CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México informó el viernes que ha enviado una nota diplomática en protesta contra la presunta interferencia de Estados Unidos, después que el embajador estadounidense criticara abiertamente una propuesta de reforma al sistema judicial mexicano que, de aprobarse, hará que todos los jueces sean elegidos mediante el voto directo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó los comentarios como una “falta de respeto a nuestra soberanía” y afirmó que interfería en los asuntos internos de México.
El jueves, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que la propuesta plantea un “riesgo” para la democracia mexicana y que amenaza “la relación comercial histórica” entre ambos países. Los detractores temen que los cambios institucionales sean un intento del presidente de debilitar la independencia del poder judicial.
La nota diplomática señala que la declaración del embajador “representa una acción inaceptable de injerencia (y) contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos”.
La propuesta para exigir que los jueces sean elegidos por votación directa, la cual aún no ha sido aprobada, recientemente provocó críticas de inversionistas e instituciones financieras, e hizo que el peso mexicano cayera en los mercados de divisas
El martes, Morgan Stanley degradó su recomendación para invertir en México, diciendo que la reforma “aumentará el riesgo”. Otras instituciones, como Citibanamex, advirtieron que la aprobación de la propuesta supondrá “la cancelación de la democracia liberal”.
“Las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción”, dijo Salazar a reporteros. “Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a las condiciones de la política”.
Señaló que la propuesta de reforma podría “hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas” y “crearía turbulencia” económica y política en los años por venir.
Esta semana, la propuesta de reforma también provocó huelgas de trabajadores del Poder Judicial mexicano.
Si resultan aprobadas, las medidas permitirán que prácticamente cualquier persona con una licenciatura en Derecho y unos cuantos años de experiencia como abogado se convierta en juez a través del voto popular. Si se registran demasiados candidatos para una magistratura, los contendientes finales serán electos esencialmente extrayendo sus nombres de un sombrero.
Dadas las importantes victorias electorales obtenidas en junio por el partido Morena, al que pertenece López Obrador, académicos, instituciones financieras y empleados del poder judicial afirman que los cambios prepararían el camino para llenar los tribunales de jueces con sesgos políticos. Esto daría al partido gobernante el control de las tres ramas de gobierno y asestaría un golpe a los contrapesos del poder, advierten.
La propuesta debe ser aprobada por el recién electo Congreso mexicano, que asumirá el cargo el 1 de septiembre, con una mayoría compuesta por Morena y sus aliados. El sexenio presidencial termina el 30 de septiembre, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum también ha defendido la reforma.
López Obrador, un gobernante populista que se opone a los organismos reguladores independientes, ha tenido roces anteriores con el poder judicial.
Afirma que los jueces forman parte de una “mafia” que se le opone, y que el objetivo de la propuesta es eliminar la corrupción. También ha despotricado contra el sistema judicial, ha desatendido órdenes de los tribunales y se ha enfrentado públicamente a jueces con cuyos fallos no está de acuerdo.
Aunque Salazar dijo que la erradicación de la corrupción en el poder judicial no es una mala idea, expresó su profunda preocupación sobre la posibilidad de que los jueces sean elegidos.
“La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá”, dijo Salazar.
