Con el paso del mes de junio es imposible ignorar que hemos llegado, día tras día, a nuevos picos de contagio a nivel nacional. El pasado 2 de junio, particularmente, se cruzó la línea que no había sucedido hasta ahora: se rebasó el conteo de muertes en un día de Estados Unidos, el país que más contagios registra, con 1092.
El panorama penitenciario, por su parte, continúa avanzando con alarmantes crecimientos en diversos estados como Puebla o Jalisco, mismos que lideran el conteo nacional en centros penitenciarios con 229 y 132, respectivamente. A su vez, otros estados que hasta el momento se habían mantenido en silencio o sin reporte, comienzan a empezar a mostrar contagios y muertes, como es el caso de Colima, con 7 contagios y un deceso o Coahuila con un contagio. Esto, por supuesto, sin contar los casos sospechosos.
Han pasado ya 79 días desde que en ASILEGAL iniciamos este esfuerzo por visibilizar la precariedad que enfrentan las personas privadas de libertad y, sobre todo, cómo esta se exacerbó y desnudó frente a la crisis sanitaria del COVID-19. A la fecha, hemos registrado 672 casos de personas contagiadas, 576 personas privadas de libertad y 96 correspondientes al personal penitenciario, es decir, en promedio se presentan 8.5 contagios por día al interior de los centros penitenciarios.
Así se ve la curva de casos acumulados de casos de contagios presentados al interior de los centros penitenciarios a nivel nacional.
Mientras que las curvas epidemiológicas en los estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19, nos hablan de los inicios de brotes de contagio en diferentes momentos de la crisis, por ejemplo, tanto para Jalisco como para el Estado de México, los primeros contagios se presentaron en una etapa temprana: a finales del mes de marzo y principios del mes de abril, respectivamente. Por otro lado, se observa un aplanamiento de la curva epidemiológica, ya que no se han presentado nuevos casos desde inicios del mes de junio, lo cual en apariencia nos habla de un control o disminución en la propagación del virus.
En tanto, en el caso del estado de Puebla, aunque los primeros casos se presentaron hasta el 20 de mayo, la curva ha ido creciendo de manera acelerada, colocando hoy en día a Puebla como la entidad con el mayor número de contagios: (229) al interior de los centros penitenciarios, 195 personas privadas de libertad y 34 casos entre el personal penitenciario.
Como el caso de Puebla, aún podemos ver brotes importantes de contagios al interior de los centros penitenciarios, incluso de aquellas entidades que a la fecha no han reportado ningún caso de contagio ni de personal penitenciario ni de personas privadas de la libertad como los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.
Las liberaciones, a su vez, han ido en un importante descenso: en los últimos 15 días se han liberado a 210 personas, mientras que el conteo total suma 3625. Si bien se empezó con el pie derecho, firmemente ubicado en reconocer que dadas las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y salubridad que imperan en los centros penitenciarios era urgente desahogar los números de población, paulatinamente hemos visto que esta intención ha disminuido.
Es por ello que parece necesario recordar que, al día de ayer, 16 de junio 2020, se cumplen 12 años de la instauración del “nuevo” sistema de justicia y 4 años de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). De haber prestado la atención necesaria a las herramientas que presenta y conforman a la LNEP no estaríamos frente al mismo panorama de peligro de contagios y muertes que atendemos actualmente. Solo por señalar tres ejemplos:
- Los 32 estados contarían con una Unidad de supervisión de beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, unidad que atacaría integralmente la gravedad del hacinamiento y sobrepoblación.
- 10,696 mujeres que actualmente están privadas de libertad tendrían mejoras dramáticas en sus condiciones de internamiento acorde a estándares internacionales y con un enfoque de género, mismas fallas que hoy en día, a la par del COVID-19, perpetúan el estado de menosprecio de derechos que sufren las mujeres en prisión.
- Finalmente, si se voltea a ver esta herramienta como la llave para atender la pandemia, el riesgo de las más de 200,000 personas privadas de libertad (así como el personal penitenciario) frente a los contagios, muertes e incidentes de violencia, sería reducido a través de liberaciones con apego a la ley y derechos humanos.
Es importante señalar que dadas las condiciones que han supuesto las autoridades de salubridad como el subsecretario Hugo López Gatell, para los centros penitenciarios el semáforo es invariablemente rojo. En el momento que llegan las recomendaciones sobre la llamada “nueva normalidad”, no deja de llamar la falta de atención y de respuestas satisfactorias de las autoridades (fuera de los reportes periódicos de la CNDH) para atender a la población privada de libertad. Es por ello que dados los presentes resultados esperamos que se pueda tener aún más información, desglosada y precisa, sobre cómo se vería un regreso a los derechos que se han negado bajo el contexto de la pandemia, especialmente lo referente a visitas presenciales, conyugales y con los defensores de las personas privadas de libertad.
ASILEGAL continúa investigando y luchando desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Recordamos e instamos a las autoridades a redoblar sus acciones y no olvidarse de las personas de quienes el Estado es responsable. La crisis del virus en el sistema penitenciario no puede regresar a la “vieja” normalidad, sino que se debe buscar instaurar con apego a la ley un nuevo horizonte penitenciario donde la reinserción social deje de ser utopía y se convierta en hecho.
