- El gobierno debe recurrir al déficit público para enfrentar con eficacia la pandemia y sus secuelas
- Apoyo a empresas que conserven sus plantas productivas y no despidan a sus trabajadores
- Abrir todo el sistema de salud público y privado a todos, sean o no derechohabientes o afiliados
- Expertos en superación de la pobreza proponen plan integral de emergencia y recuperación, liderado por el gobierno federal
El gobierno federal debe asumir que enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias futuras impone comprometer un déficit público “razonable y manejable” que dote al gobierno de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes y las demandas que plantee “el día después”.
Expertos en actividades relacionadas con el desarrollo, la superación de la pobreza y la desigualdad, diseñaron un programa de acción a corto y mediano plazo -liderado por el gobierno- que incluye la propuesta de dotar de transferencias monetarias a quienes pierdan su ingreso laboral; apoyos económicos temporales a empresas que conserven su planta laboral y no hagan despidos; garantizar acceso de alimentos a población en situación extrema y abrir todo el sistema de salud -público y privado- a todos los mexicanos sin importar si son o no derechohabientes.
Los expertos parten de un análisis que concluye que el gobierno y la sociedad enfrentan la pandemia del Covid 19 en una situación muy adversa: con la mitad de los mexicanos viviendo en pobreza; con un sistema de salud insuficiente y fragmentado; con una economía a la baja y condiciones del mercado laboral que colocan a la mayoría de los trabajadores en riesgo de perder su salud, su salario, su empleo y las escasas prestaciones alcanzadas.
Muchos pobres no tienen agua ni Internet. Esas carencias les impide cumplir con las medidas de mitigación del contagio. No pueden lavarse las manos constantemente ni se pueden quedar en casa. Necesitan comida, agua, servicios. Necesitan tener un ingreso que los ayude a sobrevivir la crisis, dijo Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y uno de los especialistas participantes.
El gobierno puede y debe elaborar un plan integral para enfrentar no solo la crisis sanitaria, sino la emergencia económica que le sigue. La OCDE está calculando una caída del 30 por ciento del producto nacional que afectaría a todos los sectores, pero sobre todo a los que ya son pobres, o tienen empleo sin acceso a la seguridad social e incluso a los que tienen trabajo pero reciben un ingreso que no es suficiente para sostener a una familia.
Los más afectados serán los estados que ya son pobres y marginados, donde son más las viviendas sin instalaciones potables o sin dotación suficiente de agua, donde 7 de cada 10 habitantes no son derechohabientes de los sistemas de salud público. Estas carencias afectan más a las poblaciones indígenas, a las zonas rurales de México.
Los expertos colaboraron en un documento de análisis exhaustivo de la situación en que se propaga la pandemia en México y las dificultades sanitarias para enfrentarla, así como la secuela que vendrá ante el aislamiento de los habitantes del país y el cese de actividades productivas consideradas no esenciales en la crisis.
El documento #Compromisos incluye propuestas para responder a la pandemia y sus secuelas para quienes viven en pobreza para aplicarse en la fase de emergencia y a mediano plazo, una vez superada la etapa de emergencia. Las propuestas van dirigidas, al gobierno federal, estados y municipios, y a otros actores de la sociedad civil.
Las personas que participaron en el grupo multidisciplinario son: Adalberto Saviñón, Erika Baranda, Gonzalo Hernández Licona, José Antonio Sandoval Tajonar, José Manuel Domínguez, José de Jesús Vértiz, Laura Flammand, Lucila Servitje, Noé Guarneros, Pablo Álvarez Icaza, Pedro Saturno, Pilar Parás, Rodolfo de la Torre, Roberto Vélez, Jorge Romero León, Ricardo Castillo Barrientos y Rogelio Gómez Hermosillo.
Las propuestas son:
- Fase de emergencia
a. Propuestas dirigidas a gobierno
– Presentar un plan integral de emergencia y recuperación con amplia participación de los 3 órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. La crisis que estamos enfrentando requiere de un frente amplio y coordinado, liderado desde gobierno.
– Brindar atención en salud sin distinción de afiliación. Toda persona infectada por COVID-19 debe recibir atención inmediata en los servicios de salud disponibles en su entorno, sin importar si son derechohabientes o afiliados. Esto incluye los servicios privados, si no hay espacio disponible en unidades públicas. Para ello, se debe establecer una coordinación única de la red de establecimientos, a nivel estatal y nacional, con un sistema de información actualizado sobre los recursos disponibles. Asimismo, debe quedar claro el principio ético de acceso universal e igual para todos. Dependiendo de la evolución de la pandemia, y dado el entorno de recursos limitados, podría llegar a ser necesario establecer criterios de priorización para el uso de los recursos más especializados. Este es un problema que ya ha surgido en algunos países, y ya empiezan a haber recomendaciones basadas en la ética. La primera es hacer explícitos los criterios y, desde luego, es inaceptable como criterio de priorización la capacidad de pago o la situación de ser derechohabiente o no. Sería abiertamente inmoral.
– Recuento urgente y transparente de los recursos de salud disponibles, particularmente en camas de cuidados intensivos y respiradores, para invertir de forma dirigida y equitativa dentro del plan de preparación para la contingencia que se debe establecer.
– Crear un esquema temporal de apoyos económicos para empresas que conserven su planta laboral y eviten realizar despidos. Se puede compensar el diferencial para la nómina conforme a la reducción de ingresos. Otra medida puede ser ofrecer créditos blandos, compras aseguradas u otras medidas a quienes mantengan su planta productiva y su personal.
– Realizar transferencias monetarias a personas que pierdan ingreso laboral. Esto permitiría que continuarán teniendo ingresos y facilitaría que permanezcan en casa, sin tener que pasar hambre. Estas transferencias se deberán a hacer de manera transparente.
– Garantizar acceso de alimento a las poblaciones en situación extrema de pobreza, particularmente para las personas menores. Se deberá ser relevante la movilización de la sociedad civil y la iniciativa municipal para lograr este objetivo.
– Realizar intervenciones estratégicas donde hay mayor necesidad y/o mayor carencia, con base en el uso de evidencia y datos disponibles. La información actualmente disponible nos permite establecer criterios claros de dónde se encuentran esta necesidad y/o carencia y realizar un uso más eficiente de los recursos.
b. Propuestas dirigidas a otros actores
– Asumir responsabilidad social empresarial y garantizar el pleno respeto a derechos laborales y evitar despidos.
– Promover el mercado interno en todo lo que se pueda. Se debe incentivar aquellas iniciativas que buscan promover el consumo local y contribuyan a la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.
– Difundir información verificada y uso de evidencia. Hay una gran cantidad de información sobre el COVID-19 y las medidas de gobierno. Es necesario establecer plataformas de información sobre la crisis que sean verificables con fuentes oficiales, altamente difundidas y amigables al usuario.
– Vigilar el uso efectivo y transparente de recursos (aún en la emergencia y justo por ella). Desde sociedad civil y las empresas, se deberá exigir al gobierno transparencia y efectividad en el uso de los recursos, ya que la emergencia sanitaria brindará poderes extraordinarios al gobierno.
– Detectar prioridades de acciones de solidaridad directa a personas en vulnerabilidad (sanitaria y económica) a través de las organizaciones de la sociedad civil cercana a la población vulnerable. Dichas prioridades deberán de ser atendidas de manera coordinada, por lo que se propone generar plataformas que permitan canalizar eficientemente los esfuerzos y recursos de empresas, fundaciones y ciudadanos. La transparencia y rendición de cuentas de la aplicación de dichos recursos es imprescindible y generará la confianza que trasciende la coyuntura. La coordinación efectiva tiene el potencial de generar el capital social que sobreviva la emergencia y que solidifique las bases de nuestra sociedad en el futuro.
– Buscar soluciones colaborativas y seguras entre sociedad civil y gobierno para prevenir y reducir la violencia doméstica y sexual, que se acentúa al quedarse en casa. Establecer mecanismos y protocolos de protección a mujeres y menores que sufren violencia en sus hogares.
- Mediano plazo
- Propuestas dirigidas a gobierno
- Asumir déficit público razonable y manejable pero que responda, como mínimo a las necesidades de urgencia y sobrevivencia de quienes viven en pobreza.
- Continuar generando incentivos para aquellas empresas que actúen responsablemente.
- Fortalecer cumplimiento de derechos laborales, incluyendo autorregulación y certificación asumidas por empleadores.
- Agilizar el ejercicio del gasto público, incluyendo proyectos de inversión y compras públicas de cadena corta.
- Establecer las bases de un sistema de protección social con transferencias de ingreso para personas con mayores carencias, sin sesgos políticos o clientelistas.
- Generar un plan multianual para la integración del sistema de salud, que desvincule la salud del régimen laboral creando un sistema de salud público unificado con los recursos existentes y futuros completamente coordinados.
- Establecer un plan para la provisión de servicios básicos a todas las viviendas, en particular la dotación de agua (multianual) y tratamiento de residuales y basura.
- Explorar nuevos mecanismos ágiles y permanentes que respondan ante futuras epidemias. Esto puede incluir seguros para micronegocios, ingreso universal, entre otras medidas.
- Dirigida a otros actores
– Impulsar mercado interno y activar mercados locales. Por ejemplo, se pueden generar campañas e iniciativas que promuevan el consumo local, reactiven aquellas empresas que debieron suspender actividades e incentivan al consumo solidario.
– Establecer fondos de inversión para empresas pequeñas y medianas, así como para empresas sociales de propiedad cooperativa (economía social)
– Promover las múltiples formas de activación social y participación ciudadana con un enfoque de gobernanza democrática.
El documento completo se puede consultar en www.frentealapobreza.mx
