PANAMÁ (AP) — Una fiscalía anticorrupción de Panamá continuaba investigando el jueves una denuncia reciente sobre vacunación clandestina contra COVID-19 sin que se dieran a conocer avances en las pesquisas. En paralelo se divulgó que el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), del partido en el gobierno, habría sido vacunado en su residencia en una especie de privilegio hasta ahora desconocido en el país.
“La razón por la cual pedí la cortesía no es de su incumbencia y se siguió el protocolo de vacunar el entorno”, escribió el jueves en sus redes sociales el expresidente Pérez Balladares refiriéndose al diario impreso que informó sobre la inmunización en su residencia.
El supuesto privilegio acrecentó la indignación en la población que aún aguarda información sobre la investigación que emprendió el martes la fiscalía anticorrupción sobre las denuncias de la vacunación clandestina. El local en el que supuestamente se vacunaba furtivamente en un pequeño edificio de un área tranquila y acomodada de la capital panameña fue allanado por el Ministerio Público tras presentarse la denuncia, pero no se ha dado más información.
“Estos escándalos tienen que ver mucho con la falta de controles. Si no los tienen… se pueden cometer actos incorrectos y favoritismo. El pueblo está indignado”, dijo a The Associated Press el abogado y analista político Ernesto Cedeño. “Se ha descontrolado el proceso de vacunación, ha habido ruptura del orden adecuado, no hay control y a veces hay favoritismo… Y si no hay certeza de castigo va a seguir creciendo”.
Cedeño instó a la Procuraduría de la Administración a que investigue las denuncias de favoritismo en la vacunación. “Si se logra corroborar que, en efecto, se favoreció al señor expresidente, se puede proceder”, dijo en referencia a una sanción a los servidores públicos que permitieron lo sucedido.
Hasta ahora la fiscalía anticorrupción no ha informado si hay personas investigadas por el escándalo.
En Panamá la compra de vacunas contra el coronavirus sólo está en manos de las autoridades, quienes tratan directamente con las casas farmacéuticas. Asimismo, el proceso de inmunización sólo está a cargo del gobierno y es organizado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
“La credibilidad está en la cuerda floja. Ya son múltiples anomalías mientras gente de riesgo (está) aún en lista de espera, sigue desprotegida y vulnerable a hospitalizarse o fallecer. Que no quede impune, por favor!”, escribió en su cuenta de Twitter el doctor Xavier Sáez Llorens, infectólogo e investigador clínico en relación a las denuncias de la vacunación clandestina.
Panamá, con una población de 4,1 millones de habitantes, ha aplicado hasta ahora 1,1 millón de vacunas de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. A la fecha esta nación acumula de más de 384.512 casos y 6.413, informaron las autoridades de Salud.
