Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México avanza en la aprobación de una reforma legal que sancionará hasta con seis años y ocho meses de prisión a quienes cometan el delito de acecho o stalking, medida impulsada para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia. Sin embargo, la redacción ambigua de la iniciativa y los antecedentes recientes de censura y persecución judicial contra la prensa en el país han encendido las alarmas, ante el riesgo de que esta legislación se preste a abusos de poder y sea utilizada para silenciar a periodistas, críticos e investigadores.
La iniciativa, presentada por la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), contempla modificaciones al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas de carácter estatal. En comisiones legislativas fue avalada por unanimidad y está a la espera de ser discutida en el Pleno, donde se anticipa su aprobación.
La nueva ley contempla penas de seis meses a dos años de prisión para quienes vigilen, sigan, rastreen, persigan o busquen establecer comunicación insistente, incluso a través de redes sociales o mediante el uso de dispositivos tecnológicos, en contra de la voluntad de la persona afectada. En casos agravados, como cuando el acecho es cometido por servidores públicos, con armas, o provoca daño psicológico, las penas pueden llegar hasta seis años y ocho meses de prisión.
Libertad de expresión en la mira
Aunque la propuesta ha sido presentada como una medida necesaria para enfrentar el acoso y hostigamiento que sufren las mujeres mexiquenses, especialistas, organizaciones civiles y periodistas advierten que, de no establecerse límites claros, la ley puede convertirse en un instrumento para inhibir la crítica y la investigación periodística.
“Se entiende la necesidad de combatir el acecho, pero en su redacción actual, la ley no distingue entre un acosador y un periodista que investiga o da seguimiento a un funcionario. Eso abre la puerta a interpretaciones discrecionales y posibles abusos”, advirtió un abogado constitucionalista consultado.
Los temores no son infundados. En las últimas semanas, el país ha sido escenario de varios casos donde se ha utilizado el aparato judicial para censurar investigaciones y perseguir periodistas:
- En Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal enfrentaron medidas cautelares para retirar una columna que revelaba presuntos vínculos de corrupción entre el poder judicial y grupos criminales.
- En la misma entidad, el medio digital Código Magenta fue demandado por una candidata a magistrada que denunció “violencia política de género” tras la publicación de investigaciones sobre sus presuntos nexos familiares y políticos con el crimen organizado.
- En Puebla, la controvertida “Ley Censura” o Ley de Ciberseguridad ha sido señalada como un mecanismo para inhibir la libertad de expresión y duplicar delitos ya contemplados en la ley.
- En Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez enfrenta un proceso penal por presunta “incitación al odio”, luego de sus críticas a la gobernadora Layda Sansores.
Estos antecedentes revelan un patrón de judicialización de la libertad de expresión, donde leyes ambiguas se convierten en armas legales para intimidar y censurar a voces críticas.
Piden proteger a las mujeres sin criminalizar la crítica
Desde la sociedad civil se ha reiterado la importancia de proteger a las mujeres mexiquenses de conductas de acecho y violencia, pero también se ha exigido que la ley incorpore salvaguardas para garantizar el ejercicio del periodismo, la investigación y la crítica a los actores públicos.
“El trabajo de los medios y de los investigadores implica, por naturaleza, seguimiento, vigilancia, solicitud de información y uso de tecnología. Sin excepciones claras, este tipo de leyes pueden terminar criminalizando actividades legítimas y afectando el derecho a la información de la sociedad”, afirmó una representante de un colectivo de periodistas.
Por ahora, el dictamen aprobado en comisiones no contempla disposiciones que distingan entre el acecho con fines violentos o de intimidación, y las acciones inherentes al periodismo, la fiscalización ciudadana o la defensa de derechos humanos.
Alerta por posible persecución política
Los especialistas también advierten que el endurecimiento de penas para quienes cometan acecho, cuando la víctima sea un servidor público, podría prestarse a represalias contra quienes documentan casos de corrupción, abuso de poder o violencia institucional.
En los casos recientes, como en Tamaulipas, Puebla y Campeche, funcionarios han utilizado figuras legales para intentar frenar publicaciones incómodas, alegando daños morales, violencia política de género o incitación al odio, lo que sienta un precedente preocupante.
Llaman a corregir antes de aprobar
De cara a la discusión final en el Congreso mexiquense, organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han exhortado a los legisladores a introducir candados que eviten que esta ley, concebida para proteger a las mujeres, se convierta en un mecanismo de censura o persecución.
El debate sobre esta reforma se da en un contexto nacional marcado por un deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la investigación crítica, en el que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para la prensa, de acuerdo con organismos internacionales.
