Jordi Oriola Folch
El 11 de septiembre los catalanes conmemoramos la pérdida de la soberanía de Cataluña, porque, ese día de 1714 Felipe V entró con su ejército en Barcelona y anexó Cataluña a un Estado absolutista, gobernado desde Madrid y que anuló a todas las instituciones catalanas e impuso la lengua castellana prohibiendo la catalana.
Ante el incremento del desencuentro con España, desde hace 10 años, los catalanes nos hemos venido manifestando pacíficamente por cientos de miles, reivindicando la independencia de Cataluña respecto de un Estado que nos trata como una colonia. En la manifestación de este año ha habido unas 300.000 personas según estimaciones independientes (700.000 según los organizadores y 150.000 según la policía a las órdenes del PSC, un partido nacionalista español). Así, el independentismo catalán demuestra ser el movimiento europeo más potente y que organiza las manifestaciones más multitudinarias del continente de manera continuada año tras año.
Ante esto, el nacionalismo español, acostumbrado a luchar contra ETA con la policía y los jueces, trata al movimiento independentista, pacífico y no-violento, como si fuéramos terroristas. Desde Madrid se sienten legitimados para imponernos la pertenencia a España, como si estuviéramos en una dictadura, en lugar de intentar ganarnos política o democráticamente, por ejemplo, aceptando que sea en un referéndum acordado donde el pueblo catalán pueda decidir qué quiere ser.
Y es cierto que no es necesario que todas las naciones sin estado constituyan nuevos estados dentro de Europa. Habría que estudiar cada caso según su realidad propia. Sin embargo, el caso catalán, por modos y por volumen, se ha ganado ser considerado como caso muy singular, y sobretodo por la represión y los abusos que ha llevado a cabo España, que acreditan que los catalanes somos una minoría nacional dentro del Estado español que cuenta con una ‘causa justa’, puesto que necesita constituirse como Estado soberano de forma que pueda garantizar los derechos básicos, democráticos y sociales de sus ciudadanos.
