● En el Día Mundial de la Salud, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México Evalúa y el Centro de Centro de Estudios Espinosa Yglesias, describen las fallas del sistema de salud en México, desde el punto de vista de su accesibilidad, la calidad de los servicios y la protección financiera para todas y todos.
● El sistema de salud, argumentan, está fragmentado. El acceso a sus servicios está vinculado al régimen laboral, lo que constituye una fuente de exclusión y discriminación.
● El presupuesto para el sector, además, es insuficiente, está estancado, no recibió incrementos reales durante la pandemia por covid-19 y es inequitativo entre la población con y sin afiliación a la seguridad social.
En el Día Mundial de la Salud, queremos subrayar que todas las personas tienen derecho al “nivel más alto posible de disfrute de salud física y mental”[1] y los Estados están obligados a prevenir y tratar todas las enfermedades, así como a crear condiciones para el acceso a servicios médicos de calidad.
El sistema de salud en México, sin embargo, presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, excluye a 33 millones de mexicanos (26%) y es inequitativo, lo que afecta a la población más pobre.
La vinculación del acceso a servicios de salud con el régimen laboral constituye una de las principales fuentes de exclusión, discriminación y violación del derecho a la salud. “Es indispensable romper el cordón umbilical entre salud y trabajo” a fin de erradicar y superar la dicotomía entre “formalidad e informalidad”. La salud no es una prestación laboral es un derecho humano.
Solo el 45% de la población, 56 millones de personas, cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social −IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena −. El 27% de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi e IMSS Bienestar. El 2% cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. Y el 26% restante carece totalmente de afiliación a servicios de salud[2].
La afiliación además no necesariamente garantiza el acceso efectivo del derecho. El 34% de la población afiliada a servicios del seguro social recurren a los servicios privados, principalmente consultorios dependientes de farmacias. Al igual que el 41% de la población de los sistemas públicos diferentes a la seguridad social, se encuentra en la misma situación[3]
El sistema de salud ha descuidado la atención primaria en salud, que es responsable de prevenir, identificar el riesgo, así como detectar las enfermedades en su etapa temprana, para evitar que se compliquen y donde deberían resolverse el 80% de las necesidades de salud, detectar y contener los riesgos mayores.
La fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, destina sólo 2.8% del PIB cuando6.6% es la proporción promedio de los países que conforman este organismo internacional. Esto se refleja en las debilidades de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, una baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos: 1.2 versus 2.7, que es el promedio de la OCDE.
En 2020, el gasto público en salud creció 9% con relación al año anterior y apenas superó en 3% el presupuesto asignado en el PEF 2020. El incremento en la variación anual no fue nada excepcional si se considera que desde 2016 no hubo crecimiento, y en 2019 se acumularon tres años de caídas consecutivas.
En un contexto de pandemia, que el Gobierno ejerza en tiempo y forma los 670 mil millones de pesos (2.7% del PIB) que tiene presupuestados para 2021 como gasto funcional en salud tiene una importancia vital. Sin embargo, a febrero sólo ha ejercido el 11% de ese monto y las principales instituciones de salud en conjunto (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y FASSA) no ejercieron 20.6% del presupuesto aprobado en el bimestre.
Por otra parte, preocupa la forma en que la atención a la pandemia ha acaparado los recursos del sector salud, y desplazado la atención de otros padecimientos. Resulta dramático, por ejemplo, que en 2020 sólo se dieran 168,173 consultas para la atención de cáncer de mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios Médicos Estatales y Municipales, el equivalente a 43% del total de consultas otorgadas en 2019 (383,462).
Las consultas en las 101 Unidades de Especializadas Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia (todas comorbilidades de covid-19), también se redujeron el año pasado: un 49% con respecto a 2019.
Por último, los efectos económicos de la pandemia que han terminado afectando al mercado del trabajo, también han permeado en el ejercicio del derecho a la salud, «El porcentaje de ocupados que no contó con acceso a servicios de salud alcanzó el 62.3%, cinco puntos porcentuales por arriba de su promedio en el periodo entre 2006 y 2020. Por su parte, el porcentaje de quienes tenían acceso a servicios de salud y lo perdieron debido al desempleo ascendió́ a 8.2 % de los ocupados en el tercer trimestre: 1.3 puntos porcentuales por arriba de lo observado en promedio durante los catorce años previos[4]«
Todos estos datos describen la incapacidad del sistema de salud en México para garantizar ese “nivel alto de disfrute de salud física y mental” para todos los mexicanos. ¿Qué hacer para remediarlo?
Nuestras propuestas:
Urge romper el vínculo entre salud y régimen laboral, para que todas las personas puedan acceder a servicios de salud como un derecho, sin condiciones y sin distinción.
Para ello, se requiere:
● Darle sostenibilidad al presupuesto de la salud. Financiarlo con impuestos generales que reduzcan sustancialmente la carga económica en los bolsillos de las familias.
● Reorientar hacia los servicios de salud el gasto de programas y proyectos que no tienen rentabilidad económica y social.
● Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar financiamiento a la atención de la salud pública, que suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos −tabaco, gasolinas, productos con alto contenido calórico−.
● Incrementar el presupuesto para la salud, teniendo como primera meta igualar los montos presupuestales per cápita entre el Insabi y el IMSS, es decir entre la población con y sin seguridad social.
● Transparentar el presupuesto asignado a la atención de la pandemia covid-19
● Modificar los criterios de asignación del FASSA del Ramo 33, para que los recursos de la salud descentralizados a los estados se asignen con base en una función de costos y en las necesidades de atención a la salud actuales de cada entidad.
● Implementar un modelo de salud con calidad centrada en las personas, que priorice la atención primaria en salud para prevenir, detectar y controlar las enfermedades antes de que se compliquen y generan altos costos de dolor y económicos.
● Crear sistemas de información integrados, mecanismos de defensa de usuarios y vías de participación ciudadana, para evitar y corregir la negación del servicio, el desabasto de medicamentos, las fallas de calidad en la atención y los abusos y cobros excesivos en los servicios privados.
Próximas acciones:
Desde nuestras tres organizaciones, de manera conjunta y en lo particular:
- Mantendremos la vigilancia ciudadana sobre el presupuesto para la salud y su aplicación, con la meta de avanzar en la cobertura universal de salud.
- Participaremos en las discusiones sobre una reforma fiscal y hacendaria progresiva, a fin de que se mejore la progresividad de los impuestos y la efectividad del gasto público, colocando la salud como primera prioridad nacional.
- Reforzaremos la colaboración y articulación con organizaciones ciudadanas que promueven el derecho a la salud, el abasto efectivo de medicamentos (“cero desabastos”) y la reforma al sistema desde la atención primaria en salud
[1] Según se define en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC, ratificado por México en 1981 y de plena vigencia en nuestro país según el art. 1º de la Constitución. La Constitución, además, reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y establece la obligación de un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa, de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. (Art 4º reformado el 8 de mayo de 2020).
[2] INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados interactivos. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2
[3] INEGI, Ensanut 2018-2019. La variable corresponde a la pregunta: ¿A qué tipo de centro o unidad médica fue a buscar atención?. Se refiere a los servicios ambulatorios de las últimas 2 semanas antes de que se aplicó la encuesta.
[4] CEEY, Boletín de Movilidad Social en el mercado del trabajo. Marzo de 2021
