· En México, el ingreso de las familias se sustenta principalmente en el trabajo, con un 65.7 % proveniente de empleos subordinados e independientes.
o Entre 2017 y 2024, el salario mínimo ha experimentado aumentos significativos, elevándose de 80.7 pesos a 248.9 pesos a nivel nacional y a 374.9 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.
o A pesar de estos incrementos, muchas familias aún se encuentran en situación de pobreza y no logran cubrir sus necesidades básicas.
· Si se incrementa cada año entre 10 a 15% de SM en el 2030 alcanzaría para necesidades alimentarias de las familias mexicanas.
· Además, la baja participación laboral femenina contribuye a la desigualdad de ingresos y limita el desarrollo económico del país.
o Con solo 23.6 millones de mujeres ocupadas de 52.8 millones mayores de 15 años a principios de 2023, México enfrenta uno de los niveles más bajos de participación laboral femenina en la región.
o Si las mujeres participaran en el mercado laboral en la misma proporción que los hombres, el PIB se incrementaría un 27 % aproximadamente
· Además, persisten problemas de discriminación en el acceso al trabajo.
Propuestas para lograr un mercado laboral mexicano impulse la movilidad social:
ü Aumentar anualmente el salario mínimo en un rango del 10% al 15% en términos reales. Este incremento tiene como meta que para el año 2030, el salario mínimo cubra entre el 84% y el 108% del valor de la línea de pobreza alimentaria y no alimentaria.
ü Construir un Sistema Nacional de Cuidados que brinde a las mujeres un mayor margen de elección y participación en la vida laboral y social.
ü Invertir en infraestructura para reducir el costo y mejorar la accesibilidad del transporte, facilitando así la movilidad de los trabajadores actuales y futuros.
ü Combatir la discriminación laboral en todas sus formas, con un enfoque particular en las mujeres. Las medidas incluyen:
o eliminación de la información personal (fotografía, estado civil, embarazo) en las solicitudes de empleo, la prohibición del acceso a historiales salariales para la contratación, cuotas de género en puestos directivos, transparencia salarial a nivel corporativo, y la extensión, igualdad y obligatoriedad de las licencias de maternidad y paternidad.
Promover la movilidad social y un desarrollo económico incluyente requiere necesariamente mejorar el acceso y el funcionamiento del mercado laboral.