La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura del Estado de México aprobó que para ser director de Seguridad Pública Municipal (o su equivalente) será necesario contar con licenciatura y, preferentemente, con una especialización en seguridad pública, así como tener experiencia mínima de un año en la materia, además de someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza para su ingreso y permanencia.
La iniciativa fue presentada, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, por el diputado Sergio García Sosa, quien afirmó que es urgente que quienes se encarguen de las estrategias de seguridad pública en los municipios sean verdaderos profesionales y cuenten con experiencia en la materia para que puedan atacar el problema de la inseguridad desde el ámbito municipal.
Por ello, el diputado García Sosa, presidente de la comisión dictaminadora, aseguró que los municipios requieren planes y diseños que integren policías eficientes y efectivos, dirigidos por una persona con capacidad, que garantice la protección de los vecinos del municipio, “donde sus bienes y derechos estén fuertemente protegidos y sean obligatoriamente respetados”.
Correspondió a la diputada Violeta Nova Gómez (morena), quien fungió como secretaria de la Comisión, la lectura del dictamen emitido por este órgano parlamentario una vez sustanciado el análisis de la propuesta, el cual fue aprobado por unanimidad y precisa que el propósito es fortalecer jurídicamente a las autoridades municipales en materia de seguridad pública.
La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México reconoce que tanto en el país como la entidad los niveles de inseguridad y delincuencia son altos, y la población no confía plenamente en las corporaciones y autoridades de seguridad y policiales.
Esto último, apunta, ya que la encuesta denominada ‘México, confianza en Instituciones 2019’ reveló que la policía ocupó el quinto lugar en cuanto a desconfianza ciudadana, ubicándola detrás de los partidos políticos y los sindicatos.
