- Amnistía Internacional llama a las autoridades federales y del estado de Guerrero a realizar una investigación de los hechos con enfoque de género y apegada a los estándares internacionales de la CEDAW y la la CoIDH
- El llamado incluye la revisión de los protocolos de actuación, particularmente el Protocolo Violeta[1], para mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales
- Las autoridades vulneraron el derecho de acceso a la verdad, justicia y reparación del daño al no haber emitido, con la debida diligencia, la orden de aprehensión y no haber salvaguardado la integridad y vida de las personas presuntas responsables
Amnistía Internacional expresa su preocupación por las omisiones en que incurrieron autoridades de diversos órdenes de gobierno durante la desaparición de la niña Camila, en la aprehensión de las personas presuntas responsables de ese hecho, así como durante la contención y dispersión de la manifestación de personas, en la ciudad de Taxco, Guerrero.
Esta situación pone de manifiesto una vez más la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para actuar con la debida diligencia, particularmente con la celeridad en casos de urgencia, tal y como lo ha denunciado Amnistía Internacional desde hace décadas.
De acuerdo con la información que se ha podido conocer de las autoridades, como de la familia de Camila, si bien se realizaron acciones inmediatas para localizar a ésta, de parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero no hubo celeridad en la emisión de la orden de aprehensión en contra de las personas que fueron señaladas como probables responsables de la desaparición de la niña.
Tampoco hubo una actuación eficaz por parte de policías municipales, estatales, elementos del Ejército y Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y la vida de las personas que estaban siendo señaladas como presuntas responsables. Además, el Secretario de Seguridad de Taxco realizó declaraciones estigmatizantes que parecen responsabilizar a la madre de Camila de su desaparición y asesinato.
“La revictimización de la madre por parte de autoridades locales es absolutamente inaceptable y desvía la atención en vez de asumir las responsabilidades de garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia, así como de actuar con debida diligencia durante una denuncia de desaparición”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“El retraso en la emisión de la orden de aprehensión y la falta de capacidades y coordinación de las corporaciones municipales, estatales y federales para salvaguardar a quienes eran señalados como presuntos responsables, derivaron en hechos sumamente graves que vulneraron el acceso a la verdad y la justicia para las personas familiares de Camila y para la comunidad”, precisó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional advierte que el deber de las autoridades en el proceso de acceso a la justicia para las familias de las víctimas de feminicidio no termina con la lamentable localización de los cuerpos de éstas, sino que se extiende hasta la detención, resguardo y presentación ante las autoridades competentes de las personas involucradas en lo delitos; continúa con la investigación exhaustiva para dar con la verdad de los hechos y un proceso judicial apegado a derecho de las personas que cometieron el delito.
En ese sentido, el no haber emitido, con la debida diligencia, la orden de aprehensión y no haber salvaguardado la integridad y vida de las personas presuntas responsables vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Llamado a las autoridades a garantizar la no repetición
Amnistía Internacional, hace un llamado urgente a las autoridades del estado de Guerrero para que lleven a cabo una investigación del feminicidio de la niña Camila, así como de la actuación de las autoridades.
La investigación del feminicidio debe incorporar la perspectiva de género, y ser expedita y profesional para que la familia de la niña tenga acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño, lo que incluye garantías de no repetición. Esto en apego a las recomendaciones generales 33 y 35 a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”, entre otros estándares internacionales.
Las garantías de no repetición deben incluir la revisión de los protocolos de actuación, particularmente el Protocolo Violeta, para proceder con celeridad en casos de urgencia durante la investigación, aprehensión e investigación de desapariciones de mujeres y niñas, y feminicidios; que las fiscalías cuenten con el personal, infraestructura y los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo, y que las autoridades municipales, estatales y federales encargadas de salvaguardar a los presuntos responsables cuenten con una mejor coordinación.
México cuenta con diversas leyes e instituciones creadas a lo largo de tres décadas que están destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia contra México en el Caso González y otras (Campo Algodonero) por feminicidio y violencia de género. Pese a ello, ya sea por negligencia u omisión, el andamiaje institucional no ha sido efectivo y mucho menos se aplican los protocolos establecidos, como lo demuestra lo ocurrido en Taxco.
Este tipo de irregularidades las denunció Amnistía Internacional en el informe México: Muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, publicado hace 20 años. En el documento se denuncian, entre otros aspectos, la tardanza de las autoridades para iniciar una investigación; así como un inverosímil cuestionamiento de la conducta de las víctimas, además de la indiferencia, falta de voluntad, negligencia o falta de capacidad de las autoridades para proceder con celeridad en los casos.
El 20 de septiembre de 2021 Amnistía Internacional publicó el informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México, en el que se analizan cuatro casos emblemáticos de feminicidio en los que las omisiones referidas vuelven a figurar y a las que se suman las deficientes condiciones en que suelen llevar a cabo su trabajo las fiscalías del país.
