Las organizaciones y las personas que suscribimos este posicionamiento, exhortamos a las y los diputados federales a no aprobar el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación ni la reforma para extinguir sus fideicomisos propuestos por algunos diputados, por ser contrarios a la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el marco de la discusión del presupuesto de egresos 2024, varios diputados han señalado que analizan un recorte del presupuesto del PJF de entre 15 y 25 mil millones de pesos. Si los diputados aprueban este recorte, la reducción podría ser de entre 19 y 31% en comparación con el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2023.
El gasto del PJF entre el 2000 y el 2018 representó, en promedio, el 1.4% del gasto programable, mientras que en este sexenio se prevé que cierre en 1.3% (esto, considerando el monto solicitado por el PJF), cifras por debajo de la recomendación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados de dotar al Poder Judicial con al menos el 2% del presupuesto del Estado. Si se llevara a cabo el recorte de 25 mil mdp, el presupuesto del PJF no representaría ni el 1% del gasto programable en 2024.
Tomando en cuenta que hoy más del 85% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación se dedica a pagar las remuneraciones de sus 55,800 empleados, el recorte del presupuesto del PJF implicaría el cierre de juzgados y tribunales, y por ende el aumento del rezago. En este sentido, una reducción presupuestal como la que se ha planteado afectaría el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
Esto es especialmente preocupante porque en los últimos años el PJF ha recibido más asuntos y ha sido objeto de reformas que le han añadido funciones (como la implementación de la materia laboral o del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares). Además, las reformas debieron acompañarse de una evaluación de impacto presupuestario objetiva para estimar los costos de implementación de esas reformas y proveer de recursos adicionales al PJF para ello.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de ley el 6 de septiembre de 2023 que propone liquidar los fideicomisos del PJF.
La iniciativa propone establecer que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en esta Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.
Esto contravendría la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le permite al Poder Judicial constituir fideicomisos públicos y financiarlos con recursos del presupuesto de egresos (artículo 9) y establece que al extinguirlos, los recursos públicos remanentes deberán enterarse a su propia tesorería (artículo 12).
Independientemente de esta vulneración, transferir recursos públicos de un ramo hacia la Tesorería de la Federación implica, en la práctica, una decisión discrecional y sin certeza del uso final de los recursos, ya que la Tesorería contabiliza esos recursos en el rubro de ingresos por aprovechamientos, sin aclarar el origen de los mismos.
De esta manera, el Poder Ejecutivo puede usar esos ingresos para financiar cualquier otro fin sin dar explicaciones, perdiendo la trazabilidad del gasto. Esta práctica ya ha sido documentada como un mecanismo efectivo para cambiar o redirigir el gasto.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante que todo fondo y fideicomiso público deba operarse con buenas prácticas de gobernanza y sujetarse a obligaciones de transparencia más robustas y procesos de evaluación.
Con el fin de no erosionar la división de poderes ni afectar el ejercicio de derechos, exhortamos a las y los diputados a respetar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, y por lo tanto, no aplicar los recortes a su presupuesto en los términos que se han señalado ni tampoco aprobar la reforma que pretende liquidar sus fideicomisos.
Adicionalmente, estas amenazas motivan a discutir reformas destinadas a definir con mayor claridad y objetividad cuál debe ser el tamaño del presupuesto del Poder Judicial para evitar la politización del mismo, esta claridad ayudará a salvaguardar su autonomía y el derecho de acceso a la justicia de los mexicanos, mediante los siguientes cambios:
Garantías presupuestales:
- Fijar un porcentaje mínimo del gasto programable para el Poder Judicial de la Federación.
- Establecer que el presupuesto aprobado para el Poder Judicial no podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior, a menos que así lo solicite.
- Garantizar la ministración de recursos conforme a su calendario mensual sin que la Secretaría de Hacienda pueda modificarlos.
Garantía de audiencia:
- Prever la obligación de invitar al Poder Judicial de la Federación a participar en la discusión presupuestal o durante el proceso de dictaminación de reformas que lo afecten.
Garantía de valoración objetiva y técnica:
- Motivar justificada y reforzadamente las reducciones presupuestales que apruebe la Cámara de Diputados al Poder Judicial.
- Establecer la obligación de que una instancia especializada e imparcial realice una estimación del costo de reformas que afecten al Poder Judicial, antes de que éstas se aprueben.
Transparencia de los fideicomisos del PJF:
- Crear una política pública integral, con medidas de gobernanza y rendición de cuentas para el manejo responsable de sus fideicomisos, que incluya esquemas de evaluación sobre su desempeño.
- Expedir lineamientos robustos para la creación y extinción de sus fideicomisos, basados en diagnósticos y evaluaciones.
- Publicar información periódica sobre sus estados financieros, el detalle de sus operaciones, la lista de los programas financiados, y de más información que contribuya a la rendición de cuentas.
- Hacer rastreables los recursos transferidos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación y consolidar la información en la Cuenta Pública.
