CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) – México reforzará el control sobre los agentes de seguridad extranjeros que operan en su territorio, como miembros de la DEA y la CIA, tras la aprobación de una polémica reforma a la ley que regula su actuación, una normativa propuesta por el propio presidente y que ha desatado críticas desde Estados Unidos.
El martes, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones que, apenas una semana antes, habían sido avaladas por la cámara alta. Una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cambios entrarán en vigor.
La reforma, discutida en la última sesión del año de la cámara baja es vista como una represalia contra Estados Unidos por la detención, un mes atrás, del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, en una operación inconsulta que tensó la relación entre ambos países.
Los artículos agregados a la vigente Ley de Seguridad Nacional plantean, entre otras cosas, que las actividades de los agentes extranjeros se limitarán “a servir de enlace” para el intercambio de información con autoridades mexicanas.
Además, estipulan que estos deberán informar a las autoridades locales de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país, así como mantener la confidencialidad de la información que obtengan.
Tras los cambios, se elimina cualquier inmunidad en caso de que los agentes foráneos cometan actos ilícitos en México y se propuso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, encargado de atención y gestión de los convenios de cooperación.
“Se busca regular las actividades que desarrollan los agentes de naciones extranjeras en México, a fin de proteger nuestra soberanía”, defendió Guille Alvarado, diputada del oficialista Morena. La propuesta recibió 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones.
A pesar de que no hay una mención específica a Estados Unidos, analistas aseguran que la reforma alude directamente a la relación entre ambos países. El vecino del norte mantiene a decenas de agentes en México, muchos de ellos dedicados a la investigación de casos de crimen organizado y narcotráfico.
El fiscal general estadounidense, William Barr, aseguró la semana pasada que se oponía a la legislación propuesta, argumentando que dificultaría la cooperación bilateral y beneficiaría a las organizaciones criminales.
De la misma opinión fueron los diputados que objetaron la reforma, quienes también criticaron la velocidad con que fue aprobada: apenas 11 días desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuso al Senado.
“Dejen de legislar a la carrera”, acusó Fernando Torres, diputado del opositor Partido Acción Nacional (PAN). “Hay que cuidar nuestra relación internacional con todos los países con los que México ha firmado acuerdos de cooperación de seguridad”.
SIN IMPUNIDAD
México y Estados Unidos tienen una amplia y cercana cooperación dedicada a combatir a los grupos del crimen organizado que libran una guerra sin cuartel por el control de rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.
Una de las operaciones más polémicas, conocida como “Rápido y furioso”, se llevó a cabo entre 2006 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas con chip a México para vender a presuntos criminales y así identificarlos.
Sin embargo, ningún gran objetivo fue capturado gracias al plan, que no fue compartido con el gobierno mexicano. Incluso, las armas llegaron a usarse en las muertes de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense y otro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En otros cambios aprobados a la normativa vigente, se limita el accionar de las agencias de seguridad al prohibírseles aplicar o ejecutar leyes extranjeras en suelo mexicano. Además, tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones y allanar la propiedad privada.
Las reuniones que sostengan los miembros de seguridad internacionales con autoridades mexicanas deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y deberá estar presente un representante de la Cancillería.
Además, los agentes estarán obligados a presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad un informe mensual con sus actividades en el país.
En noviembre, el exsecretario Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles a petición de la DEA, bajo acusaciones de narcotráfico. La aprehensión del militar retirado, quien finalmente regresó a su país, desató molestias en México y llevó a poner en revisión la cooperación con Estados Unidos.
Editado por Sharay Angulo
