Toluca, Estado de México. El alcalde de Toluca, Juan Maccise Naime, concluye su administración municipal en medio de fuertes críticas por las medidas implementadas contra el trabajo ambulante, las cuales han sido señaladas por activistas, expertos y comerciantes como violaciones al derecho al trabajo y a los derechos humanos.
Durante su gestión, el gobierno municipal emprendió acciones estrictas para prohibir el comercio ambulante en diversas zonas de la capital mexiquense, argumentando que estas medidas eran necesarias para garantizar el orden público, el libre tránsito y la imagen urbana. Sin embargo, estas acciones han tenido un impacto desproporcionado en miles de personas que dependen del comercio informal como su única fuente de ingresos.
Derechos vulnerados
De acuerdo con especialistas en derechos humanos, estas prohibiciones contravienen tanto el Artículo 123 de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho a un trabajo digno y útil, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte.
“El trabajo ambulante no solo es una actividad económica legítima para miles de familias, sino también una expresión de su derecho a la subsistencia y a la dignidad humana. Criminalizar a quienes ejercen esta actividad sin ofrecer alternativas claras y viables constituye una violación grave a los derechos humanos”, señaló un representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Además, diversos colectivos han señalado que estas medidas afectan principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, personas indígenas y adultos mayores, perpetuando la discriminación y la pobreza.
Impacto social y económico
Las medidas han desencadenado protestas y señalamientos contra la administración de Maccise Naime, con comerciantes denunciando desalojos violentos, decomisos de mercancía y falta de diálogo. Para muchos, la prohibición del trabajo ambulante no solo representa la pérdida de ingresos, sino también el riesgo de caer en condiciones de extrema pobreza.
“La administración de Juan Maccise Naime ha ignorado las necesidades de miles de familias. Mientras se prohíbe el comercio ambulante, no se han implementado programas efectivos para integrar a estos trabajadores a la economía formal”, agregaron expertos.
Falta de un Enfoque de Derechos Humanos en las Regulaciones
Expertos subrayan que cualquier regulación al trabajo ambulante debe realizarse bajo un enfoque de derechos humanos, garantizando que las medidas no criminalicen ni estigmaticen a quienes dependen de esta actividad. Además, deben implementarse acciones que:
- No vulneren derechos fundamentales: Toda acción debe respetar el derecho al trabajo y garantizar que las personas afectadas tengan acceso a alternativas laborales dignas.
- Promuevan la formalización inclusiva: Las autoridades deben facilitar la transición del trabajo informal al formal, asegurando acceso a seguridad social, capacitación laboral y financiamiento para emprendedores.
- Respeten el principio de progresividad: No deben adoptarse medidas que impliquen un retroceso en la protección de derechos ya alcanzados, especialmente en sectores vulnerables.
- Garanticen el diálogo y la participación ciudadana: Las políticas públicas deben diseñarse de manera participativa, considerando las necesidades y propuestas de los grupos afectados.
Sin estas medidas, las prohibiciones al comercio ambulante pueden ser consideradas no solo ineficaces, sino también violatorias de derechos fundamentales.
Una gestión bajo escrutinio
Al cierre de su gestión, el alcalde deja una ciudad dividida y cuestionamientos sobre su compromiso con los derechos humanos y laborales de la población. Los afectados han anunciado que recurrirán a instancias legales y de derechos humanos para exigir la reparación del daño y el cese de estas políticas restrictivas.
Por ahora, queda la expectativa de si la próxima administración adoptará un enfoque más inclusivo y respetuoso hacia los trabajadores informales o si continuará con políticas que marginan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
