CIUDAD DE MÉXICO, 9 jun (Reuters) – La jefa de la autoridad tributaria de México está lista para presentar denuncias penales contra algunas de las compañías más grandes que operan en el país como parte de una cruzada para aplicar la ley de forma más estricta, y dijo que han sido abiertos “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal solo este año.
La campaña ya ha exprimido cientos de millones de dólares de la unidad de la minorista Walmart en México y la embotelladora de Coca-Cola Femsa, con otras empresas bajo escrutinio.
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo a Reuters que las administraciones anteriores eran demasiado indulgentes con las firmas poderosas, privando al país de los ingresos necesarios.
“Antes había defraudación fiscal y nunca se le dio vista al procedimiento penal”, dijo el lunes en una entrevista. “Ahorita los empresarios ya saben que si cometen defraudación fiscal, se tendrá que abrir el procedimiento penal”, agregó.
La funcionaria declinó revelar qué compañías enfrentaban los cargos, pero dijo que los mayores deudores estaban en sectores como acero, alimentos, automóviles, productos farmacéuticos, finanzas, minería, venta minorista y energía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió a Buenrostro como jefa tributaria en enero, después de que se forjó una reputación como ayudante de confianza, junto con el apodo de “La dama de hierro”, al ejercer medidas drásticas sobre las compras federales y reducir el gasto en 9,000 millones de dólares en un año.
El mandatario cuenta con un presupuesto ajustado y ha prometido que no habrá nuevos impuestos en sus primeros tres años al mando. En cambio, quiere aumentar los ingresos a través de una recaudación más eficiente y ha amenazado con exponer a 15 compañías que, según él, deben 2,000 millones de dólares.
El martes dijo que Toyota Motor Corp estaba poniéndose al día con sus pagos, pero que algunas compañías mineras canadienses buscaban ir a tribunales internacionales para evitar pagar lo que deben.
Toyota no respondió a una solicitud de comentarios.
No estaba claro si las firmas referidas el martes por el presidente estaban en la lista de 15 compañías con pagos de impuestos atrasados que él mismo ha mencionado en el pasado. Buenrostro dijo, sin embargo, afirmó que esa lista representaba solo un puñado de las empresas en mora.
Cuando se le preguntó cuántas denuncias penales se habían abierto contra grandes empresas, la titular del SAT dijo: “De grandes contribuyentes llevamos unas cuatro o cinco… en el tema de defraudación fiscal, de este año, más que los que han acumulado históricamente”. No especificó cuántas empresas en general fueron blanco de las nuevas quejas.
A PAGAR
Walmart de México pagó 358 millones de dólares al SAT el mes pasado tras negociaciones sobre asuntos que incluyen la venta en 2014 de una cadena de restaurantes. La compañía dijo que se llegó a la cantidad en colaboración con el SAT.
El director de asuntos corporativos de la firma había dicho antes que la minorista no tenía conocimiento de una denuncia penal. La compañía declinó hacer comentarios en respuesta a las preguntas de Reuters el martes.
Femsa, una de las embotelladoras de Coca-Cola más grandes del mundo, siguió días después con su propio acuerdo con el SAT, comprometiéndose a pagar 397 millones de dólares. La compañía dijo que el pago resolvió las diferencias interpretativas sobre los impuestos pagados fuera de México.
Femsa no recibió un cargo penal, afirmó un representante de comunicaciones corporativas.
Buenrostro dijo que agradeció llegar a acuerdos con las empresas sin recurrir a cargos. “Nuestro objetivo no es meter gente a la cárcel”, aseguró y declinó responder si Walmart y Femsa fueron amenazados con, o enfrentaron, cargos penales.
La estrategia parece estar dando resultados. Los grandes contribuyentes desembolsaron más de 50,000 millones de pesos (2,300 millones de dólares) en total de enero a mayo frente a 37,000 millones de pesos durante todo el año pasado.
Buenrostro también dijo que el SAT, que tiene 1,300 auditorías en curso, se ha centrado en casos en los que confiaba poder probar una obligación tributaria, en lugar de ingresar al complicado mundo de la interpretación de la legislación fiscal.
El SAT está revisando transacciones recientes, en general de los últimos cinco a siete años, según la funcionaria.
“Nosotros seleccionamos no solo los adeudos con mayor importe, sino los que eran más fáciles de recuperar”, dijo.
Traducido por Sharay Angulo, Editado por Manuel Farías
