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Ningún proveedor de tecnologías debe negarse a proporcionar servicios, pese a nuevas condiciones del PANAUT

Javier Martínez Cruz, Comisando del Infoem, destacó la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información sin afectar el derecho a la protección de los datos personales.

La Constitución del Estado de México establece el derecho a las tecnologías de la información y al Internet, por ende, ningún proveedor de tecnologías pude negar dicho servicio, lo anterior ante la inminente creación del Padrón de Datos Biométricos para Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y que entre sus condiciones está el proporcionar datos biométricos para seguir contando del servicio, aseguró Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al dar la bienvenida a personal de diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Ayuntamientos, a la capacitación “Protección de Datos Personales, Clasificación de la Información e Información de Interés Público”, el Comisionado del Infoem señaló que los sujetos obligados tienen la tarea de proteger los datos personales como establece la Ley General en la materia, pues resaltó que todas las dependencias gubernamentales administran información pública, y que por sus obligaciones en materia de transparencia tienen la responsabilidad de compartirla con la ciudadanía, pero no eximiendo su obligación de proteger los datos personales que en ésta se encuentren.

En este sentido, precisó que garantizar el derecho al acceso a la información es fundamental para que la ciudadanía conozca del quehacer de sus autoridades, así como conocer información de interés público; sin embargo, esta garantía no puede transigir el derecho de un tercero, por lo que es necesario que el personal de las instancias públicas dominen los mecanismos de clasificación de la información para que ninguna ciudadana o ciudadano vea afectados sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, enfatizó que la protección de los datos personales tiene que ser una prioridad para las autoridades, pues dicha información se concentra en bases de datos de cualquier institución, tanto pública como privada. Sin embargo, la fuga de esta información puede ser perjudicial para el titular, ya que puede ser víctima de delitos graves como el robo de identidad, extorción o discriminación, lo que además atenta contra la integridad de la persona, sostuvo.

Por último, aseguró que para que aplicar correctamente la normativa, tanto en materia de acceso la información pública como en protección de datos personales, es necesario la capacitación constante a personal de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, pues son ellos quienes en primera instancia dan cumplimento al ejercicio de los derechos tutelados.