- La propuesta busca acercar la impartición de justicia a la ciudadanía y reducir la carga de los tribunales en conflictos cotidianos.
En medio de la discusión en el ámbito nacional respecto a la Reforma Judicial, una propuesta en el Estado de México plantea restaurar la justicia municipal y capacitar a delegados como mediadores de conflictos cotidianos. Mientras la reforma ha generado posturas divididas respecto a los cambios en el sistema judicial, la iniciativa de un integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ofrece un enfoque que privilegia la proximidad y la eficacia, acercando la justicia a los ciudadanos en sus comunidades y reduciendo la carga en los tribunales.
El magistrado del TSJEM, Héctor Macedo García expuso una propuesta para fortalecer la justicia en el ámbito municipal, acercándola a los ciudadanos y mejorando la gestión de conflictos vecinales. En ella, el magistrado destaca la importancia de crear un modelo de justicia más próximo, participativo y efectivo, privilegiando la participación de los municipios en la cohesión social y en la resolución de problemas comunes.
Macedo García argumenta que restablecer la justicia municipal permitiría que los conflictos de menor escala se resuelvan con mayor rapidez y eficacia, sin necesidad de que estos lleguen a los tribunales estatales. Esta justicia local, asegura, existió en el pasado en el Estado de México y, según el magistrado, podría retomarse para que los municipios gestionen de forma directa disputas vecinales o de convivencia social.
“Es fundamental que los municipios cuenten con jueces que puedan resolver cuestiones sencillas, problemas cotidianos que afectan el orden social y la vida en comunidad”, señala Macedo. La justicia municipal ayudaría a desahogar la carga en los tribunales superiores y permitiría que los ciudadanos tengan acceso a una justicia más rápida y cercana, especialmente en temas de derecho familiar y vecinal.
Dentro de esta propuesta, el magistrado resalta la necesidad de capacitar a los delegados municipales para que actúen como mediadores o árbitros en conflictos vecinales, como disputas por límites de terreno, desacuerdos sobre el uso de espacios públicos o problemas relacionados con el ruido. Actualmente, la figura del delegado funciona como enlace entre la comunidad y el gobierno local, pero Macedo considera que, con la capacitación adecuada, estos funcionarios pueden desempeñar un rol más activo en la gestión de conflictos.
“Los delegados municipales tienen una cercanía natural con la comunidad, lo que los convierte en figuras clave para la mediación y la resolución de disputas locales”, argumenta. La capacitación de los delegados reduciría la cantidad de casos que llegan a los tribunales y fomentaría una justicia cotidiana, accesible y orientada a mejorar la convivencia en los barrios y comunidades.
El texto de Macedo también destaca el antecedente histórico de la justicia municipal en el Estado de México, que tuvo lugar a principios del siglo XX. En aquella época, jueces menores municipales podían resolver conflictos sin necesidad de revisión judicial, excepto en casos específicos. Sin embargo, en 1981 esta facultad fue absorbida por el Tribunal Superior de Justicia, y los jueces municipales dejaron de ser electos mediante voto popular. Recuperar esta figura permitiría revitalizar el sentido de autonomía en los municipios y acercar el sistema de justicia a los ciudadanos, señala.
Respecto a la Reforma Judicial, Macedo García la considera un proceso de reconstrucción institucional que debería acercar la justicia a la sociedad. Argumenta que la impartición de justicia debe ir más allá de los tribunales y conectarse directamente con las comunidades a través de una estructura participativa y accesible. La justicia municipal, sugiere, podría constituirse en un pilar importante en el proceso de acercar el Poder Judicial a los ciudadanos, y contribuir a la cohesión social en tiempos de crecientes demandas de justicia en la vida diaria.
Para el magistrado, esta propuesta representa una oportunidad para reformar y modernizar el sistema judicial del país, impulsando a los municipios a tomar un papel más activo en la resolución de conflictos y, al mismo tiempo, permitiendo que los tribunales estatales se concentren en los casos más complejos.
