- Se ha prestado atípica atención al tema penitenciario durante la pandemia. No obstante, como es usual, las mujeres quedaron en segundo término, siendo víctimas del olvido y el estigma que carga el sistema de justicia sobre ellas.
La pandemia continúa, la nueva normalidad se instaura, los centros penitenciarios plantean un regreso de las visitas y el país sigue, hacia delante, como si el pasado hubiera dejado de surtir efecto sobre el presente. Mientras unas personas en posiciones de poder se ocupan de ver la salida, “el pico”, o el “aplanamiento de la curva”, otras siguen bajo el mismo techo de abuso bajo el que siempre han vivido.
Las mujeres en conflicto con la ley penal, privadas de libertad o no, simplemente no han podido acceder a un goce pleno de sus derechos desde antes de la pandemia y, en su futuro cercano, hay pocos indicios para creer que esto cambiará. Si bien siempre se menciona la Ley de Amnistía, sus efectos están aún por verse reflejados en la población pues apenas se creó la comisión de seguimiento que prevea su implementación. De esta manera, y a según que se impulsó la ley con mayor urgencia bajo la finalidad de frenar contagios, las mujeres siguen en velo. Esperando, año con año, que se haga justicia y se escuchen la multitud de factores y castigos extra-penales que sufren por estigma, tabú y aniquilación social y económica de sus capacidades.
Acorde al informe especial presentado por la CNDH sobre medidas en centros penitenciarios para atender la emergencia sanitaria, para el pasado 4 de junio solamente se habían registrado 3 contagios de mujeres en los centros penitenciarios del país. La cifra, lamentablemente elusiva y altamente dubitativa, no es concordante con las recomendaciones que se ha visto obligada a extender la misma CNDH con respecto a centros femeniles o mixtos (los segundos en clara violación del artículo 18 de la Constitución) a estados como Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Nayarit. La mezcla de espacios para mujeres con los de hombres, el distanciamiento flagrante a la idea de una privación de libertad acorde a las necesidades y derechos específicos de la mujer, constituyen las primeras de una serie de abusos que sin tregua, durante la pandemia o la salud, siguen perpetrándose.
La falta de transparencia con la que se pueden dar el lujo de operar los centros penitenciarios femeniles, es correspondiente con el olvido y estigma con el que deben de vivir las mujeres privadas de libertad. Estos mismos factores, por lo tanto, permiten que solo se mencionen 3 contagios de mujeres en un reporte nacional de la CNDH y pueda pasar desapercibido, cuando, en realidad, tan sólo en la CDMX para mayo ya se tenía conocimiento de 19 contagiadas en un CRS.
Las mujeres, sin ser el foco de atención más importante en el desarrollo de la crisis de salud dentro de los centros penitenciarios, siguen en el olvido del estado y la sociedad por igual, cosa que corresponde con el número mínimo de contagios reportados por la CNDH. La falta de información es un síntoma y consecuencia del desarrollo de los miles de procesos en contra de mujeres privadas de libertad. La evolución de la privación de la libertad de las mujeres en los últimos años, comparado con el porcentaje de hombres que forman parte de la población penitenciaria, señala una alza de la criminalización de la que son víctimas. Si bien existió una disminución importante de 2015 a 2016, para 2019 la alza claramente señala que las mujeres están enfrentándose a un sistema de justicia en el que las probabilidades de perder la libertad son más altas que los hombres.
Esta disparidad, sin embargo, no se agota precisamente con el porcentaje de evolución de los porcentajes de la población privada de libertad a lo largo de los últimos 15 años. Es particularmente visible, por su parte, al analizar cómo la mirada misógina y punitiva del sistema de justicia mexicano es claramente proclive a ordenar prisión preventiva a las mujeres sobre los hombres. Con 10 puntos porcentuales arriba del porcentaje masculino, se vuelve claro a partir de la gráfica debajo que las mujeres, a mayo del 2020, tienen una posibilidad sustancialmente menor de acceder a un juicio justo y con respeto a sus derechos constitucionales que los hombres. No por obviar que, independientemente del género de las personas, las irregularidades y malas prácticas del sistema de justicia en México ocurren con completa cotidianidad e impunidad, solamente que estas condiciones se acrecientan cuando le suceden a una mujer.
Estos mismos factores, finalmente, se vuelven determinantes cuando otros aspectos sociodemográficos se toman en cuenta: la edad y escolaridad de las mujeres que entran en conflicto con la ley penal. Acorde a datos recopilados del Censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatales 2019 (INEGI), el 50% de la población femenina privada de libertad tiene entre 18 y 34 años; ser mujer joven es un factor de vulnerabilidad no sólo frente la potencialidad de ser víctima de un crimen, sino también de recibir una medida privativa de libertad. Entre menor la escolaridad, a su vez, las probabilidades a nivel nacional se acrecientan, donde el 67.22% de las mujeres privadas de libertad cuentan con estudios hasta secundaria. De tal manera que el 6.90% no tienen ningún nivel de escolaridad, el 24.57% cuentan con educación escolar o primaria y el 35.75% con secundaria. Es decir, las mujeres a nivel nacional seguido se ven regularmente forzadas a cumplir papeles sociales que obligan a dejar sus estudios, lo cual las orilla a enfrentar situaciones de vulnerabilidad aún mayor.
El recuento histórico, al menos de los últimos 15 años de personas privadas de libertad muestra que la regla, usualmente, ha sido encarcelar más a las mujeres preventivamente que a los hombres.
Con la mirada puesta en dirección hacia el final de la pandemia, el olvido de estos factores que han sido conocidos y constatados durante años será el mayor enemigo a enfrentar. El estado de alerta bajo el que hemos vivido los últimos meses debe redireccionarse hacia las poblaciones que más lo necesitan. Las mujeres, con urgencia y desde hace años, merecen un sistema de justicia superior al que se tiene.
–
Por Sergio Pérez Gavilán, periodista de investigación de ASILEGAL; con investigación y gráficos de Astrid Fonseca, coordinadora de investigación de ASILEGAL
