SAN DIEGO (AP) — Una juez federal falló el jueves que la práctica del gobierno de Estados Unidos de denegarle a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones es inconstitucional.
El fallo de la juez federal de distrito Cynthia Bashant no tiene un impacto inmediato, pero podría impedirle al gobierno limitar el ingreso de solicitantes de asilo amparándose en el argumento de que carece de recursos. También podría darle alivio a algunas de las decenas de miles de personas que ponen sus nombres en listas de espera no oficiales en ciudades fronterizas mexicanas.
Bashant, quien fue elegida por el expresidente Barack Obama, ordenó al Departamento de Justicia y los demandantes, encabezados por el grupo activista de Los Ángeles Al Otro Lado, que recomendaran sus próximos pasos antes del 1 de octubre.
La práctica de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los cruces terrestres entre Estados Unidos y México, conocida como “metering”, empezó en 2016 durante la presidencia de Obama, cuando una gran cantidad de haitianos se presentó en el principal cruce a San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a toda la frontera en 2018 con Donald Trump en la Casa Blanca, lo que generó listas de espera a menudo dudosas que variaban considerablemente entre las ciudades fronterizas mexicanas.
Estados Unidos dejó de aceptar solicitudes de asilo en los cruces en marzo de 2020, con pocas excepciones, por una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42. En su momento, el gobierno de Trump invocó su autoridad para evitar la propagación del coronavirus, y el ejecutivo de Joe Biden la amplió. En su decisión, la juez pidió a ambas partes que expliquen el impacto del Título 42.
Las listas de espera siguen creciendo. En mayo, las existentes en las ciudades fronterizas mexicanas tenían más de 18.600 nombres, más de la mitad de ellos en Tijuana, según un reporte del Centro Robert Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Los registros batieron su récord con cerca de 27.000 nombres en agosto de 2019.
En su fallo de 45 páginas, la juez determinó que la práctica violaba los derechos constitucionales al debido proceso conforme a la ley y a una ley federal que requiere que los funcionarios procesen a cualquier persona que se presente en busca de asilo.
La magistrada, que respondió a una demanda presentada hace casi cuatro años, respaldó de forma inequívoca la crítica de que las autoridades estadounidenses no monitorean las listas de espera, que están sujetas a fraude y corrupción, y que los solicitantes de asilo estaban expuestos a graves peligros físicos mientras esperaban en México. Aquellos que demandaron al gobierno estadounidense se sintieron reivindicados.
“El Tribunal reconoció debidamente el elevado costo humano del metering, incluyendo el alto riesgo de agresión, desaparición y muerte cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incumplen su deber de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo y les obligan a esperar en México”, afirmó Melissa Crow, una abogada del Southern Poverty Law Center.
El Departamento de Justicia rechazó realizar comentarios.
El presidente Biden calificó el metering como una práctica “desastrosa” durante su campaña electoral, pero no está claro si mantiene esa opinión o si los tribunales podrían obligarle a adoptarla de todas formas. La semana pasada, la Corte Suprema ordenó al gobierno reinstaurar la política de Trump de “Permanecer en México” para que los solicitantes de asilo que hayan entrado en suelo estadounidense y tengan fecha para presentarse ante un juez migratorio esperen en México a que esto ocurra.
