En un anterior escrito me referí al debate del pleno del Parlament de Catalunya realizado el viernes pasado (7/8) contra el rey español Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I, señalando que los letrados del mencionado Parlament, se negaban a publicar en el boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) las decisiones aprobadas en el plenario; y comenté que me parecía un tema muy delicado, importante e interesante, que requería un más detenido comentario; y en el presente escrito intentaré efectuar unas aclaraciones.
“El Parlament no publica la resolución contra el rey español y Torra pide la destitución del secretario general.
El secretario general de la cámara, Xavier Muro, ha suprimido fragmentos de los acuerdos del pleno en la publicación en el BOPC.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido la destitución del secretario general del parlament, Xavier Muro, por haberse negado a publicar las resoluciones contra el rey español Felipe VI y el rey emérito, Juan Carlos I, aprobadas en el pleno. ‘Ja pasó con mi condición de diputado y ahora otra vez. Basta. El secretario general del parlament tiene el deber de obedecer al pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el president del parlament tiene la obligación de hacerlo cesar y asumir él y la mesa, la responsabilidad de publicar la resolución’, ha asegurado en un tuit.
Después del pleno sobre la crisis de la monarquía española, los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya ya se negaron a publicar las resoluciones aprobadas por la mayoría de diputados amparándose en los avisos del Tribunal Constitucional español. Esta mañana, el BOPC ha publicado las propuestas que los partidos habían hecho llegar al pleno y, unas horas más tarde, han publicado parte de las resoluciones que aprobó el hemiciclo, pero el secretario general del parlament ha suprimido tres: las que habían estado advertidas por el TC.
El secretario Xavier Muro ha adjuntado una nota final del documento en que dice que tiene el deber de ‘impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material’ que signifique el incumplimiento de las sentencias del Constitucional.
El fragmento no publicado incluye la resolución conjunta presentada por JxCat, ERC y la CUP en los puntos que ratifican la voluntad del parlament de ‘superar este régimen monárquico’ y ‘constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social’ y en la mención a la ‘monarquía corrupta y delincuente’.
Tampoco está el apartado de la presentada por ERC que acusa a Felipe VI de haber ‘participado concertadamente con el resto de poderes del estado en la represión y laminación de derechos del pueblo catalán’, ni las propuestas por la CUP que reprueban al rey español ‘por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo, y señalan la monarquía como un ‘pilar capital para la persecución de los derechos del pueblo catalán y contra la construcción de la república catalana’.
(Vilaweb)
La agencia ACN señala que la instrucción del tribunal constitucional, a la que se refiere el secretario del parlament, Xavier Muro, es la ‘ow.ly/3mT450AV9FN’, pero he intentado acceder, para informarme, y, por lo visto, la web no está disponible.
Es evidente que los poderes del estado, y uno de sus brazos ejecutores, el tribunal constitucional, han atemorizado a mucha gente, ya que hay muchos activistas pendientes de juicio; asimismo, funcionarios como el citado, tienen miedo a perder su carrera profesional, ya que podrían ser inhabilitados, como pena menor. Y es muy humano tener miedo, nada que decir.
Ahora bien, ocupando el cargo actual, el jurista Xavier Muro Bas, secretario del ayuntamiento en excedencia, debería ser consciente que, si no quiere respetar la voluntad popular expresada en la cámara, debería dimitir. Pero no. Lo que está claro es que utiliza el cargo para torpedear el plenario; y no es la primera vez, ya que en 2017 se negó a publicar las leyes de Referéndum y Transitoriedad; y fue el que dio instrucciones de quitar el acta de diputado al president Quim Torra.
El antecesor de Xavier Muro, Pere Sol, dimitió en 2016, después de ser advertido por el tribunal constitucional a raíz del incidente de ejecución de la sentencia del 9 N; decisión, muy comprensible, nada que decir.
Pero Muro, hace honor a su apellido, y es un verdadero muro, un dique contra el movimiento independentista.
“En su declaración en el Tribunal Supremo por el juicio sobre el procés, Muro, que había pedido declarar con la cara oculta, insistió en las advertencias que había dado al Parlament de ir en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, también después del referéndum del 1 de octubre. Muro recordó que, como consecuencia de la suspensión de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional, ‘no se podía dar cumplimiento a ninguna de sus previsiones’. Por eso argumentó que había pedido a la Mesa que no admitiese las propuestas de resolución que ‘entraban en contradicción’ con el Alto Tribunal.
Sobre la publicación de las leyes de desconexión en el boletín del Parlament, Muro indicó que ‘impartió órdenes que no se publicasen’. También se negó a autorizar la publicación en el BOPC la proposición de ley del referéndum. Y se opuso a la voluntad de Forcadell, que la autorizó con la mayoría de Junts pel Sí y defendiendo que no necesitaba ninguna autorización de Muro”.
(ElNacional.cat)
Por eso, muchos tuits piden su cese, ya que en este momento cuenta con el apoyo y encubrimiento de Joan Ridao, Roger Torrent y ERC.
Obviamente, NO SIENDO VINCULANTES las decisiones de los letrados, Carmen Forcadell, en aquél momento presidenta del Parlament, fue valiente, ética y moral, al dar curso a la voluntad mayoritaria de los diputados; ahora bien, vistas las consecuencias (en parte responsabilidad de Muro), se ve claro que actúa de ‘quinta columna’ (o de ‘bandera negra’), con la connivencia de Torrent y de ERC, ya que, como comenté, hasta Pere Aragonès, comentó que lo importante era el debate y la votación efectuada, quitando relevancia a su publicación. Y eso es un ‘golpe de estado’ al sistema democrático, ya que devalúa la actividad de nuestros representantes.
Es comprensible que vistas las consecuencias que sufre Forcadell, muchos tengan miedo, y Roger Torrent, el primero, ya que, desde su nombramiento, no se ha atrevido a traspasar la línea roja del tribunal constitucional, negándose, ya de entrada, al nombramiento telemático del president Puigdemont, ganador de las elecciones del 20 de diciembre del 2017.
Y, como digo, es humano y comprensible tener miedo, pero, si no quieren o no se ven capaces de asumir sus responsabilidades, que dimitan y dejen el puesto a otros más demócratas y morales.
Ya se que no se trata de facilitar que muchos más vayan a la prisión. Pero las circunstancias son las que son. Y, Torrent, en mítines anteriores al 20.12.17, dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel; pero, claro, también lo dijo el conceller Santi Vila, y después…
“Agentes externos’, en el Parlament de Catalunya
En el Parlament de Catalunya hay un grupo de funcionarios que no trabajan a favor de los electos que conforman la cámara legislativa, si no a favor y a las órdenes de otro poder.
La discusión sobre la soberanía del parlament y sus posibles límites es todo un clásico de la ciencia política. Lo es de manera constante desde que Montesquieu estableció aquel concepto según el cuál, el gobierno se divide en tres cuerpos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
(…)
Se puede discutir, por ejemplo, si los tribunales pueden tumbar una decisión del parlament o del gobierno en circunstancias extraordinarias, o en quéw condiciones el parlament puede pasar por alto una ley parta hacer otra de nueva. Pero este debate, que ha durado siglos, ha mantenido siempre que, si se quiere hablar de democracia, los tres poderes han de respetar la independencia de los otros dos, razón por la cual, no han de permitir nunca la existencia de lo que se llama ‘agentes externos’.
Por ‘agentes externos’ se entiende personajes que desde dentro de una institución, no trabajan para esa misma institución, si no para alguna de las otras dos. Gente que dentro del parlament no trabaja para el parlament, si no para el ejecutivo o el judicial. O gente que dentro de la justicia no trabaja para la justicia, si no para el legislativo o para el ejecutivo. O gente que dentro del ejecutivo no trabaja para el ejecutivo, si no para el legislativo o el judicial.
¿Y porqué esta es la línea que no se puede atravesar? Pues porque no es posible mantener el principio básico de la autonomía de cada poder, como garantía contra la tiranía, sin aceptar, de manera lógica, que cada uno de ellos ha de tener autonomía de funcionamiento y que, en todo caso, las discrepancias que puedan aparecer entre ellos se han de resolver en pie de igualdad y siempre posteriormente a los actos de cada uno de ellos.
Más allá que se publiquen unas resoluciones del Parlament o no, hecho ya de por sí gravísimo, la cuestión más preocupante de todos los sucesos en el Parlament, es que la existencia documentada de agentes externos amenaza la regla más básica de la democracia.
Como ha podido comprobar todo el mundo, en el Parlament hay un grupo de funcionarios que no trabajan a favor de los electos que conforman la cámara legislativa, si no a favor y a las órdenes de otro poder, en este caso, el poder judicial. Y, además, lo hacen contra los electos. Los letrados de la cámara catalana hace tiempo, demasiado tiempo, que son ‘agentes externos’, con el consentimiento del president Torrent y de diversos grupos parlamentarios.
Y, cosa que es peor todavía, como se puede ver, con la tolerancia activa de una parte del gobierno. Por que cuando ayer el vicepresident Aragonès dijo que no tenía ninguna importancia si se publicaban o no, las resoluciones votadas el viernes, no solo despreciaba de manera grave la función para la cuál el parlament, él mismo, ha sido votado por los ciudadanos, si no que daba soporte implícito a la actuación de un grupo de funcionarios que comenten la peor de las violaciones de las reglas básicas de una democracia: destruir desde dentro la separación de poderes, permitiendo que reine, según Montesquieu, la arbitrariedad que conduce a la tiranía”.
(Vilaweb)
Ante esta situación es lógico pensar que las traiciones, los temores, las ambiciones de poder, para ganar las próximas elecciones, realmente son comprensibles y humanas, pero no son ni éticas ni morales, y no deberían ser los mimbres con los que pretendemos construir la república catalana; que queremos que no sea, en absoluto, un reflejo de la española, manchada por todo tipo de corruptelas.
Y dramáticamente, esta situación kafkiana, me recuerda las obras de ese autor, Franz Kafka (1883-1924), en concreto “El proceso’ (1914) y “El castillo” (1922), a las que seguidamente me refiero; si bien, en primer lugar, es preciso señalar que,
“Acaso no haya mayor gloria para un escritor que su apellido se convierta en un adjetivo. El mundo inconfundible, único e irrepetible de Kafka dio lugar al adjetivo kafkiano, que es una manera de calificar ciertas situaciones absurdas de la existencia, en que fuerzas poderosas sobre las que no tenemos control, ni siquiera acceso, oprimen nuestra vida sin que tengamos posibilidad de defensa. Lo kafkiano es la negación de la libertad, el deseo insatisfecho por algo que se nos impone desde una altura a la que no podemos acceder.”
(José Luis Alvarado)
En “El proceso”, el personaje Josef K, es sorprendido por unos hombres que le informan que han iniciado un proceso contra él, por lo que lo arrestan, pero no lo detienen. Y nadie le informa de qué se le acusa, ni su abogado tiene acceso a esa información. Y le dice que puede hacer un informe abierto, sin saber la acusación, ni ante qué autoridad puede presentarlo.
Un pintor, retratista de jueces, Titorelli, le informa que tiene tres posibilidades: la absolución real, la absolución aparente y el aplazamiento indefinido.
La absolución real sólo la puede conceder el Tribunal Supremo, pero nadie tiene acceso a él, ni los abogados. La absolución aparente es entrar en un mar ignoto. Por lo que lo único viable es ir consiguiendo aplazamientos continuados, de forma indefinida.
Por lo tanto, se trata de una situación totalmente angustiosa, no sabe de qué se te a acusa, ni quién lo ha hecho, ni qué trámites debes seguir, ya que todo es infinitamente superior y alejado del acusado.
En “El castillo”, el personaje K, es un agrimensor que llega a un castillo (un conjunto de viviendas), y sólo al llegar se le dice que no tiene ningún derecho, que necesita un permiso para permanecer en él, y que precisa informarse de los pasos a seguir; y se le informa que la ignorancia de las leyes no le exime de sus responsabilidades.
En el castillo va pasando por diferentes funcionarios, secretarios y subsecretarios, todos ellos recostados en sus respectivas camas, que le van informando que no necesitan ningún agrimensor.
Los funcionarios no representan un escalamiento para llegar al poder, si no todo lo contrario, un progresivo freno para impedir llegar a él.
Los ciudadanos no tienen por qué entender nada, y los funcionarios no tienen por qué justificar tampoco nada.
Al final, después de muchos años, el agrimensor, desesperado, está a punto de desistir, pero un funcionario le dice que sería una lástima, ya que quizás estaba a punto de conseguirlo.
Esta obra finaliza con un párrafo incongruente, ininteligible e inacabado, pues la muerte debido a la tuberculosis impidió que Kafka finalizara su obra:
“K estaba ya en el corredor, en donde Gertäcker lo había atrapado por la manga, cuando la hotelera exclamó aún: Mañana tendré un nuevo vestido, quizá te mandaré a buscar.”
Es evidente que los personajes de Kafka son insignificantes ante la burocracia, el funcionariado, las leyes, el estado; y, por lo tanto, lo único que se espera de él, es que obedezca, que no moleste, que no incomode.
Ya sé que la realidad es diferente, aquí y ahora, el ejemplo de Xavier Muro, ampliamente comentado, tiene su lógica, pues él puede entender que su papel es precisamente velar por el cumplimiento estricto de la legalidad, y nada que decir, salvo que seguramente está en la institución equivocada, y debería volver a su posición anterior en el ayuntamiento. Ya que, en el parlament, la soberanía de los diputados es lo que ha de prevalecer, por encima de cualquier otro argumento.
Amadeo Palliser Cifuentes
