Para hacer frente a la pandemia, muchos poderes judiciales han implementado herramientas tecnológicas y con ello han abierto una puerta que por muchos años había permanecido cerrada: la posibilidad de replantear su funcionamiento, con ayuda de la tecnología.Emprender esta transformación supone, para los poderes judiciales, enfrentar retos particulares: falta de presupuesto, la brecha tecnológica existente y la necesidad de alfabetización tecnológica de algunos usuarios, entre otras cosas.
México Evalúa presenta el documento Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia, una sistematización de las experiencias y buenas prácticas, con la aspiración de guiar a los poderes a través del nuevo escenario de cambio.
Las restricciones sanitarias obligaron a muchos poderes judiciales a suspender sus servicios, ampliando la brecha en el acceso a la justicia y ocasionándoles graves rezagos. Con la intención de resolver estos desafíos a través de la implementación de herramientas tecnológicas, México Evalúa presenta unos Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia, que sistematiza las experiencias, buenas prácticas y retos a los que se enfrentan los poderes judiciales.
Para la realización de este estudio, el programa de Transparencia en la Justicia entrevistó a integrantes de diversos poderes judiciales y otras instituciones de justicia en México y en otros países, así como a expertos que han logrado emprender un proceso de transformación tecnológica exitoso con un enfoque centrado en las y los usuarios. De esta manera, identificamos las etapas necesarias para realizar estos procesos y proporcionamos una serie de herramientas que los poderes judiciales pueden utilizar para concretarlas.
“Con trabajos como éste México Evalúa busca impulsar herramientas tecnológicas que realmente tengan un impacto en la vida de las personas y mejoren sustantivamente la calidad de nuestra justicia”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Esta guía práctica propone una metodología centrada en las personas. Es decir, durante las etapas de planeación, desarrollo, implementación y evaluación del proceso de transformación tecnológica, consideramos indispensable tomar en cuenta la perspectiva de quienes eventualmente serán los y las usuarias. Además, enfatiza que el desarrollo de estas herramientas no debe limitarse a automatizar o replicar los procesos existentes, sino que también debe aprovecharse para ‘reimaginar’ a los poderes judiciales, es decir, repensar su organización, estructura y funcionamiento.
“Implementar herramientas tecnológicas no significa replicar digitalmente lo que se hacía hasta ahora de manera presencial o en papel, sino que requiere repensar y transformar los procesos existentes para hacerlos más eficientes y accesibles, gracias a las soluciones tecnológicas”, subrayó Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa.
Para emprender este tipo de transformaciones, los poderes judiciales enfrentan muchos retos: falta de presupuesto, la brecha tecnológica existente, y la necesidad de alfabetización tecnológica de algunos usuarios y operadores, entre otras cosas.
Este estudio recopila varias estrategias que han usado los poderes judiciales para poder superar estos retos.
Una de ellas es el establecimiento de alianzas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para desarrollar proyectos de manera conjunta. Esta estrategia se pudo observar en el Poder Judicial del Estado de México, donde se lograron empatar objetivos con los de los programas sociales del Poder Ejecutivo, y así obtener fondos para la creación de juicios en línea relacionados con la adquisición de derechos de propiedad sobre un bien, con el fin de agilizar este tipo de asuntos.
Otra estrategia que el estudio identifica es la co-creación de herramientas tecnológicas de código abierto, es decir, sin costos de licenciamiento. Con ella, diversos poderes judiciales pueden trabajar juntos para crear herramientas tecnológicas propias, lo cual reduce los costos de desarrollo. Además, las instituciones pueden beneficiarse de las mejoras que los otros poderes judiciales realizan a una herramienta dada. Un ejemplo exitoso de este tipo de desarrollos es el consorcio que impulsa el National Center for State Courts, el cual ha logrado reunir a poderes judiciales de países del Caribe y África para el desarrollo de un sistema de gestión de expedientes.
En México, donde muchos poderes judiciales han señalado a la falta de recursos como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de herramientas tecnológicas, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) podría tomar el liderazgo en la materia y reunir a distintos poderes judiciales para desarrollar software en código abierto.
Esto es sólo un ejemplo de las reflexiones que ofrece este documento, el cual esperamos que sea un aliado para que los poderes judiciales den un paso definitivo hacia la transformación tecnológica tomando siempre en cuenta a las personas a las que estas herramientas están destinadas a servir.
