– Entre personal penitenciario y personas privadas de libertad, a un año de la pandemia, fallecieron 350 personas y se contabilizaron 4 mil 305 contagios.
– Todo el país corre riesgos graves si no se atiende a esta población.
– A la fecha, ninguna persona privada de libertad ha sido vacunada. Por ello, incorporamos un nuevo indicador en el MapaCOVID-19: vacunas aplicadas a personas privadas de libertad.
El 31 de marzo de 2020, 5 personas en un centro de reinserción social del Estado de México reportaron malestares con sintomatología propia de la Covid-19. A los pocos días, serían confirmados como los primeros casos de infección dentro del sistema penitenciario. Después, el patente desorden, desinterés e incapacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza comenzó a cobrar vidas. Las acciones precisas y conjuntas tardaron en aparecer en las 289 prisiones del país, mientras en algunas, nunca llegaron. Si bien se cancelaron visitas o se restringió inhumanamente la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento en las celdas de por sí sobrepobladas -45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas[1]-, el estatuto de las personas privadas de libertad como ciudadanas de segunda clase, jugó gravemente en su contra y hoy, se siguen contando las consecuencias.
A un año de los primeros contagios registrados en el país, la pandemia continúa en el sistema penitenciario. Del último balance que se llevó a cabo del Mapa Penitenciario-COVID19, el pasado 11 de noviembre, los números de contagios y muertes han mantenido un crecimiento constante: 350 fallecimientos y 4 mil 305 contagios, de las cuales corresponden a personas privadas de libertad, 280 decesos y 3 mil 791 contagios. Sin embargo, estos números recopilados a partir del monitoreo de medios locales y nacionales, así como solicitudes de acceso a la información, continúan siendo mucho más elevados que los reportados por la CNDH, el 2 de marzo, 3 mil 309 contagios y 251 decesos.
La falta de transparencia del sistema penitenciario, ya sea estatal o federal, se puede señalar como una razón importante de esta disincronía. A pesar de las reiteradas demandas de la sociedad civil por esclarecer las metodologías y mecanismos para evitar contagios dentro de los centros, especialmente aquellas que pudieran sobrepasar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, no se podría decir que en 11 meses hubo particular atención a estas demandas. Más bien, si ya existía un blindaje de información en el sistema penitenciario, esto se agudizó durante la pandemia. Generando violencia al interior, protestas al exterior, angustia en familiares y, por supuesto, alarma para el respeto de los derechos humanos en el país, el sistema penitenciario no ha podido con la magnitud del problema que le aqueja. Por ello, con el objetivo de contribuir a la visibilización de la urgencia de vacunar a la población privada de libertad, desde ASILEGAL, incorporaremos un nuevo indicador al Mapa Penitenciario Covid-19: vacunas aplicadas.
Las personas privadas de libertad han adolecido como ningún otro grupo poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol y, aún así, el esquema de vacunación mencionado por Hugo López Gatell, el pasado 2 de febrero, solo contempló a las personas mayores de 60. Esto no es suficiente y, a largo plazo, dañino para el resto de la población.
El contexto de deficiencias de servicios de salud en el 40.44%[2] de todos los centros penitenciarios del país, así como la sobrepoblación en el 33%[3] de los centros estatales hizo impensable la posibilidad de la sana distancia desde el inicio. Como consecuencia, el hacinamiento anteriormente mencionado y la reclusión a celdas de castigo se empezaron a convertir en normas. Los atropellos a derechos humanos llevaron a la absoluta desesperación de familiares que rogaban por saber el mínimo de información, que las autoridades se rehusaron a proporcionar. Esto llevó a que, como anunció la CNDH, se hicieran en este año 1,038 quejas, de las cuales el 51% fueron sobre el derecho a la salud. Un incremento de 717% a comparación con el 2019, donde se hicieron 138, pero sorprendentemente ameritó la misma cantidad de recomendaciones en ambos años: tan solo 13.
Sin la protección de los organismos fundados y puestos para velar por los derechos humanos de todo el grueso poblacional o, más bien, con apoyos que parecieron inconsecuentes e irrelevantes para atacar los efectos de la pandemia, las personas privadas de libertad se han visto forzadas a sobrevivir en la pandemia con todos los elementos en su contra. Además, como ya se dijo anteriormente, de los 4 mil 305 contagios contabilizados, 3 mil 791 corresponden a personas privadas de libertad, mientras 514 corresponden a personal de los centros. Esto tiene efectos profundos en la población general, no solo en lo que respecta al sistema penitenciario.
Los centros de reinserción social, estatales, federales y militares, no son espacios asilados completamente herméticos como lo podría ser un hospital Covid-19. Las personas, inclusive con rotaciones y medidas de salubridad relativas, regresan a sus casas, a sus comunidades que pueden estar en los centros de ciudades, van a hacer compras del supermercado, tienen familias y el potencial de contagios que pueden propagar por cumplir sus funciones no pueden ser menospreciadas. Vacunar a las personas privadas de libertad, así como al personal penitenciario, tiene una mayor importancia que solamente podría ser comparable con el personal médico. Las consecuencias de hacer caso omiso, por punitivismo, estigma y resentimiento social hacia lo que suceda dentro de los centros penitenciarios, tiene efectos graves en el resto de la población.
En el caso, además, de centros que se encuentran alejados de zonas urbanas, puede ser aún más agudo. En pequeñas poblaciones donde la economía local recae principalmente en la existencia de dicho centro, la posibilidad de contagios masivos terminará por decimar a poblaciones que no tendrían acceso a hospitales preparados para hacer frente a la crisis. Defender los derechos de las personas privadas de libertad, su acceso a la salud en el contexto pandémico, significa cuidarnos a todas y todos.
Tenemos la responsabilidad social de vacunar a las personas más vulnerables, a las personas que más han arriesgado y perdido por los efectos de la pandemia. Entender que las personas privadas de libertad forman parte de ese grupo es esencial para poder comenzar a reconstruir el país.
El problema parece ser que las propias autoridades penitenciarias no han podido abstraer la importancia del papel que tienen para poder cuidar no solo a la población que atienden, sino a las miles de personas que convergen a través del sistema penitenciario. Desde ASILEGAL, hace una semana litigamos el caso de Esthela, una mujer privada de libertad con condiciones médicas que la convierten en población altamente vulnerable, por lo que se presentó una petición administrativa para que pudiera tener acceso a la vacuna antes de que su vida se ponga aún más en riesgo.
Al ser presentadas las autoridades penitenciarias con la oportunidad por pugnar e interesarse por su población, la respuesta ante la petición fue negativa y defensiva. Argumentaron que en tanto la secretaría de salud no hizo una referencia específica a la población privada de libertad, no perciben estar obligados a proporcionar la vacuna. Esto demuestra que las autoridades no tienen la intención de colaborar y demandar a otros organismos por la población que es su responsabilidad. Afortunadamente, el juez resolvió a favor de Esthela y las autoridades penitenciarias se verán obligadas a exigir a la secretaría de salud que se tome su población en cuenta, pero al mismo tiempo, queda la duda sobre cuántos sistemas penitenciarios estatales seguirán la pauta si no son obligadas por un juez.
El caso de Esthela, el peligro que corre su vida, se replica en todos los centros penitenciarios del país. Y debemos no bajar el dedo del renglón: la responsabilidad social por vacunar a las personas privadas de libertad, se relaciona íntimamente con lograr darle fin a esta crisis sanitaria. Debemos vacunar a todas las personas que convergen dentro del sistema penitenciario urgentemente.
[1] Informe especial CNDH junio 2020 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/IE_COVID19_Penitenciarios.pdf
[2] CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019), pg. 8
[3] Ibíd. Pg. 9
