Redacción | mayo 2025
A nivel nacional, juristas, analistas y organizaciones civiles han alzado la voz contra la reforma que plantea la elección popular de jueces en México, advirtiendo que representa un grave riesgo para la independencia judicial, la profesionalización del sistema de justicia y la separación de poderes. Sin embargo, en el Estado de México no fue necesario esperar a que esta reforma se implemente para que estas advertencias se convirtieran en realidad.
Bajo la presidencia del Magistrado Fernando Díaz Juárez, el Poder Judicial del Estado de México ha sido doblegado y transformado, en los hechos, en una dependencia funcional del Ejecutivo estatal. Su gestión al frente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ha borrado los límites institucionales, subordinando la justicia a los fines políticos del gobierno en turno.
A través de una narrativa de “justicia cercana a la gente”, Fernando Díaz ha alineado sistemáticamente al Poder Judicial con las acciones del Ejecutivo. Basta revisar su actividad pública y en redes sociales para constatar una constante: reuniones, giras, caravanas y eventos conjuntos con funcionarios del gabinete estatal, como si el Poder Judicial fuera parte del mismo equipo de gobierno.
Este tipo de declaraciones y acciones han encendido alertas entre observadores del sistema judicial, quienes advierten que la autonomía de los jueces en Edomex ha sido anulada de facto, sin necesidad de una reforma constitucional más profunda. Las acciones de Díaz Juárez reflejan un modelo de justicia subordinada al poder político, justo lo que se pretendía evitar a nivel federal con la oposición a la elección popular de jueces.
El magistrado ha sostenido reuniones con titulares de dependencias como la Secretaría de Mujeres del Estado, la Subsecretaría de Control Penitenciario y figuras clave del Congreso local, promoviendo una imagen de cooperación total, sin matices ni contrapesos. En eventos públicos, incluso ha entregado sentencias dentro de programas gubernamentales como el de Usucapión Social Itinerante, borrando cualquier distancia entre el ejercicio judicial y el aparato gubernamental.
Mientras tanto, en el debate nacional, advertían sobre la reforma para elegir jueces por voto popular sobre posibles escenarios. En el Estado de México, ese escenario ya se ha consumado, no por reforma legal ni la elección de jueces, sino por el actuar directo de su máxima autoridad judicial.
En discursos recientes, Díaz Juárez ha asegurado que se está “democratizando la justicia” en Edomex y participó activamente en foros organizados por el Instituto Electoral local, vinculando al Poder Judicial con los procesos políticos y electorales de 2025.
Para muchos, la preocupación no es únicamente lo que podría pasar con una reforma federal, sino lo que ya está ocurriendo en los estados donde el poder político ha tomado el control de la justicia sin necesidad de cambios legales ni de una elección.
