- Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México
- La aprobación de la iniciativa contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incumple los tratados internacionales en los que el país es parte
- Las cifras oficiales sobre desaparición forzada, privación de la vida, tortura, tratos crueles e inhumanos, entre otros, dan cuenta que la política de Estado de los últimos 16 años en materia de seguridad pública ha agravado aún más la ya grave crisis de derechos humanos que vive el país.
La aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), haciendo oficial su carácter militar, por parte del Senado de la República, representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, llamamos al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El 27 de mayo de 2019, México estableció la Guardia Nacional como su principal institución de seguridad pública, bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido criticada por operar de manera cada vez más militarizada y por el hecho de que más del 70% de sus miembros provienen del Ejército o la Marina. En paralelo, la Guardia Nacional ha sido criticada por las numerosas violaciones a los derechos humanos que fundadamente se le atribuyen. Entre 2020 y 2022 se presentaron más de 1,100 quejas contra esa institución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Éstas se referían a crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otros.
El 31 de agosto de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas legislativas que aumentarían aún más la militarización de la Guardia Nacional. Las reformas propuestas: 1) colocan formalmente a la Guardia Nacional bajo el control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 2) permiten que personal militar activo funja en la institución sin abandonar sus puestos militares; 3) requieren que los mandos de alto nivel de la Guardia Nacional provengan de puestos militares; 4) permiten que los crímenes, incluidos los crímenes de derecho internacional, y las violaciones de derechos humanos, perpetrados por el personal de la Guardia Nacional sean juzgados ante tribunales militares, no civiles; y 5) instituyen el entrenamiento militar para todo el personal de la Guardia Nacional.
Iniciativa militarista
Las reformas aprobadas por el Senado hoy son las últimas de una serie de leyes e iniciativas que terminan de ceder el control a los militares en el desempeño de funciones de seguridad pública en México desde 2006, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”. Este enfoque militarizado de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el ejército y la marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La SEDENA ha sido objeto de más de 4,000 quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014.
Las y los diputados y senadores han decidido contravenir las normas internacionales que estipulan que la participación militar en actividades de seguridad pública deben ser excepcionales y sólo aplicarse en determinadas condiciones. A la luz de estos estándares, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de la ONU han expresado repetidamente su preocupación por el uso de las fuerzas militares y policiales militarizadas para actividades de seguridad pública en México. Preocupaciones y recomendaciones que hoy han sido desestimadas.
En su informe de abril de 2022 sobre México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instó al Estado mexicano a “abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública”, ya que ha sido insuficiente e inadecuado para proteger los derechos humanos. También recomendó fortalecer a las fuerzas civiles y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
La realidad en cifras
Amnistía Internacional, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ha advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida. México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años. Los homicidios se han incrementado 218%, entre 2006 y 2022; en 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97% de las más de 105 mil personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
Miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad. De 2014 a la fecha, la CNDH ha recibido al menos 6.661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional. En todos esos años la SEDENA se ubica entre las 10 instituciones con más quejas y ese listado incluye a la Guardia Nacional.
