La Ley de Amnistía no cumple con el objetivo de impartir justicia a quienes por condición de pobreza o desigualdad están en la cárcel, pero son inocentes; si el Presidente de la República realmente pretende sacarlos de la cárcel, que haga uso de su facultad Constitucional para indultarlos y no permita que los diputados del partido en el poder, aprueben una ley inconstitucional, un incentivo perverso colmado de errores de técnica legislativa.
Así lo estableció el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza al presentar el posicionamiento del GPPRI sobre el dictamen y explicó que esta ley solo va a beneficiar a los reos acusados por delitos del fuero federal, no del fuero común como es el delito de aborto y el robo.
Con datos del Primer Informe de Gobierno, al 30 de junio de 2019 se encontraban más de 200 mil personas en centros de reclusión, 170 mil de ellos por delitos del fuero común; 30 mil de ellos presos por delitos del fuero federal; 94 por ciento hombres y menos del 6 por ciento, mujeres, “de hecho, no hay ningún caso registrado, a nivel federal, por aborto, ya que ese delito es del fuero común, igual que el robo”, expuso.
En esta iniciativa, a las víctimas del delito no se les tomó en cuenta, no existen, están desprotegidas, muy a pesar de que el artículo 20 Constitucional otorga el derecho a reparación del daño. En consecuencia, la ley es omisa y no admite aportar pruebas en beneficio de las víctimas.
Otra incongruencia, es la creación de una comisión en la Secretaría de Gobernación, a la que no se le otorgan facultades constitucionales; sin embargo, se le permite dictar a un juez cómo es que va a proceder sobre un caso en particular.
“Los jueces son los únicos facultados para establecer una sentencia y el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, la comisión no tiene facultades constitucionales y no tiene porque decirle a los jueces qué hacer”, puntualizó Ochoa Reza.
El legislador planteó la urgencia de debatir una auténtica reforma al sistema de justicia penal que resuelva, a futuro, el problema de tener a personas inocentes en la cárcel, por no acceder a un proceso penal justo.
En su intervención, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, para argumentar en contra del dictamen de la Ley de Amnistía, dijo: estamos frente a dos visiones que tenemos que ponderar, por un lado la inseguridad va en aumento de manera alarmante y por el otro, todos queremos liberar a personas que son inocentes y fueron castigadas injustamente por nuestro sistema de justicia, pero el Presidente de la República tiene mecanismos legales, como el indulto, que permite liberar a reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y ni siquiera está acotada su lista de delitos como la Ley de Amnistía.
Otra alternativa es la Ley de Ejecución de Sanciones, que permitiría liberar anticipadamente a personas, pero obliga a dar seguimiento a cada uno de los casos para proporcionar ayuda o apoyo para su reinserción social.
Insistió, se puede aprovechar el marco jurídico pero al mismo tiempo se requiere de presupuesto para las instituciones, no más recortes, como el que se propinó al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, recursos para los defensores públicos.
Habló de un hecho práctico, debido a que se recomienda a los Congresos locales tomar parte de la legislación; ahora, a una víctima se le va a decir que mientras dormía le robaron su carro sin violencia, quizá le costó 35 mil pesos, dentro de los límites que establece la ley de 52 mil pesos y que la persona que cometió el delito será perdonada, la sociedad olvidará, tendrá amnesia de lo que sucedió y además que nadie le va a reparar el daño porque la ley no lo prevé.
“En lugar de ofrecer esos incentivos perversos, fortalezcamos nuestro sistema de impartición de justicia, otorguemos mayor presupuesto a los encargados de implementarlo, para que así, la ley impacte en un cambio positivo en la impartición de justicia”, pidió.
En el mismo sentido, la legisladora Claudia Pastor Badilla, solicitó aceptar y atender rezagos, de lo contrario no habrá beneficios, por ejemplo, el sistema penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, tiene cárceles sobrepobladas, sin diagnóstico, con una mezcla entre procesados, sin sentencia y sentenciados.
El sistema de readaptación, no cuenta con el acompañamiento a quienes salen de las cárceles, las mujeres que en prisión son abandonadas por sus familiares por falta de dinero para visitarlas, se convierten en presas fáciles del crimen organizado.
En el caso de las comunidades indígenas, no se alcanzan a comprender sentencias porque simplemente no hay correspondencia entre ley y conducta, son casos que, a veces, no llegan al escritorio del juez.
Para resolver toda traba, refrendó Pastor Badilla, “se necesita decisión para no cercenar el presupuesto del Poder Judicial y sus instituciones”, todos queremos que no metan a la cárcel a inocentes, que las personas pobres no sean carne de cañón y caigan en manos de la delincuencia, pero esta ley de amnistía no es el remedio, porque simple y llanamente, la ley no respeta la autonomía del Poder Judicial y muchos menos incluye un programa de protección que permita cuidar a las personas que salen de la cárcel.
“El remedio es la capacitación del sistema, es acelerar los procesos de sentencia para que entren en el indulto, es subirle el presupuesto y responder de forma clara y contundente al reclamo social de ir contra la impunidad”, concluyó la diputada por el Estado de México.
Como un voto a favor del dictamen, el diputado Rubén Moreira Valdez externó que la Ley de Amnistía es el camino para terminar con una larga cadena de injusticias, pues dijo, los que están en la prisión son los que menos tienen, los que no tienen abogados de renombre para librarla, personas en la cárcel provocadas por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa.
