- El hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, refleja la magnitud de la violencia e impunidad que miles de personas viven en el país.
- La negligencia en la respuesta de autoridades de todos los niveles de gobierno demuestra falta de sensibilidad, diligencia y transparencia.
- Exigimos verdad y justicia. Es urgente que se garanticen acciones y mecanismos de atención e investigación independientes y transparentes, así como el recibimiento e inclusión de las familias
Ciudad de México, 21 de marzo de 2025. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) lamentamos profundamente la falta de respuestas oportunas, eficientes y cuidadosas que conduzcan al acceso a la justicia para familias buscadoras ante el hallazgo del campo de entrenamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas de este suceso, que no es aislado.
Este terrible descubrimiento es un reflejo de la grave crisis de desapariciones forzadas que enfrenta el país y de la impunidad que permite que violaciones a derechos humanos de tal envergadura sigan ocurriendo. La localización de más de 1,308 objetos personales y restos óseos calcinados en el sitio evidencia la magnitud de la violencia, así como la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado. De igual forma, es alarmante la descalificación que han sufrido las familias tras el descubrimiento y la forma en que han sido tratadas por las autoridades de todos los poderes, especialmente de las encargadas de procuración de justicia.
Este 20 de marzo colectivos de búsqueda denunciaron que fueron invitadas a recorrer el rancho sin un protocolo de actuación adecuado ni respuestas claras, lo que demuestra la insensibilidad de las autoridades al abordar esta situación. Sin mencionar que en los recorridos se reportó que toda evidencia había sido removida. El trato a las víctimas y sus acompañantes es inaceptable.
México registra actualmente más de 124,000 personas desaparecidas y no localizadas, con Jalisco como una de las entidades más afectadas en los últimos años. Sin embargo, la inacción de las autoridades y el fracaso de una política de drogas prohibicionista, acompañada de una estrategia de seguridad militarizada han profundizado esta crisis humanitaria.
Es urgente que el Gobierno federal y las autoridades locales actúen con determinación, mínima sensibilidad y transparencia para esclarecer este caso, así como otros similares reportados en estados como Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, por mencionar algunos. Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y fortalecer los mecanismos de prevención es imperativo. Instamos a la Fiscalía General de la República y al Poder Ejecutivo a reunirse con las víctimas y sus acompañantes, a garantizar la transparencia y mecanismos de observación y participación objetivos e independientes en las investigaciones; a la presidenta Sheinbaum, llamamos a escuchar la palabra y necesidades de las familias y expertos para desarrollar políticas y legislación en la materia, así como destinar los recursos necesarios y suficientes para su ejecución.
Desde MUCD expresamos nuestra solidaridad con las familias buscadoras y nos sumamos a su exigencia de verdad, justicia y reparación
