• Se lleva a cabo el tercer día de la “Semana Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas”
Palacio Legislativo, 13-10-2022 (Notilegis).- Durante el tercer día de la “Semana Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas”, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) consideró que las mesas de debate se traducirán en productos legislativos que ayudarán a dar un marco legal que transforme la realidad del país.
Durante dicho foro, se realizaron mesas de análisis con temas de la primera infancia y educación, así como ciencia y tecnología.
La diputada indicó que el foro “es un anhelo de transformación desde el espacio legislativo para que con esa capacidad podamos construir esos consensos que nos puedan dar en una nueva legislación que visibilice las nuevas realidades y fortalezca las nuevas institucionalidades”.
Núñez Monreal precisó que la transformación se debe dar desde los municipios, ya que ahí es donde se puede dar la construcción del poder popular que se tiene que traducir en una contraloría social, en presupuesto participativo, en las prioridades de las acciones y el esfuerzo colectivo para transformar esa realidad.
Por último, dijo que la deuda pública no permite atender las necesidades de los trabajadores y la educación de las niñas y niños, si no hay inversión en educación y ciencia y tecnología, por lo que se debe atender desde diferentes perspectivas.
Juan Martín Pérez García, experto en derechos humanos y la primera infancia, refirió que, según el Módulo de Trabajo Infantil, 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años realizan actividades económicas, pero no hay un dato oficial de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
“Pueden trabajar a partir de los 15 años, con la autorización de los padres, pero en las contradicciones de ciudadanía, los adolescentes que trabajen no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden registrarse en un sindicato y tampoco pueden presentar demandas laborales por incumplimiento de contrato; no tiene derechos porque no tienen capacidad jurídica”, apuntó.
Por lo anterior, planteó que se debe fortalecer la contraloría ciudadana en materia de derechos humanos y presupuesto para que se profesionalicen en la materia; que las universidades puedan vincular sus investigaciones sobre modelos que realizan para llevarlos al gasto social; identificar casos paradigmáticos y patrones de producción en los programas del presupuesto.
Asimismo, buscar la participación real de niños, niñas y adolescentes en el análisis del presupuesto público; ampliar la cultura del gobierno abierto con datos y presupuesto publicados con versiones amigables para que dicho sector de la población y sus familias cuenten con mecanismos institucionales y deliberativos en el diseño e implementación del presupuesto y política pública; y fortalecer el rol que tiene el Estado Mexicano en lo federal, estatal, y municipal.
Por ejemplo, dijo que en la Ley General de Educación se establece que en los comités escolares participen directivos, sindicatos, padres y madres de familia y exalumnos, “¿y los 30 millones de estudiantes que tienen derecho a participar en su educación? Por Ley no pueden participar, discriminación institucional legal. Lo podemos cambiar”.
Consideró que se debería integrar en el debate del presupuesto de este año a los niños y niñas, para que de verdad sea tomada en cuenta su opinión, y priorizar el presupuesto municipal; así como financiar las nuevas institucionalidades.
Mencionó que algunas sugerencias del estándar internacional es que, el Estado mexicano cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030, porque eso permitirá debatir la deuda pública en el ámbito internacional, “si queremos lograr esos objetivos no va a ser con buena voluntad de las grandes potencias económicas”.
A su vez, Bernardo Aguilar, experto en la atención integral de la primera infancia, enfatizó en la perspectiva económica orientándola desde el enfoque de los derechos, en particular de la primera infancia, ya que invertir en ella, “es la política social y económica más rentable que puede tener México”.
“Invertir en la primera infancia reduce los déficits y fortalece la economía”, ya que si no se invierte en ese sector de la población se está haciendo une inversión ineficiente, por lo consideró necesario crear políticas públicas para impulsarlo, subrayó.
