Durante seis años la empresa de camiones Copesi operó en Ciudad de México sin concesión y sin un seguro legal de daños a terceros. En 2019 una de sus unidades provocó la muerte de una mujer, sin hacerse cargo de los daños; en 2020 ese mismo autobús arrolló a un joven, que a la postre perdió una pierna. Los juicios de los dos choferes están en el limbo. Y durante la pandemia los incidentes graves en donde las víctimas son ciclistas han aumentado.
POR: SAMUEL ADAM
1 MARZO, 2021
Un camión que operó sin concesión durante años en Ciudad de México atropelló en 2019 a dos mujeres; una de ellas murió en el lugar del percance; a pesar de eso, la unidad siguió en la ruta que no tenía derecho a explotar y 14 meses después arrolló a un hombre; los daños de éste fueron la pérdida de una pierna.
La empresa “Corredor Peñón-San Isidro S.A. de C.V” (Copesi) brindó durante seis años servicio de transporte público en la Ciudad de México sin una concesión que así se lo permitiera y sin contar con un seguro de daños a terceros registrado legalmente.
El 18 de septiembre del 2019 el camión número 0012514 de esta empresa atropelló a Patricia Sánchez Guzmán y a su hija cuando el chofer no respetó el semáforo de Eje 2 y Paseo de la Reforma. Patricia perdió la vida. El chofer no ha sido juzgado y está libre.
En noviembre del 2020 el autobús y la empresa seguían operando hasta que la misma unidad de Copesi, conducida por otro chofer, atropelló al ciclista Mario Trejo, quien tras el percance perdió la pierna derecha.
Fue hasta ese mes de noviembre del año pasado cuando, luego de una batalla legal de meses, la Secretaría de Movilidad prohibió a Copesi operar. Esto en medio de manifestaciones de ciclistas pidiendo justicia por Mario y por una racha de ciclistas atropellados, hechos que aumentaron en 2020.
Una empresa sin concesión
El corredor “Peñón de los Baños- Panteón San Isidro” que va del Metro Oceanía en Venustiano Caranza a Calzada de Las Armas en Azcapotzalco fue creado en 2015 como parte de la estrategia del Gobierno del entonces Distrito Federal para sustituir microbuses por unidades más modernas y migrar de rutas a corredores urbanos.
Hasta entonces ese trayecto era uno de los ramales de la Ruta 1, una de las más grandes de la ciudad, y que concentró hasta ocho ramales.
Los operadores del ramal Calzada de las Armas-Metro Oceanía de la Ruta 1 se dividieron en dos grupos que buscaron cada uno por su lado la concesión del mismo a través de las empresas Corredor Ecológico Urbano S.A. de C. V. (Ceusa) y Corredor Peñón-San Isidro S.A. de C.V (Copesi). Semovi otorgó la concesión a Ceusa. Ante ello, Copesi se amparó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, argumentando que Semovi dio la concesión del corredor a Ceusa sin considerar su petición de participar.
En marzo de 2018 un juez de distrito –cuya sentencia está en poder de MCCI– resolvió que tanto la Secretaría de Movilidad como el Comité Adjudicador de Concesiones de CDMX debían escuchar la solicitud de Copesi y resolver si podía participar en la concesión del corredor.
Mientras, el juez solicitó a Semovi realizar las medidas necesarias para que el servicio de transporte siguiera funcionando en el corredor, pero no obligaba a que Copesi participara en él.
Según datos de Semovi, el corredor ecológico urbano moviliza diariamente a 103 mil 100 personas, que multiplicado por 5.50 pesos de tarifa por pasajero representa 567 mil 50 pesos diarios.
Operadores de Ceusa dijeron a MCCI que Copesi operaba con 40 unidades diariamente en el corredor contra alrededor de 80 de Ceusa, por lo que Copesi se habría llevado un tercio del negocio, unos 190 mil pesos diarios.
Choferes de esta ruta dijeron recibir mil 300 pesos por trabajar seis días a la semana: 217 pesos diarios. El resto -unos 4750 pesos diarios por cada camión– se lo quedan los representantes de la empresa y dueños de las unidades, que muchas veces son los mismos.
Después de que el chofer del camión 0012514 atropelló a Patricia Guzmán en 2019, el conductor permaneció solo 48 horas en el Ministerio Público, ya que un juez determinó que enfrentaría su juicio en libertad.
El camión también estuvo solo 48 horas retenido antes de que un representante de Copesi lo reclamara y pusiera de nuevo en operación.
El esposo de Patricia, Marco Antonio Valdovinos, pidió a la Semovi que se revocara el permiso al chofer que conducía y que la unidad no volviera a circular.
“Lo que me indicó el señor (Andrés) Lajous (Secretario de Movilidad de la ciudad) es que ellos (Copesi) tenían un amparo desde 2015 para seguir operando con esa calidad de impunidad”, dijo Valdovinos en entrevista.
Valdovinos acusa al entonces director General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de Semovi, Édgar Doroteo García, de operar a favor de la empresa. “Yo le entregué al señor Édgar Doroteo dos veces un escrito en el cual se lo solicitaba (que la empresa dejara de operar). En la primera me indicó que se debía de hacer un proceso administrativo. En la segunda ni siquiera se dignó a responderme. Desde el 5 de noviembre de 2019 estoy esperando que se le dé respuesta”, dice.
Antes que esa respuesta, lo que ocurrió fue un nuevo percance donde se vio involucrada la unidad 0012514. El 6 de noviembre de 2020 Mario Trejo fue atropellado por ese autobús. Y de nueva cuenta, inicialmente la compañía operadora y el chofer dejaron a la víctima sin una debida atención.
El 14 de noviembre de 2020, 8 días después del atropellamiento a Mario Trejo y luego de una serie de protestas de ciclistas por los percances, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que durante meses exploró soluciones para el conflicto entre Ceusa y Copesi, entre esas la posibilidad de fusionarlas en una sola concesión, pero que Copesi se negó.
“La demora en la resolución final respecto a la cancelación de la concesión de la empresa Corredor Peñón-San Isidro S. A. de C. V., obedece a distintos factores coyunturales, entre otros, que la quejosa participó en diversas reuniones cuya conclusión acordada fue que CEUSA y COPESI formarían una sola empresa, acuerdo que COPESI desconoció inexplicablemente ante el Juzgado”, señaló la Secretaría de Movilidad a MCCI a través de un diálogo con autoridades.
“Adicionalmente, a partir de marzo de 2020, con motivo de la pandemia por Covid-19 se suspendieron los términos judiciales por lo que se dio continuidad hasta octubre de 2020, además del desahogo de medios de defensa permitidos por la Ley interpuestos por las partes durante el juicio de amparo respectivo”, explicó la dependencia sobre la tardanza en corregir la explotación indebida de la concesión por parte de Copesi.
El 30 de octubre de 2020 (una semana antes de que Mario fuera atropellado) el Comité Adjudicador del Servicio Público Local de Transporte de Pasajeros o de Carga, constituido por la Jefatura de Gobierno y funcionarios de Movilidad, determinó que Copesi no cumplía con los criterios para que le fuera otorgada la concesión.
Sin embargo la empresa, que ya antes había evitado requerimientos de la autoridad, fue notificada de ello después del segundo atropellamiento, cuando citaron a Copesi en las oficinas de Semovi y frente a un notario público le informaron de la negativa para darle la concesión, con base en la resolución del comité de adjudicaciones. Copesi se inconformó ante esta decisión, por lo que el juicio no ha sido concluido.
Y aunque en los hechos a Copesi no se le retiró la concesión del corredor porque nunca la tuvo, la autoridad capitalina los forzó a no circular e hizo operativos para verificar que las unidades de Copesi estuvieran detenidas. Semovi aún evalúa si los choferes de esta empresa pueden ser integrados a otros corredores o rutas.
Esta no es la primera vez que una empresa irregular de transporte se ve involucrada en atropellamiento de ciclistas.
El 17 de noviembre del 2015 Monserrat Paredes, de 21 años, murió en Paseo de la Reforma después de ser atropellada por un autobús de Bicentenario RFM, empresa que tampoco tenía concesión, como detectó la defensa de Monserrat. Cinco años después su familia no ha sido compensada en forma alguna.
Sin seguro legal
Mario Trejo circulaba en su bicicleta por Eje 2 e Insurgentes el 6 de noviembre de 2020 para dejar un paquete de la mensajería Express donde trabajaba, cuando fue arrollado por el camión 0012514, que para entonces era manejado por un chofer distinto a quien atropelló a Patricia.
El camión le pasó encima a Mario rompiéndole tibia, peroné y fémur derechos. Fue trasladado al Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud de la CDMX, en el que estuvo dos semanas y donde, denunciaron familiares, hubo deficiencias en la atención.
“La concesionaria (Copesi) se hizo muy renuente a pagar. Ellos no cuentan como tal con un seguro, ellos cuentan con un mutualista, entonces la mutualista se dijo insolvente para pagar la indemnización en este momento”, señaló en entrevista Evelyn Sánchez, tía de Mario.
Organizados en redes sociales, decenas de ciclistas se manifestaron el 10 de noviembre para pedir justicia por Mario Trejo, cerrando avenida Insurgentes. Para entonces los doctores de La Villa habían anunciado que el ciclista perdería una pierna.
El camión 0012514 estaba asegurado con una mutualista de nombre “Seguros Lid- Norte A. C.”, la cual no está regulada ni reconocida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Las sociedades mutualistas de seguros registradas legalmente son esquemas que solo pueden otorgar determinados tipos de seguros y no deben tener fines de lucro para la sociedad ni para sus socios, por lo que deben cobrar solamente lo indispensable.
A su vez hay mutualidades no registradas ante la Comisión de Seguros y Fianzas que se hacen llamar asociaciones civiles y que, a menos de la mitad del precio de un seguro y sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de muerte o indemnización por daños, entre otros, pero que contemplan sumas limitadas para terceros.
En México solo hay una sociedad mutualista autorizada por la Condusef para temas de transporte: SPT Seguros, mientras que la mayoría de los concesionarios de camiones, microbuses y taxis de la capital contratan mutualidades no registradas.
La ley y el reglamento de tránsito no especifican que las mutualidades que contraten los camiones deben estar registradas en las dependencias correspondientes.
“Puede ser que algunas mutualistas quieran resolver la problemática del costo del seguro o hacer algo más a su medida; no obstante, habrá otras al margen de la ley que se aprovechan de esta situación y pudieran meter en algún problema a quien cree que está comprando una protección y que no la tiene”, dijo en entrevista Jesús Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de productos y servicios financieros de Condusef.
Luego de la rodada del 10 de noviembre, decenas de ciclistas se volvieron a manifestar tres días más tarde en el Monumento a la Revolución para exigir que el chofer de la unidad que atropelló a Mario fuera procesado y su familia indemnizada, además de pedir la renuncia del Secretario de Movilidad Andrés Lajous.
Mario fue trasladado el 20 de noviembre del Hospital General La Villa al Hospital Ángeles de la Colonia Roma.
“La idea era que el hospital lo pagara la concesionaria, pero nuevamente la concesionaria se declaró insolvente, entonces tuvimos que recurrir al gobierno central y a Semovi”, señala Evelyn Sánchez.
Luego de mes y medio internado en el hospital privado, a Mario lo dieron de alta el jueves 7 de enero, pero salió hasta un día después debido a que fue cuando Semovi logró que Copesi se hiciera cargo.
La primera audiencia en el juicio del chofer estaba programada para el 15 de enero, pero fue suspendida por la vuelta al semáforo rojo epidemiológico por Covid-19.
Y a más de un año de la muerte de Patricia Sánchez, la mutualista de Copesi tampoco ha compensado el daño a la familia de la mujer atropellada en Paseo de la Reforma, argumentando que se hará el pago hasta que haya una sentencia penal que responsabilice al chofer.
El pasado 27 de enero, la Semovi envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad para que reforme la Ley de Movilidad y obligue a los transportistas a tener una póliza de seguros con cobertura adecuada y que cumpla con lo que establece la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Hechos contra ciclistas, al alza
El 11 de noviembre, cinco días después de que Mario Trejo fue atropellado y un día después de la primera rodada para pedir justicia, el ciclista Yair Israel Sánchez Rodríguez falleció tras ser arrollado por un tráiler en la Alcaldía Iztacalco. El conductor del tráiler fue detenido cuando intentaba huir del sitio.
En 2020 el uso de la bicicleta ha tenido un incremento ante la emergencia sanitaria. Sin embargo, las muertes de ciclistas también han aumentado.
Según los reportes trimestrales de la Ciudad de México, de enero a septiembre del 2020 habían fallecido por hechos de tránsito 16 ciclistas, cinco más que en todo 2019 y a los que se deben sumar los incidentes del último trimestre de ese año.
Los hechos de tránsito con bicicletas involucradas también han aumentado de 286 reportes en todo 2019 a 347 en los primeros nueve meses del 2020.
“En México no tenemos ningún instrumento legal o marco regulatorio que establezca responsabilidades claras para prevenir hechos de tránsito. No le toca a nadie”, señala Areli Carreón, fundadora de la organización Bicitekas.
Luego de que distintos grupos de la sociedad civil empujaron durante años una reforma a la Constitución para garantizar el derecho a la movilidad, en diciembre del 2020 se aprobó en el Congreso federal y en los congresos de los estados la reforma al artículo 4 constitucional. Éste asegura el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, y da un plazo de 180 días para que se emita una nueva Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.
Cincuenta y nueve organizaciones buscan en esta ley garantizar una política de cero accidentes en la cual se delimiten responsabilidades de las autoridades de generar sistemas viales seguros y con un alto cumplimiento de la ley para garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas.
El 27 de enero, cuando la Semovi anunció la iniciativa de reforma para obligar a los concesionarios a usar seguros legales, también presumió la creación de una comisión de seguimiento interinstitucional entre varias dependencias para atender a víctimas de hechos de tránsito.
Otro de los anuncios fue el de reformas al reglamento de tránsito para endurecer sanciones a infractores, cerrar vías de acceso controlado y realizar operativos a las unidades.
El mismo día de la presentación de las medidas, ciclistas de diversos colectivos realizaron manifestaciones afuera del Antiguo Palacio de Ayuntamiento y de la Secretaría de Movilidad para manifestar su inconformidad con las políticas anunciadas porque les parecen insuficientes para garantizar la seguridad de ciclistas y peatones.
El activista Virgilio Pasotti consideró que estas medidas no se garantizan en la práctica, además de estar pensadas para después de que ocurre un hecho de tránsito y no como medidas de prevención.
“A mí para qué me sirve que pongan un área especial en la Fiscalía para atender a mis familiares cuando ya me mataron, lo que se trata es de prevenir, no de estar tapando hoyos o poner cruces”, dijo en entrevista.
“Mientras no tengamos una institucionalidad con un enfoque preventivo nos dedicaremos a levantar cadáveres, consolar a familiares de víctimas y atender protestas. Para prevenir la muerte de mil personas cada año en hechos de tránsito en #CDMX se requieren medidas efectivas”, señaló Areli Carreón en Twitter el día del anuncio.
Las manifestaciones de ciclistas no han parado y desde enero se realizan semanalmente frente a las oficinas de Secretaría de Movilidad y otros puntos. El 5 de febrero policías agredieron físicamente a ciclistas en una de estas manifestaciones, por lo que la Jefa de Gobienro Claudia Sheinbaum pidió la separación de su cargo.
El camión número 0012514 está asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad como parte de una carpeta de investigación por el delito de lesiones. La unidad está estacionada afuera de la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc.
El chofer que atropelló a Patricia ya no opera para Copesi, aunque Marco Antonio Valdovinos desconoce si es conductor con alguna otra empresa, y el chofer que atropelló a Mario no ha tenido su primera audiencia del caso.
El 14 de febrero de 2021 Ricardo, ciclista de 40 años, fue atropellado por un camión de transporte concesionado de la empresa Corredor Avenida Ocho S.A. de C.V. en avenida Izazaga. El conductor se dio a la fuga. Ricardo falleció. Semovi suspendió a la empresa 30 días de la operación de la ruta y la Secretaría de Seguridad capitalina asegura que busca al chofer.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en https://contralacorrupcion.mx/operaba-sin-permiso-mato-a-una-persona-y-14-meses-despues-volvio-a-atropellar/
