Durante el próximo proceso electoral los funcionarios mexicanos, sin importar el rango o la afiliación partidista que sostengan, tienen la obligación de no hacer proselitismo en favor o en contra de ningún candidato ni postura ideológica, aseguraron abogados y funcionarios expertos en materia electoral.
Durante la conferencia virtual convocada por México Justo.org AC denominada Libertad de Expresión y Equidad de Contienda, Fernando Ojesto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que México tiene ya 14 años con restricciones de propaganda electoral para los funcionarios, mismas que buscan garantizar la equidad en los procesos con base en la reforma del artículo 134 constitucional.
Hizo un recuento de proceso de medidas cautelares solicitad al INE por el Partido de la Revolución Democrática en contra del presidente de la república, derivada de la respuesta dada por éste a un periodista en la conferencia mañanera del 23 de diciembre en donde se le pidió su opinión sobre la coalición Va por México conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, la cual generó una ininterrumpida “cadena impugnativa” que aún no concluye.
El experto afirmó que el país ha avanzado en materia de libertad de expresión y de equidad, pero no en materia de educación cívica, con la consolidación de actores políticos y servidores comprometidos con el derecho y la democracia con un total compromiso.
Al respeto Dania Paola Ravel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral aseguró que en el caso de los límites del presidente de la república, cuando haya algún señalamiento en su contra será el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación quien defina si cumple o no con la ley a través de la Sala Regional especializada y después de la Sala Superior, y serán ellos quienes determinan si procede alguna sanción contra el mandatario por hacer declarar en favor o en contra de algún partido o candidato.
Dijo que las medidas cautelares solicitada por el PRD fueron resueltas por la Sala Superior en una reunión privada, lo que no abona a la transparencia y el acceso a la información en México.
Por su parte Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México justo.org AC dijo que el reto es promover una educación que fomente la madurez política y democrática en el país.
Se refirió a las elecciones intermedias que han tenido una mayor participación ciudadana y las cuales han provocado los mayores cambios en la conformación del Congreso y con ello diversificado las opiniones y las decisiones en beneficio de la población.
Yessica Esquivel, directora del Centro de Derechos Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humano, aseveró que son necesarias fronteras jurídicas que sean respetada, previamente definidas, que eviten el riesgo de los excesos por parte de algunos funcionarios.
Se pronunció por el empoderamiento de la población a través del conocimiento sobre procesos electorales y el uso de herramientas como el derecho de réplica.
Dijo que para garantizar elementos de “piso parejo y equidad” son necesarias la aplicación de las consideraciones sobre la pluralidad en ofertas políticas, sobre la influencia y el poyado mediática y desde luego sobre el financiamiento.
Se refirió a la importancia de fomentar la educación en la población, la reducción de la brecha digital ya que las campañas se desatan en las redes sociales, de retomar el derecho de república, el planeamiento de acuerdos cooperación en internet y revisar en área de ciberseguridad.
Finalmente, Raúl Flores, presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, destacó los parámetros que han establecido el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral para procurar la libertad y la equidad.
Es necesario proteger los principios en materia electoral, en especial los que rigen la organización de las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y ahora género. De igual manera los que rigen el sufragio universal libre: secreto, directo, personal e intransferible.
La presentación de la conferencia corrió a cargo de Genaro Góngora Pimentel, presidente del Consejo Académico de México Justo.org AC y fue moderado por la licenciada Tania Reyes. La relatoría fue hecha por Daniel Maldonado, estudiante la facultad de Derecho de la UNAM.
