Max Correa pidió fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de quienes han hecho negocio con esta vía de comunicación
La LX Legislatura mexiquense exhortó al titular del Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones estatales a iniciar acciones para rescatar y revocar la concesión del tramo Toluca-Atlacomulco correspondiente a la carretera Panamericana, así como investigar posibles hechos de corrupción en la prórroga de la concesión otorgada hasta marzo de 2053.
Al exponer en tribuna sus argumentos, el diputado proponente, Max Agustín Correa Hernández (Morena), recordó que desde que se otorgó la concesión en 1984 se han realizado modificaciones en 1993, 1995, 1999, 2003, 2006 y la última en 2015 de manera ilegal, violando la Constitución y leyes federales para favorecer a grupos políticos.
Explicó que a pesar de que esta vía forma parte de la carretera Panamericana, que es una ruta internacional tulelada por tratados internacionales como una vialidad de libre paso, desde 1984 se privatizó al entregar la concesión a la empresa denominada Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. de C. V.
Ante ello, tanto la Cámara de Diputados federal, como el Congreso local han emitido puntos de acuerdo desde 1998 en los que se solicita revocar la concesión modificada en seis ocasiones y que permitirían a la empresa su operación hasta el 31 de marzo de 2053, llamados que no se han atendido.
“No son ajenos a la realidad nacional y de los estados los numerosos conflictos que existen en torno a la posesión, aprovechamiento y explotación de las vías generales de comunicación. A lo largo de casi 40 años los gobiernos federales y estatales han modificado y violado las leyes para poner en manos de grupos políticos, familiares y caciques las concesiones sobre las vías de comunicación”, sostuvo el legislador.
Refirió que esta vía es una de las más transitadas del estado y del centro del país, pues el tránsito diario promedio en las casetas de cobro, hasta mayo del presente año, fue de 48 mil 476 vehículos, a pesar de que se han detenido los procesos de movilidad por la pandemia de covid-19.
“La única manera de resarcir los daños ocasionados por la ilegal entrega de la vía es regresar con acción inmediata a los ciudadanos del Estado de México una carretera Panamericana modernizada y libre, y que se finquen las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los servidores públicos e inversionistas privados que han hecho negocio y quieren seguir haciéndolo con una vía de comunicación protegida por un Tratado Internacional”.
El punto de acuerdo exhorta al gobernador Alfredo del Mazo y al secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón Chávez, para que ejecuten acciones coordinadas tendientes a garantizar los derechos de rescate y reversión que les impone la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
