El pasado sábado 19, Pedro Sánchez, en una entrevista en ‘La sexta noche’, ‘sorprendió por la dureza con que trató a Torra. La inhabilitación del ‘president’, en caso de que el Supremo así lo acuerde, habría sido ‘innecesaria si hubiera cumplido la ley y con los requerimientos de los tribunales’. Ahora puede ser apartado del cargo, ‘en plena pandemia’, y el Parlament, si no nombra a un sucesor’ dejará al Govern muy mermado, criticó’. ‘Lamentamos, y mucho, que este sea un nuevo capítulo de la judicialización de la crisis, que en este ámbito la ha traído el ‘president’, añadió Sánchez, subrayando ‘la profunda tristeza’ que le produce la situación en Catalunya’.
Es vergonzoso que Pedro Sánchez no quiera recordar que él si que realizó un delito electoral en los comicios del 10 de noviembre del 2020, y ‘la Junta Electoral Central (JEC) sancionó a Sánchez con 500 euros por hacer campaña desde la Moncloa. Es la primera multa del órgano de control a un presidente del Gobierno, pero se sitúa entre las sanciones más bajas que podía imponer.
El acuerdo de la JEC declara que el presidente Pedro Sánchez incurrió entonces ‘en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la realización y difusión de la entrevista de referencia, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su condición de presidente del Gobierno en funciones’. La Junta Electoral concluye así que la actuación del candidato del PSOE provocó ‘el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral, en aplicación del art. 50.2 de la Loreg, y la consiguiente merma del principio de igualdad de armas entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones, que dimana del art. 8.1 de la Loreg’
(El País, 23 enero 2020)
Este delito, junto con otros que cometieron ministros en funciones, fueron realmente una intervención manipuladora, ya que tenían el ánimo de beneficiarse electoralmente.
Mientras que el president Quim Torra, en unas elecciones generales, convocadas por Pedro Sánchez, y en las que Torra no era candidato, ‘pecó’ por mantener una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos, mediante unos lazos amarillos, y después sustituyéndola por otra recordando la libertad de expresión. Exigencias que deberían ser transversales, ya que no son patrimonio de ningún partido concreto.
Y, evidentemente, comparar el delito de Pedro Sánchez, multado con 500 euros, y el uso del derecho de expresión neutral, de Quim Torra, que, con toda seguridad acabará inhabilitándolo 18 eses, como sentenció el tribunal superior de justicia de Catalunya, hay un abismo de injusticia total.
Entre los muchos whatsapp que corren al respecto, ya uno muy ilustrativo: ‘El ku-klux-klan acusa a Rosa Parks de querer judicializar el conflicto racial. Detenerla era absolutamente innecesario si hubiese cumplido la ley y no se hubiera sentado en un asiento de los blancos dentro del autobús’.
Pues ese es el nivel argumental de Pedro Sánchez y del poder judicial español, es evidente, lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Contra los independentistas, todo vale, y todo es todo, lo legal, lo alegal y lo ilegal.
Quim Torra, president de la Generalitat, contestó ayer a Pedro Sánchez: ‘Nos dice que somos los independentistas los que judicializamos la política. No, señor. Los señores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez son honorables líderes civiles que tenían todo el derecho de expresarse libremente (el 20 de setiembre del 2017) y están en la cárcel.
En este sentido, denunció que es ‘una vergüenza que el estado español, mande quien mande, tenga líderes políticos en prisión y que continúe judicializando una causa política, la del independentismo’ Fue entonces cuando el jefe del Govern citó al traductor Joaquim Ventalló y respondió que el presidente del Gobierno es ‘un bon tros de quòniam’ (equivalente a necio).
Cuenta la leyenda que:
“Los discípulos estaban enzarzados en una discusión sobre la sentencia de Lao Tse: ¡los que saben no hablan; los que hablan no saben!
Cuando el Maestro entró donde aquellos estaban, le preguntaron cuál era el significado exacto de aquellas palabras. El Maestro les dijo:
¿Quién de vosotros conoce la fragancia de la rosa?
Todos la conocían. Entonces les dijo:
Expresadlo con palabras.
Y todos guardaron silencio”
(cuentos de mindfulness)
Ante unas injusticias como esta, y muchas otras más, pues ahora se rumorea que la fiscalía no ve delito en las comisiones cobradas por el rey Juan Carlos I, pues era y sigue siendo inviolable; lo inconcebible es que muchos ciudadanos catalanes (y también del resto de comunidades), sigan normalizando todas estas tropelías, este rosario de delitos que, al ser propios, los ven correctos, o cuanto menos, los toleran.
Por eso me parece que estos ciudadanos que, por poner la unidad de España por encima de cualquier otro aspecto, cuanto menos demuestran tener el síndrome de Estocolmo.
“El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en que la víctima de un secuestro o la persona retenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador.
(…)
Este síndrome debe su nombre al robo del banco Kreditbanken, que tuvo lugar del 23 al 28 de agosto de 1973, en el barrio de Norrmalmstorg (Estocolmo, Suecia).
(…)
El término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Nils Bejerot”
(Wikipedia)
Pues bien, este es el diagnóstico más benévolo, ya que en el fondo, el problema es mucho más grave, como explica Vicenç Villatoro:
“Derecho de conquista:
Hablando de la ley de memoria histórica, la secretaria general de Vox ha dicho: ‘quieren ganar con una ley lo que perdieron en el campo de batalla’. La frase es de las cosas más bestias, y más esclarecedoras, que se han dicho en mucho tiempo.
Primero: da por supuesto que el único lugar donde se ganan o se pierden legítimamente las cosas, es el campo de batalla. Lo que el franquismo ganó legítimamente en el campo de batalla se lo quieren quitar a través de un canal tan ilegítimo como es una ley aprobada en el Parlamento. El origen del derecho, para Vox, es el campo de batalla.
Segundo: cuarenta años después de la Transición, Vox cree que es ahora cuando la ley quiere dar la vuelta a la victoria militar. Si cree que lo quiere hacer es porque debe creer que no lo ha hecho hasta ahora. Y ¿qué es lo que se perdió y se ganó en el campo de batalla? Si la guerra fue entre los que querían, y construyeron, un régimen autoritario contra una República democrática (aún que tuviera también sectores totalitarios), lo principal que se perdió y ahora se querría ganar debe ser la democracia.
Y tercero: Vox se proclama heredera de los vencedores, el defensor de la victoria en el campo de batalla. ¡Y son ellos los que dicen de ilegalizar partidos!”
(Ara, 21/9/20)
Lo triste es ver que ese pensamiento falangista, no es exclusivo de Vox, sino que se desprende de las manifestaciones y actuaciones de los diferentes poderes del estado español.
Y por eso, nosotros, los independentistas catalanes, vemos que nunca tendremos encaje ni la ‘conllevancia oerteguiana’.
Por esto, y por muchas cosas más, queremos implementar la república catalana ganada en las urnas el 1 de octubre del 2017.
Amadeo Palliser Cifuentes
