En nuestro ejercicio democrático, preservar la fortaleza de los organismos constitucionales autónomos es fundamental; es un derecho ganado para el funcionamiento del Estado, un contrapeso para el mejorejercicio del poder; pero, sobre todo, permite proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, afirmó la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo.
“La autonomía garantiza transparencia, legalidad y evita la sumisión ante el poder”, subrayó la legisladora al advertir a los diputados federales que deben garantizar los recursos económicos para la realización del Censo de Población y Vivienda del 2020, porque México y el Ejecutivo federal necesitan información confiable, de calidad y libre de cualquier sesgo político.
Herrera Anzaldo lamentó el recorte de recursos a los organismos autónomos por más de tres mil 428 millones de pesos en este 2019. Y que, en específico, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, le hayan quitado 500 millones de pesos.
Recordó que “el Censo es primordial para el correcto ejercicio del presupuesto y la aplicación de cualquier política pública”, por ello en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos ciertos que la autonomía garantiza transparencia y legalidad, pero además evita la sumisión ante el poder”.
La integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación explicó: sabemos que el año próximo será económicamente difícil, pero los mexicanos no podemos estar sujetos a “otros datos”; el Censo de Población y Vivienda sigue siendo una herramienta vital para la transparencia y el ejercicio correcto de los programas de esta Administración federal, de las administraciones estatales y desde luego las municipales, dijo la legisladora.
Por ello refrendó que tanto el INEGI, como todas las entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería, patrimonios propios y autonomía de gestión tendrán el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI, porque “para nosotros, la autonomía es fundamental en nuestro ejercicio democrático, es un derecho ganado para el funcionamiento del estado, un contrapeso para el mejor ejercicio del poder, pero sobre todo, permite proteger los derechos de las y los ciudadanos”, enfatizó.
