizo pública su réplica final a los argumentos jurisdiccionales presentados por México, lo que demuestra que:
· Sus derechos básicos de acceso a la justicia han sido violados por las autoridades judiciales mexicanas, lo que ha resultado en un estancamiento del caso que favorece el impago ilegítimo e infundado de TV Azteca.
· Son inversionistas estadounidenses y sus inversiones están protegidas por las disposiciones del T-MEC.
· La protección permitida por México a través del poder judicial a favor de Grupo Salinas ha frustrado cualquier posibilidad de que estos inversionistas estadounidenses puedan recibir algún retorno de su inversión.
https://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C11379/DS20940_Sp.pdf
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