‘Lawfare’ a la española

El neologismo ‘lawfare’ fue definido por John Carson y Neville Thomas Yeomans en 1975.

El ‘lawfare’, o guerra judicial, se define como una guerra asimétrica que consiste en utilizar el sistema legal contra un enemigo, perjudicándolo, deslegitimándolo y haciéndole perder tiempo y dinero, para obtener una victoria.

(fuente Wikipedia)

‘Spain is different’, ya lo dijo Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), ministro franquista y fundador de Alianza Popular, origen del PP.

En los años setenta del siglo pasado, Fraga era ministro de información y turismo (1962-1969), y lanzó ese eslogan para ‘sacar ventaja de la fama española de país aislado y de costumbres bárbaras’, ‘España no era peor, era diferente’; así intentó contrarrestar la idea de que ‘España empezaba en los Pirineos’. Fraga, de ese modo, repetía: ‘Spain is different, ni mejor ni peor. ‘Spain es un país exótico’: ‘Visit Spain’.

Tradicionalmente, el reino de España está instalado en el ‘que inventen ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus inventos’ de Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) en su obra ‘El pórtico del templo’, de 1906.

Y después, ‘nos aprovechamos’ pero con matices y singularidades carpetovetónicas, acabando con unos productos propios del ‘país exótico’, de Fraga; así:

• en lugar de un levantamiento militar contra un orden legal, tuvimos una cruzada;
• en lugar de una dictadura franquista y fascista, tuvimos una democracia orgánica, incluso con su sindicato vertical;
• una ‘transición’ para perpetuar los principios fundamentales franquistas. La verdad es que hacer una transición sin moverse del puesto original, merece un Óscar;
• acabar con una ‘democracia plena’, pero mejor no decir de qué está llena, pues el espectáculo que está dando el poder judicial …
• y con una ‘monarquía democrática’, cuando debió ser camuflada dentro de la constitución, por no atreverse a hacer un referéndum específico.

Respecto a ese espectáculo, ayer vimos a Carlos Lesmes, presidente del consejo general del poder judicial y presidente del tribunal supremo, en la apertura del año judicial, ante el rey, dando una nueva muestra de lawfare, pues Lesmes no respetó la separación de poderes.

Él, como máxime responsable del poder judicial y, por lo tanto, con muchísimo trabajo si quisiera limpiarlo, democratizarlo y actualizarlo con los estándares europeos; en lugar de eso, se dedicó a criticar a los otros poderes, el ejecutivo y el legislativo; marcando ‘paquete’, como se dice vulgarmente. ¿Qué pasaría si fuera al revés?

Criticó a los partidos políticos, PP y PSOE, por no ponerse de acuerdo en la renovación de los nuevos magistrados de la junta de gobierno de los jueces; y es verdad, Lesmes tiene razón, el PP ha boicoteado esos cambios, pues ya le iba bien la configuración de jueces, de cuando el PP tenía mayoría en el parlamento, y también tenía el ejecutivo. Pero que sea ahora, cuatro años después, y cuando quedan escasos días (hasta el martes 13) para sustituir a dos miembros del tribunal constitucional, y amenazando con su dimisión, no deja de ser otra maniobra propia de tahúres; mejor dicho, de pícaros, ya que aquí en España, tenemos nuestros maestros en la picaresca. Y ahora vemos que se está tramando un nuevo golpe de lawfare, para boicotear el relevo del tribunal constitucional antes del próximo martes.

Asimismo, defendiendo la efectividad de las sentencias y condenas, ‘que no deben acabar siendo simples enunciados retóricos’, criticó al ejecutivo por los indultos concedidos a los líderes independentistas.

No hay que olvidar que el ‘derecho de gracia’, legalmente le corresponde al poder ejecutivo y, por lo tanto, el poder judicial no tendría que decir nada.

Sobre este punto, hay que recordar que desde el año 1996, los gobiernos españoles han concedido 231 indultos a condenados por corrupción, prevaricación y malversación: Aznar concedió 139, Zapatero 62, Rajoy 16 y Sánchez lleva 4. Asimismo, en este carpetovetónico estado, se dan los chuscos indultos concedidos a petición de cofradías, por Semana Santa, rememorando a Barrabás. Pero, claro, sobre todos estos casos, no dice nada; Lesmes sólo se queja de los concedidos a los independentistas catalanes, pues para él, para el sistema, la unidad de España es sagrada. 

También alertó al poder legislativo sobre la posible reforma del código penal, para actualizar los delitos de sedición y rebelión, señalando que:

‘Hay el riesgo que, si se materializa esa desjudicialización, se acaba produciendo una huida de la ley o, cosa más grave, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos. Tendría, como consecuencia, el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos ante el resto de ciudadanos, por el simple hecho de su capacidad de influencia política’. 

Asimismo, Lesmes criticó duramente al ex vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias por haber hablado de la ‘humillación’ de la justicia española cuando algunos tribunales de otros países europeos rechazaron las euroórdenes contra el ex president Carles Puigdemont y otros líderes del proceso:

‘Tal vez ignoraba este dirigente político al hacer declaraciones tan desafortunadas, que el derecho europeo las interpreta, en última instancia y con carácter vinculante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea’ y recordó ‘que tiene pendiente resolver una cuestión prejudicial elevada por el juez instructor del supremo español Pablo Llarena. Se ha producido ya un primer pronunciamiento sobre esta cuestión mediante la emisión de la cualificada opinión del abogado general Richard de la Tour, que no corrobora precisamente esta supuesta humillación a la justicia española’.

Sobre el particular, Lesmes, ‘olvida’ la mala traducción al castellano, del informe del citado abogado general de la Tour, que gira el sentido de la norma:

‘Se trata del considerando 12 de este documento (la decisión marco del 2002), donde se concreta que una euroorden puede ser rechazada ‘si se constata que se ha emitido para perseguir una persona por razón de sexo, raza, religión, origen, étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas o orientación sexual’. Pues bien, a petición de la defensa de Carles Puigdemont, Ton Comín y Clara Ponsatí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha debido corregir un error de la traducción al castellano, de una referencia en este punto que hacía el abogado general Richard de la Tour en las conclusiones que publicó el mes de julio y que se alineaban con la posición del juez Pablo Llarena’

(…) Este error de traducción venía a decir que nada de lo que dice esta norma puede impedir la entrega de una persona por una euroorden si es perseguida por uno de los supuestos que enumera este mismo considerando. A mediados de agosto, según las mismas fuentes consultadas por VilaWeb, el tribunal respondió que ya se había dado cuenta de ese error y que procedió a corregirlo inmediatamente.

(…) Nadie ha explicado todavía cómo puede ser que se haya hecho uso de esa traducción que vacía de significado una disposición tan importante en este procedimiento, y más teniendo en cuenta que ya hace cinco años que el boletín de la UE publicó la versión buena en castellano. Es preciso recordar que en el boletín oficial español (BOE) continúa con la versión errónea’.

(Josep Casulleras Nualart, Vilaweb, 6 de setiembre del 2022)

Como vemos, todo es una vergüenza, todo es una clara muestra de la guerra judicial española, su lawfare, y, como tal, es una guerra asimétrica, ya que el poder judicial se otorga la supremacía sobre la democracia, como han defendido repetidamente ministros y exministros, así como muchos otros pseudo intelectuales unionistas.

Y todos ellos motivados por la salvación de la unidad de España, ante el más terrible asalto del independentismo catalán.

En definitiva, y tal como explicó el citado Miguel de Unamuno, respondiendo al fundador de la legión, el asesino general José Millán-Astray y Terreros (1879-1954) que, en la universidad de Salamanca, en la festividad del 12 de octubre de 1936 (el nefasto día de la Hispanidad, antes, ‘Día de la raza’), dijo: ‘muera la inteligencia, muerte a la intelectualidad’. Unamuno, rector de dicha universidad, respondió:

‘Éste es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho’

Y en estas estamos, el estado español, en el que ya no se puede diferenciar entre cloacas, estado profundo o superficial, pues todo es la misma porquería, nos vencerán a los independentistas catalanes, pues ellos tienen sobrada fuerza bruta, como nos han mostrado y siguen mostrando, pero no nos convencerán. Les falta razón y derecho en su lucha.

España es diferente, SI, y mucho peor que el estándar de los países democráticos europeos, y ese ‘exotismo’ (de Fraga) nosotros no lo queremos, que se lo queden ellos, si tanto les gusta y convence.