- Participantes dialogan sobre cómo generar herramientas que generen certidumbre jurídica para concesionarios y ciudadanía
La Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), llevó a cabo el foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades”, donde representantes de la sociedad civil reflexionaron sobre cómo generar herramientas que permitan certidumbre jurídica para el sector público, los concesionarios y la ciudanía.
El legislador indicó que con la desaparición de siete organismos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es necesario hacer diversas reformas que otorguen facultades a la Agencia Digital que atienda el crecimiento acelerado de las plataformas digitales, las nuevas formas de consumo, la concentración de mercados y el uso intensivo de datos personales.
Subrayó que estos foros se realizarán semanalmente con el propósito de discutir los beneficios para las audiencias y los televidentes, protección al consumidor y calidad del servicio, derecho de las audiencias, información y libertad de expresión.
Además, de la infraestructura digital, la inversión para conectar, innovar y transformar, las regulaciones simétricas, la preponderancia y la competencia efectiva, así como la neutralidad competitiva, certeza jurídica para cerrar la brecha digital e impulsar la inclusión universal.
Asimismo, dialogar sobre la competencia entre las plataformas y operadores de paga, satelital y televisión tradicional, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, todo ello con el objetivo de fortalecer a la radio, la televisión y a las familias mexicanas.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), señaló que la Agencia Digital que sustituirá al IFT pone en riesgo la neutralidad, la equidad, la viabilidad del sector telecomunicaciones.
Resaltó que el presupuesto para la nueva agencia en 2025 es de 56 por ciento mayor que lo solicitado por el IFT, lo que significa que no solo desaparece un órgano con comprobada capacidad técnica y resultados, sino que se crea uno más costoso, burocrático y menos eficiente; es decir, se renuncia a la auditoría técnica y profesional de un sector clave.
Agregó que si el Plan Nacional de Desarrollo plantea cerrar la brecha digital es fundamental construir un marco jurídico y una agenda pública que genere confianza en los inversionistas, ya que sin conectividad no se avanza en educación, salud, y no hay participación democrática e igualdad de oportunidades.
A su vez, el diputado del PVEM, José Luis Durán Reveles comentó que este encuentro permitirá analizar las diferentes aristas del tema con la finalidad de generar un marco jurídico eficiente que logre beneficiar a la ciudadanía, los concesionarios y demás actores involucrados.
Desafíos que plantea la convergencia en la era digital
María Elena Estavillo Flores, directora general del Centro-I para la Sociedad del Futuro y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consideró que la reforma en la materia debe garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y el acceso a la información en las redes sociales, a fin de generar formas de gobernanza que comprendan esta realidad.
Adriana Labardini Inzunza, coordinadora política y regulación de LATAM y excomisionada del IFT, indicó que la Agencia Digital debe contar con un Consejo Consultivo vinculante para tomar decisiones y asegurarse que no haya un retroceso en transparencia, sino que desarrolle mecanismos para cerrar las brechas de información y de innovación para que el país sea competitivo y sostenible.
Por su parte, Fabiola Alicia Peña Ahumada, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet, expuso que las plataformas digitales están reguladas por normas generales, protección de datos, fiscalización, competencia, derechos de autor, defensa del consumidor, comercio digital y tratados internacionales que ya están contemplados, por lo que –aseguró– no hay sobrerregulación en este sector, ya que afectaría la innovación y el desarrollo del ecosistema digital.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Enrique Bravo Torres Coto, subrayó que las reformas que se planteen tendrán que generar acciones enfocadas al impulso de la inversión e instalación de infraestructura digital, toda vez que ello logrará la prosperidad digital, habilitará derechos fundamentales y democratizará los servicios, la conectividad y la información.
Vía Zoom, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Obsercom, destacó que es fundamental que en la regulación se especifique a cada uno de los modelos que integra el sector, se tome en cuenta el tamaño de los ingresos, el impacto que tienen en derechos y la democracia. “No puede ser la misma carga regulatoria para una empresa consolidada que para una que recién comienza”.
Retos de la radiodifusión en México
Marina Martínez Flores, presidenta de Radio Independiente de México, explicó que este sector tiene una sobrerregulación que limita la generación de ingresos, por lo que pidió que la reforma se enfoque en apoyar a este tipo de emisoras, que son una vía para educar a la ciudadanía.
Gloria Caballero Ávila, vicepresidenta de Radio Independiente de México, comentó que este modelo de comunicación cumple con las leyes y reglas que se les ha impuesto y su compromiso es con la preservación cultural de las pequeñas ciudades y comunidades donde tienen cobertura; además, promueve la participación democrática y fomenta la libertad de expresión.
El también asesor de Radio Independiente de México, Assuan Olvera, expuso que este modelo de radiodifusoras atiende a las poblaciones alejadas; sin embargo, convergen con las comerciales, comunitarias, indígenas y públicas, por lo que solicitó mayor impulso a su actividad.
A su vez, Alejandro Marcos Cabral Perchas, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) planteó la necesidad de crear un Consejo Consultivo integrado por especialistas de radiodifusoras indígenas, afromexicanas, públicas, universitarias y otorguen mayor presupuesto a esta materia.
Alfonso Rubén Tamez Rodríguez, radioaficionado, resaltó que algunos problemas que tienen es que deben cumplir con una serie de requisitos para obtener una concesión; sin embargo, el uso de estas bandas es un pasatiempo y los menores de edad no tienen derecho a ser radioaficionados. Por ello, pidió un cambio legal para no pasar por el trámite de concesionarios y permitir que los menores puedan operar y realizar prácticas afines a la radioafición en México.
Rubén Octavio Navarrete Galván, representante de radioaficionados, mencionó que su actividad establece y opera redes de comunicación locales, regionales a través de repetidoras, nacionales e internacionales, lo que permite que en caso de un desastre natural ser el punto de contacto de la población sin internet. Ante ello, sugirió que los cuerpos de protección civil y rescatistas cuenten con estaciones móviles para sus operaciones de campo y se les otorguen las facilidades para acceder a concesiones.
Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), subrayó que las emisoras universitarias enfrentan desafíos, que subrayan la necesidad de realizar modificaciones a la ley que permitan fortalecer su función educativa y social, y de un marco normativo justo e incluyente, a fin de fortalecer a las emisoras universitarias.
Jaqueline Guillermina Valderrabano Malagón apuntó que la ley no establece mecanismos específicos que propicien que las emisoras universitarias aseguren su independencia editorial, lo cual vulnera la libertad de expresión y limita la función crítica, autónoma y plural. Solicitó establecer el desarrollo de este tipo de radiodifusoras, su financiamiento mediante donativos, el fortalecimiento de las figuras de los defensores de audiencias y consejos ciudadanos.
Leonardo Santiago Ávila, vocal de comunicación de la RRUM, sostuvo que las radios universitarias no son un accesorio del sistema educativo sino un eje vital de su función pública. El marco legal vigente no es funcional para la realidad que se vive y se sigue operando bajo condiciones técnicas limitadas, sin certidumbre jurídica en materia de financiamiento y con una independencia editorial frágil. “Requerimos condiciones justas”.
