Estado de México, 11 de agosto de 2025. — El reciente informe del Mando Unificado Zona Oriente, que reporta la detención de 9 mil 729 personas y la realización de 74 mil 40 operativos en apenas cuatro meses y medio, ha encendido el debate sobre el alcance del crimen en la región y el impacto social de la creciente presencia de fuerzas del orden.
Las cifras reveladas por autoridades estatales y federales muestran un despliegue sin precedentes: un promedio de más de 500 operativos diarios en 12 municipios del Estado de México, una cifra que en la práctica significa retenes, cateos, patrullajes constantes y acciones conjuntas entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales y municipales.
Para especialistas en seguridad, este nivel de intervención refleja dos realidades: por un lado, la capacidad de coordinación de los tres órdenes de gobierno; por otro, la profundidad de los problemas delictivos que aquejan a la región oriente, históricamente afectada por homicidios, extorsiones y actividad de grupos criminales.
“El hecho de que se necesite un despliegue de esta magnitud no es un indicador de paz recuperada, sino de que la situación es lo suficientemente grave como para requerir fuerza de choque permanente”, comentó un académico en criminología consultado por este medio.
El boletín oficial destaca la captura de José Luis “N”, alias “El Crack”, identificado como generador de violencia en la zona. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la detención de líderes no siempre garantiza una reducción sostenida de la criminalidad y que, en muchos casos, puede derivar en disputas internas que elevan los niveles de violencia.
Vecinos de municipios como Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán reportan que, si bien la presencia de la fuerza pública genera sensación de resguardo, también ha modificado la dinámica cotidiana, con revisiones constantes y operativos que afectan el comercio y el transporte.
Riesgos sociales del despliegue masivo
Analistas advierten que la magnitud y permanencia de estos operativos conllevan riesgos a largo plazo:
- Normalización de la militarización: la presencia constante de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede hacer que la ciudadanía vea como normal un esquema extraordinario, debilitando el papel de las policías locales y la autoridad civil.
- Impacto económico: comercios, mercados y pequeños negocios pueden resentir la caída en ventas debido a la percepción de inseguridad y al temor de retenes o cateos.
- Desconfianza hacia la autoridad: sin transparencia y rendición de cuentas, la población podría interpretar los operativos como medidas represivas o mediáticas.
- Efecto globo del crimen: la presión en una zona puede desplazar la actividad criminal a otros municipios, provocando reacomodos violentos.
- Impacto psicológico: la exposición constante a retenes, armas largas y patrullajes genera ansiedad y estrés colectivo, especialmente en menores de edad.
- Dependencia operativa: un modelo de seguridad basado siempre en fuerzas federales y militares puede desalentar la inversión en prevención y en el fortalecimiento de las policías locales, volviéndolo insostenible en el tiempo.
El Mando Unificado Oriente —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal, y las policías locales— fue presentado como una estrategia para restaurar la paz. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo y su capacidad para reconstruir el tejido social siguen siendo puntos en discusión.
Mientras las autoridades destacan los avances operativos, el tamaño de la movilización y el número de detenciones dejan al descubierto la magnitud de un problema de seguridad que, a pesar de los esfuerzos, continúa marcando el día a día de los habitantes del oriente mexiquense.
