“México tiene la responsabilidad jurídica y moral de velar por la seguridad y el bienestar de las y los migrantes menores de edad, sin importar su origen o calidad migratoria, son nuestros niños, y así lo mandata el marco legal”, expresó la diputada priista Laura Barrera Fortoul.
Al hablar a favor del Dictamen que reforma la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, destacó que era urgente adecuar nuestro marco jurídico, a fin de proteger a la infancia migrante, garantizando que el interés superior de la niñez constituya un principio rector durante los procesos administrativos a los que son sujetos.
Barrera Fortoul recalcó que desafortunadamente el Presupuesto 2021 en este rubro no está acorde a la reforma, ya que la propuesta actual prevé 200 mil pesos para su ejecución; por lo que pidió a los legisladores que los cambios sujetos a votación, no sean “ley de papel”, pues por lo menos se requeriría una partida de 40 millones de pesos para la creación y operación de Centros de Asistencia Social (CAS) y albergues especializados para atender a niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio.
Asimismo, se requiere el fortalecimiento de procuradurías de protección a nuestra niñez, principalmente en las ciudades donde se registra con mayor frecuencia esta problemática, como son: Tapachula, Tenosique, Acayucan, Saltillo y la CdMx.
Finalmente, destacó que en el 2019, las detenciones de menores migrantes y de niños no acompañados aumentó en 48 por ciento, respecto al año anterior, y en total ingresaron a nuestro país 50 mil 621 menores a estaciones migratorias, de quienes sólo buscan mejorar su calidad de vida, aunque para ello tengan que exponerse a delitos como robo, extorsión, trata, secuestro, asesinato, violación, tráfico, abuso de autoridad o bien el reclutamiento a la delincuencia organizada.
